El Gobierno, los empresarios y los sindicatos firmaron ayer en los jardines de La Moncloa el Acuerdo por la reactivación económica y el empleo. El pacto es más bien un punto de partida para negociar una salida a la crisis y, sobe todo, un gesto de unidad mirando a Europa, donde se negocia el fondo de recuperación. Sin embargo, en el decorado aparecieron grietas. Los empresarios aprovecharon sus intervenciones para criticar la subida de impuestos a rentas altas a través del IRPF , a las grandes empresas con la modificación de las Impuesto de Sociedades que el jueves anunció Pedro Sánchez en una entrevista asegurando en la misma que era una cuestión "inevitable" para el avance de la "justicia fiscal".

Esa reforma fiscal, que forma parte de los acuerdos del PSOE y Unidas Podemos y que incluiría también más tributos ambientales, no figura en el articulado del acuerdo firmado ayer.

Tanto el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, como el de Cepyme, Gerardo Cuerva, expresaron ante Pedro Sánchez su rechazo a los planes fiscales del Gobierno, ya que podrían perjudicar al crecimiento económico. Cuerva advirtió que subir los impuestos a las grandes empresas sería "un error". "La subida a las grandes empresas también repercute en las pequeñas, hay permeabilidad. La medida puede lastrar el crecimiento económico y la inversión", advirtió, añadiendo que ahora es el momento de "creer en la empresa y de apostar por ella" porque así también se apostará por el empleo.

Desde CEOE, Garamendi afirmó que los empresarios "no comparten el planteamiento fiscal" de Sánchez. "Ahora no es el momento de estos temas". Subrayó que lo que hay que hacer es combatir la economía sumergida, porque de allí saldrían "un montón de millones".

El impulso de medidas "eficaces" para aflorar la economía sumergida sí figura entre los puntos del acuerdo firmado ayer, no así la reforma fiscal. No obstante, Pedro Sánchez respondió que, para impulsar la cohesión social, es necesario llevar a cabo una reforma fiscal "que vincule la justicia fiscal con la necesaria justicia social", al tiempo que también reiteró su intención de "modernizar la legislación laboral" y lograr la sostenibilidad y suficiencia del sistema de pensiones.

El documento firmado consta de seis folios en el que se enumeran algunas medidas concretas ya acordadas anteriormente (como la prolongación de los ERTE y de la prestación por cese de actividad hasta el 30 de septiembre) o aprobadas ayer mismo por el Consejo de Ministros (como es el caso de los 50.000 millones adicionales para avales para empresas y para un fondo de rescate). El resto de puntos son líneas de trabajo sobre las que negociar, como una regulación para el teletrabajo, una mejora de la formación y la recualificación, la aprobación de un pacto por la industria, la aceleración de la "transición verde", el impuso de la digitalización o una nueva regulación de los ERTE que los afiance como elemento de flexibilidad en las crisis frente a los despidos.

El acuerdo impulsa la reincorporación a las empresas de los trabajadores en ERTE primando los ajustes de capacidad en horas de trabajo y no en empleos, al tiempo que incentiva a las empresas para que vuelvan a contratar a los temporales cuyo contrato se extinguió durante la pandemia. Asimismo, insta a desarrollar un marco adecuado de contribución compartida para los ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción de forma que se consolide como instrumento para proteger a las empresas y al empleo.

"La reactivación debe ser verde, digital e inclusiva", resumió Pedro Sánchez.

"A nadie se le oculta que este compromiso tiene una traslación externa muy relevante", señaló el secretario general de CC OO, Unai Sordo, para dejar claro el mensaje de unidad que se quería enviar a Europa de cara a la negociación del fondo de reconstrucción. "Es te acto genera expectativas y confianza", añadió Pepe Álvarez secretario general de UGT.