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El Oliva Beach duerme al raso

Doce trabajadores del hotel pernocta frente a la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias - Exigen el permiso para reformar el inmueble y mantener así sus puestos

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Protestas del personal de RIU Oliva Beach

Casi una veintena de trabajadores del hotel Oliva Beach se trasladaron ayer hasta la capital grancanaria para instar al presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, a exigir a Madrid celeridad en la resolución del expediente de remodelación del inmueble. Están en juego 400 puestos de trabajo. El último documento exigido por el Ministerio para la Transición Ecológica está desde el lunes sobre la mesa de la Subdirección General de Dominio Público. Una docena de empleados pernoctó frente a la sede de la Presidencia del Gobierno Canario a la espera de una respuesta definitiva.

Un expediente encallado desde hace dos años y al que no le faltan detractores entre los colectivos ecologistas, que no ven con buenos ojos la ampliación de unas instalaciones erigidas sobre el paraje natural de las Dunas de Corralejo. Encontronazo entre los conservacionistas, que exigen la preservación de la zona, y la empresa, trabajadores incluidos.

Sin cita previa, una representación de estos últimos, apoyados por afiliados de la Unión General de Trabajadores (UGT) e Intersindical Canaria (IC) se presentó ayer en la sede de Presidencia de Las Palmas de Gran Canaria. Torres recibió a una delegación, integrada por cinco miembros de la plantilla. Solicitaron al presidente que incremente su presión sobre Madrid para poder retornar a Fuerteventura con la noticia de que las obras se llevarán a cabo y sus puestos de trabajo están a salvo.

Los intentos sobre la marcha del jefe del Ejecutivo canario resultaron vanos, por lo que una docena de los 19 empleados que se desplazaron hasta Las Palmas de Gran Canaria decidió pasar la noche en los bancos de la plaza del Doctor Rafael O'Shanahan. "Nos dijeron que retornáramos a nuestra isla, pero preferimos aguardar aquí y meternos en el avión con la buena noticia", explicó ayer el presidente del comité de empresa, Adrián Fernández.

Esa buena nueva a la que aludió el representante de los trabajadores es la autorización a la cadena RIU para que acometa unas obras de remodelación que elevará de tres a cuatro estrellas la categoría del hotel. Según la empresa, eso supondría la contratación de otros 50 empleados. "Hemos paralizados inversiones en otras partes del mundo por esta crisis, pero las de Canarias se mantienen intactas", resaltó ayer la representante en el Archipiélago del emporio hotelero balear, Águeda Borges.

Desplazamiento responsable

Desplazamiento responsableHace unos meses fueron más de dos centenares los sindicalistas, con gran parte de la plantilla del hotel al frente, los que se congregaron frente a la sede de la Delegación del Gobierno central en el Archipiélago. "En esta ocasión, pensamos que era más responsable un desplazamiento menos numerosos para no interferir con las normas de prevención", expuso Fernández.

El último papel que exigió el Ministerio para la Transición Ecológica es el consentimiento de las 18 personas físicas y jurídicas que, además de la empresa, figuran como propietarias de la parcela. La reunión para tratar el asunto estaba convocada para el 20 de marzo "y hubo que posponerla", relató Borges.

La nueva fecha, 24 de abril, también fue laminada por las circunstancias sanitarias, lo que se "puso en conocimiento del ministerio", continuó la representante de RIU. Incluso, se recurrió a solicitar una "resolución anticipada" a la Subdirección General de Dominio Público, añadió Águeda Borges, pero no se estimó. La pasada semana, por fin, se logró formalizar la cuestión en presencia de la notaria de Corralejo. Ese es el último de los documentos que conforman el legajo que tiene sobre la mesa el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.

Desde hace prácticamente un año, RIU ha manifestado que mantendrá las instalaciones abiertas solo en el caso de que se puedan realizar las obras de mejora. "Más en la actual situación", detalló Águeda Borges en relación a las difíciles circunstancias a las que se enfrenta, como la práctica totalidad del tejido productivo, el sector alojativo.

El umbral de rentabilidad de los grandes hoteles solo se alcanza a partir de niveles de ocupación del 70%. La lenta reactivación de la demanda de alojamiento está aún muy lejos de esos valores en las Islas. "Abrimos porque es necesario para comenzar a recuperar clientes", explicó la representante de RIU en las Islas. Ahora bien, rechazó hacerlo "con tarifas ridículas", las que, en su opinión sería posible cobrar en el Oliva Beach en sus actuales circunstancias. Solo "una gran reforma" permitirá hacerlo competitivo, según la empresa.

Las obras de remodelación durarán alrededor de seis meses y generarán una demanda de mano de obra de cerca de "un millar de trabajadores. El norte de Fuerteventura es de las zonas que más se han visto afectadas por la crisis, con lo que ese nivel de contratación supondría un balón de oxígeno", expuso Adrián Fernández.

Eso sin contar con el efecto arrastre de unas obras de esa envergadura, "contratación de alojamiento para los trabajadores o arquitectos que haya que desplazar, espacios para almacenar el mobiliario aprovechable, materiales...", enumeró Águeda Borges.

La preocupación ahora es que se alcance agosto sin una decisión. De hecho, desde la cadena RIU han expuesto a Costas la necesidad de no entrar sin respuesta en el mes en que tradicionalmente más paralizada queda la Administración Pública. Para sustentar esa demanda, han destacado la dilación que ya ha sufrido el expediente.

La interinidad del Gobierno central durante más de medio año -fueron necesarios dos procesos electorales para gestar uno nuevo- no jugó a favor de esta tramitación. El pasado verano, cuando estalló la polémica, desde el ministerio se aludió a la falta de un informe de la Abogacía del Estado, solicitado por la Dirección General de Costas, en torno a la pertinencia o no de paralizar la reforma del edificio.

La resolución del órgano jurídico llegó en febrero y vino a dar la razón a RIU. Entonces habían pasado ya más de dos años desde la presentación de la solicitud para la reforma. Descartada la suspensión, los letrados estatales sí señalaron que podía realizarse una revisión de la concesión emitida a favor de la sociedad Geafond (Grupo RIU), para excluir 20 de los 432 apartamentos del complejo. Este es el último paso que ahora se está dando y de él están muy pendientes 400 familias de Fuerteventura.

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