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Trabajo detecta irregularidades en 4 de cada 10 contratos examinados en las Islas

Las sanciones impuestas como consecuencia de esta actuación especial sumaron 750.000 euros que tuvieron que afrontar las empresas a las que se abrieron actas de infracción

Trabajo detecta irregularidades en 4 de cada 10 contratos examinados en las Islas

La campaña extraordinaria que la Inspección de Trabajo realizó en Canarias a finales del pasado año detectó irregularidades en alrededor de cuatro de cada diez contratos analizados. Las sanciones impuestas como consecuencia de esta actuación especial -que cada ejercicio desarrollan conjuntamente el Gobierno regional y el Estado- sumaron 750.000 euros que tuvieron que afrontar las empresas a las que se abrieron actas de infracción.

Los datos fueron expuestos ayer en la comisión de Economía del Parlamento canario por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Ejecutivo autonómico, Elena Máñez, quien contestó a la pregunta formulada por la diputada del grupo nacionalista canario (CC-PNC) Cristina Valido, que desempeñó la titularidad del departamento en materia laboral durante la anterior legislatura. Máñez destacó la "gran labor" de la Inspección de Trabajo, no solo durante la campaña extraordinaria -que en 2019 se llevó a cabo entre comienzos de noviembre y mediados de diciembre-, sino también en las acciones incluidas en su plan anual.

La alta proporción de irregularidades encontradas en los contratos inspeccionados -entre el 41% y el 45% de 7.240, detalló la consejera- tiene una explicación: en la campaña especial los inspectores suelen cursar visitas a empresas de las que tienen la sospecha de que pueden incurrir en este tipo de prácticas, normalmente porque son reincidentes. En esta ocasión las actuaciones realizadas por los efectivos de Inspección ascendieron a 3.593 y beneficiaron a más de 3.000 trabajadores. A los vínculos laborales en los que se detectaron irregularidades hay que sumar otros 182 que directamente no existían, puesto que quienes ejercían el empleo carecían de contrato. Entre estos últimos casos había siete extranjeros sin permiso de trabajo, doce desempleados que compatibilizaban el cobro de la prestación con la actividad laboral y 163 trabajadores a los que su empresa no había dado de alta en la Seguridad Social.

La actuación inspectora permitió, además, transformar en indefinidos 2.602 contratos temporales, la mayoría de los cuales correspondía a mujeres (1.322, frente a 1.280 hombres). En otros 399 se incrementó la duración de la jornada, puesto que eran contratos a tiempo parcial en los que la jornada efectivamente trabajada era superior a la reflejada en el contrato o incluso era en realidad a tiempo completo.

Las 221 infracciones tramitadas durante la campaña extraordinaria de la Inspección de Trabajo se han traducido en la imposición de sanciones por 745.000 euros. Los inspectores, finalmente, cursaron 868 requerimientos a las empresas a las que visitaron en el algo menos de mes y medio durante el que se prolongó esta iniciativa, que comenzó a llevarse a cabo en 2016.

La consejera resaltó el "problema estructural" que suponen el fraude laboral en las Islas y, en concreto, la economía sumergida. Para combatir este último fenómeno, su departamento ha convocado subvenciones por importe de 200.000 euros y ha lanzado incentivos dirigidos a promover la contratación de empleadas del hogar, una actividad, advirtió, en el que la economía irregular tiene una presencia significativa.

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