La nueva propuesta de Hacienda a los ayuntamientos -5.000 millones de los Presupuestos Generales del Estado - busca seducir a los alcaldes que este lunes la votarán en el seno de la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) pero, sobre todo, mira a IU-Podemos, el más proclive a suscribir el texto.

La oferta del Gobierno para que los ayuntamientos puedan reinvertir sus remanentes (la cuarta, después de meses de negociación) cuenta, de momento, con el visto bueno de los socialistas que ven mejorado el documento anterior mientras que para IU-Podemos, cuyo voto podría salvar el acuerdo, supone "un gesto" que puede sentar las bases del nuevo plan de reinversión del superávit.

No es esta la opinión del resto de los grupos con representación en la Junta de Gobierno de la FEMP. La oferta de los 5.000 millones no convence a PP y Cs que explican que ese dinero se repartirá sólo entre los ayuntamientos con remanentes, por lo que abandona a su suerte a las entidades en peor situación económica.

La propuesta ha llegado este viernes por sorpresa a la FEMP que ha aplazado al lunes, ante la falta de apoyos, la Junta de Gobierno extraordinaria que preveía votar hoy la oferta de Hacienda sobre el superávit y que ahora -enmendada- se negociará durante el fin de semana.

En declaraciones a Efe, el portavoz del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que la oferta del Gobierno es "un nuevo cheque" de Pedro Sánchez para conseguir votos.

Mientras que para el alcalde de Granada, Luis Salvador, representante de Cs en la Junta de Gobierno de la FEMP, la nueva propuesta sigue sin incorporar "el mayor punto de desencuentro" y es que deja en un "plano de desigualdad y totalmente desatendidos a los ayuntamientos sin remanentes ni superávit", creando ciudadanos de primera y de segunda.

Azcón ha pedido a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que "deje de reirse de los ciudadanos planteando borradores de acuerdo que suponen un saqueo a las arcas de los ayuntamientos y a las diputaciones"

También el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, ha advertido de que "si Montero no se apea de su intención de expropiar el dinero de los ciudadanos, el PP seguirá denunciándolo en todos los plenos de los ayuntamientos, así como en las diputaciones, cabildos y consejos insulares".

Desde la FEMP, el presidente y alcalde socialista, Abel Caballero, que ha negociado en primera persona con la ministra Montero, ha puesto en valor el nuevo documento y ha considerado que supone "un cambio sustancial a mejor" y un reconocimiento al esfuerzo de los ayuntamientos.

El alcalde socialista ha explicado que la nueva oferta inyecta 5.000 millones de euros de los presupuestos a los ayuntamientos que voluntariamente transfieran al Estado sus remanentes.

El cien por cien del dinero transferido les será devuelto gradualmente en diez años, a partir de 2022, con lo que, según Caballero, al final los regidores recibirían el 135 por ciento del superávit que acumulan.

Según el alcalde socialista, la entrega de los remanentes al Estado es la única fórmula jurídica para "soslayar una ley nefasta de 2012" que no permite a los ayuntamientos usar sus ahorros sin incurrir en déficit.

Además, ha aplaudido que el resto del documento mantengan la suspensión de la regla de gasto en 2020, las entregas a cuenta y la liquidación de 2018 (que ascienden a 600 millones favorables a los ayuntamientos) y añade 275 millones para cubrir el déficit del transporte público, ampliable hasta 400 millones.

Caballero ha añadido que el documento hace a los ayuntamientos partícipes de recibir los fondos europeos y se compromete a la reforma de la financiación local al tiempo que la autonómica y prevé ampliar las competencias municipales a lo largo de esta legislatura.