La inspección laboral está investigando a cerca de un millar de empresas canarias por posibles casos de fraude con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) durante la pandemia de coronavirus. Según la información suministrada por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, los inspectores están centrando sus esfuerzos en los casos en que se han detectado movimientos sospechosos de trabajadores. En concreto, en los exactamente 976 negocios que están en las Islas bajo la lupa de los funcionarios del Estado, de un total de más de 26.000 en todo el país, se han constatado contrataciones de nuevos empleados posteriores a la declaración del estado de alarma. No obstante, el número de casos seguramente se incrementará en adelante, ya que las investigaciones comenzaron hace muy poco (en mayo) y para concluir el análisis de cada expediente hacen falta, como mínimo, varias semanas.
Los ERTE están siendo fundamentales para la supervivencia de decenas de miles de empresas en toda España. Y, por tanto, también para evitar centenares de miles de despidos. Más si cabe en el Archipiélago, con diferencia la Comunidad Autónoma más duramente golpeada por el parón de la actividad turística, que representa alrededor de un 40% de su PIB. Alrededor de 30.000 negocios se han acogido a los ERTE en Canarias desde el 14 de marzo, cuando se inició la alarma nacional, la gran mayoría por causas de fuerza mayor. Este tipo de ERTE, que el Ministerio de Trabajo creó ad hoc para evitar el hundimiento del tejido productivo nacional, conlleva exenciones y/o bonificaciones en los pagos de las empresas a la Seguridad Social, amén de una serie de beneficios para los asalariados afectados. Esta es la razón de que los inspectores estén investigando, sobre todo, casos de entidades que han disfrutado o disfrutan de estas exenciones o bonificaciones en las cuotas sociales y que, paradójicamente, dieron de alta a trabajadores después de haberse decretado el estado de alarma. En definitiva, trabajadores ficticios para beneficiarse en mayor medida de los ERTE.
La casuística incluye desde asalariados en suspensión de actividad que en realidad continúan trabajando en negro en la misma empresa hasta personas contratadas en precario para sustituir a los empleados en ERTE, o también trabajadores que están en reducción de jornada pero a los que se obliga a hacer la jornada completa. O sencillamente personas a las que se pone en nómina para que cobren de las arcas públicas mientras dure el ERTE. "Las actuaciones se iniciaron en mayo, y dada la dinámica de las inspecciones (planificación, visita a la empresa, aportación y examen de la documentación laboral y de seguridad social y, en su caso, elaboración de informes y actas), se requieren varias semanas para su finalización", apuntan desde el Ministerio que dirige Yolanda Díaz. De momento, de los 976 expedientes bajo investigación en la Comunidad Autónoma, los funcionarios ya han dado carpetazo a 63, mientras que siguen tramitándose los restantes 913.
De las 976 actas de inspección, la gran mayoría, un total de 660, se levantaron a empresas de la provincia de Las Palmas, por las solamente 302 contabilizadas en la demarcación de Santa Cruz de Tenerife. Así pues, prácticamente siete de cada diez casos sospechosos de fraude con los ERTE, exactamente un 68%, se han producido en negocios de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Hay que precisar, no obstante, que en las islas periféricas orientales, Lanzarote y Fuerteventura, hay más empresas que en La Palma, La Gomera y El Hierro. En otras palabras: ese aparente desequilibrio no necesariamente implica que la bolsa de fraude sea mayor en el tejido productivo de la provincia de Las Palmas, no al menos en términos relativos.
Hay que recordar que en Canarias se han tramitado unas 32.000 solicitudes de ERTE durante la pandemia, incluidos tanto los expedientes por fuerza mayor como por causas objetivas. Aunque ese millar de probables casos fraudulentos sea una cifra considerable, lo cierto es que está por debajo de los registrados en regiones similares. En Galicia, por ejemplo, están bajo investigación 3.020 ERTE de los 36.500 que se habían solicitado al cierre de mayo, un 8% de los casos frente al 3% en el Archipiélago.
El que avisa no es traidor
La ministra de Trabajo ya avisó desde el mismo instante en que se pusieron en práctica los ERTE por fuerza mayor que se vigilarían de cerca los posibles fraudes al sistema. No en vano, las exenciones y bonificaciones tributarias y las prestaciones a los trabajadores afectados le están costando al erario cerca de 340 millones de euros al mes solo en el Archipiélago. Díaz también avisó entonces que al Ministerio no le temblaría el pulso llegado el momento de imponer sanciones, de ahí que pidiera a los empresarios que fueran respetuosos. Dicho y hecho, las inspecciones de oficio se han incrementado desde finales de mayo y continuarán en las próximas semanas y meses. En las notificaciones que están recibiendo las empresas afectadas se especifica que la investigación está relacionada con los ERTE vinculados al coronavirus. Las multas por este tipo de fraude pueden llegar a 187.515 euros, al margen, claro está, de la devolución de las cantidades defraudadas. Las 976 entidades sospechosas en el Archipiélago se enfrentan así a sanciones que, en conjunto, podrían sumar hasta 183 millones de euros.
Para dar con movimientos sospechosos de trabajadores en empresas en ERTE, los inspectores cruzan datos con la Seguridad Social, y así descubren a esos empleados contratados tras declararse el estado de alarma y poco antes de que la empresa se acogiera al expediente de regulación. Estos asalariados pasan del alta en la Seguridad Social a la suspensión de empleo sin solución de continuidad; son así contrataciones ficticias, en muchos casos de familiares de los propietarios, para cobrar ilegalmente el paro. También, y gracias al rastreo informático, se han detectado convenios temporales extinguidos en los meses de alarma nacional por finalización de contrato pese a que habían superado la duración máxima, con lo que debieron convertirse en indefinidos. E incluso hay casos en los que se sospecha que la actividad empresarial continuó sin más a pesar del ERTE. Hay que tener en cuenta que no ha quedado más remedio que indagar la legalidad de muchos expedientes a posteriori, es decir, una vez aprobados y en marcha, ya que de lo que se trataba era de evitar una sucesión de cierres y despidos sin precedentes. Dicho de otro modo: la excepcionalidad de la coyuntura que ha abierto el coronavirus obligó al Estado a poner en práctica los ERTE por fuerza mayor a toda prisa. No quedó así más remedio que asumir que habría una inevitable bolsa de fraude, de ahí la insistencia de Yolanda Díaz en pedir responsabilidad a los empresarios en el uso de esta herramienta.
