La central de Endesa de Granadilla, de las industrias que más contaminan del país

La empresa energética ha recibido una propuesta de sanción de 10 millones de euros por parte del Ejecutivo canario, la mayor que se le ha impuesto por este motivo en las Islas, por el apagón que sufrió Tenerife el pasado 29 de septiembre. La investigación desarrollada por los técnicos de la Consejería ha concluido que el cero energético se debió al fallo de los protocolos y a la mala comunicación entre las empresas implicadas, Endesa, que genera la electricidad, y Red Eléctrica (REE), operadora y transportista del sistema. El incidente que originó el apagón tuvo lugar en la subestación de Granadilla, donde una avería en un transformador de tensión derivó, al deflagrar o explotar, en un cortocirtuito generalizado y en la desconexión automática de los generadores, tanto renovables como térmicos.

Pese a la elevada contaminación que supone la central de Granadilla, "al menos a día de hoy existe un compromiso para intentar bajar las emisiones", indica Pérez. Así, Endesa se ha comprometido a presentar en los próximos meses "un documento de descarbonización" de esta instalación. Muchas de las centrales de la compañía, continúa el viceconsejero, son de ciclo combinado, pero funcionan con gasoil, que es "muy contaminante" y emiten dióxido de azufre (SO2) y dióxido de carbono (CO2). Los compromisos de la empresa incluyen también la utilización de ese CO2 en proyectos de I+D+i a través del Instituto Tecnológico de Canarias (ITC). El borrador de la futura ley de cambio climático de Canarias pone fecha a la descarbonización de las Islas: 2040. "Eso nos obliga a darnos mucha prisa y hacer acciones concretas ya", remarca el viceconsejero de Lucha contra el Cambio Climático, que también reconoce que Endesa ha sido "muy receptiva" a la necesidad de rebajar sus índices de emisiones a la atmósfera.

Por su parte, Red Eléctrica no genera energía, sino que ejerce como operador y transportista, por lo que es ajena al problema de las emisiones. La entidad se compromete a compensar los efectos que pueda tener sobre el entorno y la biodiversidad la ejecución de sus infraestructuras. "Tienen sus compromisos medioambientales y llevan años intentando cumplirlos, pero quizás falta mayor compromiso desde la cúpula hasta abajo de creer que la defensa de la biodiversidad, y sobre todo de las aves, tiene que ser uno de sus principales proyectos en materia de medioambiente", dice Pérez.

Expediente

El expediente sancionador incoado contra ambas eléctricas se encuentra aún en fase de propuesta de resolución y tiene por delante un camino de hasta 18 meses, aunque el Gobierno muestra su voluntad de acortar plazos, manteniendo "todas las garantías". Endesa y REE -para la que se pide una sanción de casi 30 millones de euros- disponen, desde el pasado lunes, de un plazo de quince días para presentar alegaciones. Según Endesa, el sistema de protecciones con el que cuentan sus instalaciones de generación actuó correctamente y salvaguardó la integridad de los grupos, pese a la gravedad del fallo en origen, lo que permitió iniciar las maniobras de arranque y reconexión de los grupos de producción, "atendiendo a los protocolos e indicaciones del gestor del sistema". Por ello, la empresa pedirá que se analicen con detalle los sucesos que derivaron en la incidencia.

El apagón de Tenerife del pasado septiembre fue el sexto de los que ha afectado a toda una isla en algo más de un decenio. Tenerife sufrió tres en el curso de menos de dos años (marzo de 2009 y febrero y marzo de 2010), mientras que La Palma registró dos en abril de 2010 y en diciembre de 2013. Por los tres sucesos en la isla capitalina el Gobierno impuso sanciones de 6, 3 y 6 millones de euros a Endesa, además de 600.001 a Unelco Distribución por el segundo de ellos. Por los de La Palma, la multa fue de 6 y 3 millones de euros, respectivamente. Los recursos judiciales interpuestos por la empresa dejaron la cantidad total que finalmente se pagó en 3,6 millones.