La caída que experimentaron el año pasado los concursos de obra pública en Canarias tiene una causa: el descenso de la aportación de las corporaciones locales -cabildos y ayuntamientos- y del Estado. El incremento de las cantidades licitadas por la Comunidad Autónoma no fue suficiente para mitigar ese descenso. En el caso de la Administración estatal, el retroceso fue el quinto en magnitud de todo el país, un 31,4% menos en relación a 2018.
La disminución de las licitaciones durante 2019 rompe una tendencia de siete años consecutivos de aumento, iniciada cuando empezaba a perfilarse la recuperación tras la anterior crisis económica, derivada del crac inmobiliario de finales de la primera década del siglo. La situación, sin embargo, no es la misma en ambas provincias: mientras que en la de Santa Cruz de Tenerife se produce una apreciable subida (un 60,6% más), la de Las Palmas presenta una caída muy significativa (-48,4%). Con todo, y como han advertido los empresarios del sector de la construcción en las Islas, el alza de la demarcación occidental es atribuible, en gran medida, a la salida a concurso del cierre del Anillo Insular de Tenerife por el sur, un proyecto cuyos plazos de ejecución se prolongarán durante varias anualidades.
La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), que agrupa a las principales firmas del país, ha publicado recientemente la estadística sobre licitación regional de 2019, que completa y afina la difundida a comienzos del año, en la que se detectaba un descenso en el importe destinado a concursos públicos de infraestructura y edificación, pero que no analizaba al detalle de la contribución de cada una de las administraciones. Los nuevos datos revelan el desplome de la licitación del Estado, que se queda en casi 133,1 millones de euros, y también de las instituciones locales, que, pese a ser la más abultada, declina un 17% hasta quedarse en 412,6 millones. En cambio, el Gobierno canario las elevó un 27%, hasta los 389,16 millones.
La aportación estatal a la obra pública se incrementó un 17,4% en el conjunto de España y solo se redujo en seis comunidades autónomas. En cuatro de ellas bajó más que en Canarias (Navarra, un 95,8%; La Rioja, un 84,4%; Andalucía, un 50,7%; y Comunidad Valenciana, un 35,8%). Solo en Galicia (10,3%) disminuyó en menor proporción. En el otro extremo, Baleares y Asturias disfrutaron de aumentos superiores al 300%.
Bajón local
Los concursos públicos de las entidades locales, por su parte, cayeron en la mayor parte del país. El retroceso medio fue del 16,3%, mientras que el de Canarias se situó ligeramente por encima (17%). En trece regiones -además de en las ciudades autónomas- bajó la aportación de estas administraciones. Lo hizo en Cantabria y Asturias, con variaciones negativas cercanas al 60%. De entre las cuatro comunidades en las que subió destaca Aragón, con más del 38%.
Las licitaciones de los gobiernos autonómicos experimentaron, en conjunto, un ascenso del 43,7% en 2019. Solo seis ejecutivos regionales rebajaron las cuantías que sacaron a concurso. El 27% de Canarias es el octavo incremento del país. La Diputación de Navarra, con un aumento muy cercano al 150%, fue la administración autonómica que más ampliaron los importes de sus licitaciones en relación a 2018. Por contra, el Gobierno asturiano fue el que más los redujo, un 53,9%.
Las tres administraciones -estatal, autonómica y local- licitaron el año pasado obra públicaç en Canarias por 934,88 millones, cantidad inferior en un 6,3% a la que se registró en 2018, alrededor de 63 millones menos. La mayor parte de este montante -661,51 millones- está destinado a obra civil (infraestructuras); el resto -273,37 millones-, a edificación.
