Los algo más de 10 millones de euros de sanción que el Gobierno canario ha impuesto a Endesa por el gran apagón de Tenerife del pasado 29 de septiembre se suman a los 24,6 con los que el Ejecutivo ha multado a la eléctrica por sucesos similares durante el último decenio, si bien los recursos presentados ante los tribunales de Justicia han rebajado los importes finalmente pagados a 3,6 millones. La compañía -al igual que Red Eléctrica (REE), operador y transportista del sistema eléctrico en el Archipiélago, para la que se propone una multa de 29,3 millones de euros- ha anunciado ya su intención de formular alegaciones al expediente sancionador iniciado por la Administración. La multa que ha propuesto el instructor del procedimiento a Endesa es la más cuantiosa de las que se han pedido contra la empresa por los diferentes 'ceros' energéticos que se han producido en el Archipiélago a lo largo de los últimos diez años.
Cerca de un millón de personas se vieron afectadas por el apagón que tuvo lugar en la isla ese domingo de final de verano -en el que reinó un tiempo espléndido- y que se prolongó durante nueve horas, desde las primeras de la tarde hasta las primeras de la noche.
El incidente que originó el apagón se produjo en la subestación de Granadilla (en el Sur de la isla), donde una avería en un transformador de tensión derivó, al deflagrar o explotar, en un cortocirtuito generalizado y en la desconexión automática y en cadena de todos los generadores, tanto los renovables como los convencionales.
La investigación desarrollada por el Gobierno autonómico ha concluido con la propuesta de algo más de 10 millones de euros de sanción para la eléctrica Endesa, que se encarga de producción eléctrica, y de los casi 30 impuestos a Red Eléctrica, que es el transportista y operador del sistema.
El del pasado septiembre fue el sexto apagón general que ha sufrido una de las islas entre 2009 y 2019, tras los tres que registró la propia Tenerife en marzo de 2009, febrero de 2010 y marzo de este mismo año y los que experimentó La Palma en abril de 2010 y en diciembre de 2013.
Por los tres sucesos en la isla tinerfeña el Gobierno impuso sanciones de 6, 3 y 6 millones de euros a Endesa, además de 600.001 a Unelco Distribución por el segundo de ellos. Por los de La Palma, la multa alcanzó los 6 y 3 millones de euros, respectivamente. En la mayoría de los casos los recursos interpuestos por la compañía ante la Justicia rebajaron el importe de la multa finalmente pagado por cada una de las interrupciones del suministro hasta los 600.001 euros.
Endesa informó el miércoles de que la Dirección General de Energía del Gobierno de Canarias, adscrita a la Consejería de Transición Ecológica, le ha notificado la resolución por la que inicia el expediente sancionador correspondiente al apagón del pasado septiembre. Al mismo tiempo, la compañía avanzó su intención de presentar alegaciones. El Ejecutivo fundamenta la apertura del proceso en la presunta comisión de dos infracciones, una tipificada como grave y otra como muy grave, conforme a la Ley del Sector Eléctrico de 2013.
Alegaciones
Pero, aunque estos sean los más llamativos, hay procedimientos abiertos contra las eléctricas que superan el importe de los correspondientes a grandes apagones. El viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, Miguel Ángel Pérez, desvela que Endesa tiene "expedientes por el que se le reclama una mayor cantidad que este [el incoado por el cero del pasado año]". Pérez destaca que las inspecciones a las instalaciones -tanto de Endesa como de REE- son frecuentes y, aunque "hay cosas que son imposibles de prever", los protocolos deben estar "claros". En esta ocasión, esos protocolos "claramente no funcionaron", como tampoco lo hizo la comunicación entre ambas compañías, y han sido estos fallos, subraya, los que han originado la apertura del expediente sancionador para las eléctricas.
"Tenemos que seguir trabajando para que no vuelva a ocurrir. No podemos correr el riesgo de estar diez horas sin suministro", advierte el viceconsejero del área del Ejecutivo que concentra las competencias en energía y medio ambiente y que apunta la necesidad de refuerzo de las infraestructuras de generación de energía. No obstante, indica Pérez, si el suceso se hubiera producido un día laborable y no un domingo, "con la industria en funcionamiento", los daños habrían sido "mucho más graves".
Las empresas tienen ahora quince días para alegar lo que consideren en su descargo, pero el procedimiento puede prolongarse después durante meses, apunta Miguel Ángel Pérez, dado que cabe la posibilidad de interponer recurso en vía administrativa y también ante los tribunales de Justicia. "Los tiempos son demasiado largos", y eso favorece a compañías que, como Endesa, señala el responsable político, disponen de gran capacidad y de recursos para litigar, mientras que los de la Administración autonómica son limitados. Con todo, el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático resalta que el Gobierno regional es "respetuoso con todo el proceso", del que "la política queda al margen".
