El sector de la construcción en Canarias se ha unido para proponer una batería de medidas a las administraciones que facilite la creación de 150.000 puestos de trabajo. La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (Aecp), el Colegio Oficial de Arquitectos de Gran Canaria (Coagc),el Colegio Oficial de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Las Palmas y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Canarias Orientales (Coiico) presentaban esta mañana el manifiesto que han firmado para impulsar el desarrollo económico, paralizado por el coronavirus.
Salud Gil, presidenta de Aecp, explicó que los 1.500 millones de euros anunciados por el Gobierno regional en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias podrían licitarse en un solo año, lo que supondría la creación de casi 25.000 empleos, "a los que se sumarían 26.000 más si se construyen y rehabilitan 8.000 viviendas en las Islas". De ahí saldrían 50.000 puestos de trabajo de manera directa, que se triplicarían con los que se crean de manera indirecta en otros sectores -fontanería, electricidad o decoración, entre otros-.
A pesar de que la construcción ha aguantado mejor la debacle de la pandemia, Gil recordó que la licitación de obras entre enero y abril de este año ha caído casi a la mitad con respecto a 2019, así como el número de afiliados a la Seguridad Social (-13,7%) y el de contrataciones (-43%), a la vez que aumentaba el desempleo un 29%. La presidenta de Aecp, no obstante, volvió a recordar la capacidad de generar economía de este sector, con 1,92 euros por cada euro invertido, unos 15 puestos de trabajo por cada millón de euros que se destina a obra civil y 3,3 empleos por cada vivienda o cama turística.
Trabas burocráticas
La pandemia del Covid ha supuesto un descenso en un sector que, a pesar de todo, sigue convertido en el tractor del empleo en las Islas habida cuenta de que el cero turístico comienza a abandonarse tímidamente con la llegada de los primeros turistas. La caída en los visados que realizan los arquitectos ha bajado un 20% durante el estado de alarma, aunque Vicente Boissier, decano del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, prevé que este descenso se duplique cuando termine el año.
"Esta iniciativa es el primer paso para sumar e impulsar la inversión en un momento en el que el teletrabajo ha ralentizado los permisos por la falta de práctica, por lo que es necesario reforzar su eficiencia", explicó. La idea de Boissier no es aparecer como unos depredadores, sino impulsar un desarrollo sostenible que ya lleva años ejerciéndose, con un nueva tipología de la vivienda, en particular, y de todas las obras, en general.
Si los visados han caído en una cuarta parte, peor lo han tenido los ingenieros de caminos, canales y puertos, que se han quedado a cero, tal y como reconocía su decano, Julio Rodríguez, por lo que mostró la "urgencia y la necesidad" que existen ahora mismo para realizar determinadas actuaciones que faciliten la creación de puestos de trabajo, algunos de ellos de alta cualificación. Rodríguez explicó que se trata de poner en valor al sector de la construcción en todos los ámbitos, sobre todo adaptando las actuales infraestructuras a los nuevos tiempos, así como a las nuevas exigencias que reclaman la lucha contra el cambio climático y los nuevos hábitos de movilidad.
Rodríguez pidió que se fomente la inversión pública en infraestructuras -"que aún no se ha recuperado desde hace diez años, con la última crisis"-, pues ahora mismo será el motor que reactive la economía y anime a la iniciativa privada para lo que tiene que haber voluntad política y agilidad administrativa, según afirmó.
El panorama laboral para los ingenieros industriales resulta más halagüeño, en palabras del vicedecano de este colegio, Carlos Medina, que sin embargo fue muy crítico con la falta de agilidad burocrática de la que hacen gala las distintas administraciones. "En teoría, en el año 2050 toda la producción de energía debería ser 100% renovable, pero las infraestructura para lograr esta meta no están construidas, así que no se va a conseguir", se quejó. A día de hoy, las instituciones con competencias en materia medioambiental y territorial constituyen el mayor obstáculo para las renovables, según denunció Medina, porque la normativa y los planeamientos se redactaron de espaldas a este sector, "además de que los procesos son eternos y conseguir un permiso en tiempo y forma hoy en día es imposible".
Para el vicedecano de Coiico, actualmente todos los actores están alineados -el ciudadano, el político y el empresario-, pero hay que remar en la misma dirección y conseguir varios objetivos. "En primer lugar, que la administración tome conciencia del problema, que tenga voluntad para resolverlo y, finalmente, que se deje ayudar por los colegios profesionales", concluyó Medina.
