Un documento interno del Gobierno de Canarias advierte a Reino Unido de que su decisión de aplicar una cuarentena a los turistas que visiten cualquier lugar de España pone en jaque a casi el 2% del producto interior bruto (PIB) británico y amenaza a cerca de 221.000 puestos de trabajo. La colección de argumentos para intentar que Londres exima a las Islas de esta restricción incluye también la ínfima incidencia que la pandemia tiene en el Archipiélago en comparación con la que tiene en Gran Bretaña y la notable disposición de medios sanitarios y de rastreo de cara a atajar cualquier indeseado repunte.

No solo la economía canaria padece el golpe de la sorpresiva decisión adoptada hace una semana por el premier Boris Johnson. Desde luego lo hace en mayor medida y no lo esconde. La Consejería de Turismo, Industria y Comercio del Ejecutivo autonómico, que dirige Yaiza Castilla, sabe que la pérdida total del mercado británico, supuesto que nadie contempla, equivale a una reducción directa de más de diez puntos del PIB regional.

Desde que hace cuatro años triunfó el brexit, los responsables turísticos canarios han trabajado por la diversificación. El desplome de la libra, que perdió un 15% de su valor en los días posteriores al referéndum, hizo temer una menor disposición de los británicos a salir de vacaciones. Los hechos demostraron lo contrario. Ese mismo año la presencia de visitantes llegados desde Reino Unido se incrementó un 17% y volvió a crecer en 2017. Solo la pérdida de conectividad por las quiebras de la aerolínea Monarch, primero, y el turoperador Thomas Cook, hace menos de un año, hicieron retroceder al principal mercado.

De los 15,1 millones de turistas que recibieron las Islas, 4,94 millones eran británicos, tres de cada diez. La proporción se eleva hasta el 37% si se toman solo los visitantes internacionales (13,1 millones en total). Ese tamaño hace impensable que se pueda sustituir completamente por cualquier otro y la cuestión se complica aún más en un contexto como el actual, en el que los potenciales clientes, con independencia de cuál sea su nacionalidad, nadan en un océano de incertidumbres.

Las cancelaciones durante la pasada semana han sido la nota predominante, por lo que el daño a la principal industria canaria resulta del todo innegable. Sin embargo, el Ejecutivo del socialista Ángel Víctor Torres sabe que el golpe, aunque desigual, es recíproco. Lo revela el impacto que la decisión ha tenido en la City londinense, con fuertes caídas en bolsa de las aerolíneas y los turoperadores cotizados. Se trata de sectores que atraviesan una crisis estructural que dura ya más de tres años y que ha eliminado del mercado a grandes compañías como la mencionada Thomas Cook. Es decir, la decisión de Downing Street es una intensa lluvia sobre un piso completamente anegado.

En la XXI Conferencia de Presidentes celebrada el viernes en San Millán de la Cogolla (La Rioja), el presidente Torres volvió a poner sobre la mesa una demanda que la Administración canaria hizo suya desde el mismo momento en que se decretó el estado de alarma. Las pruebas PCR en origen y destino -al regresar- para despejar cualquier duda. Algo que empieza a tornarse una necesidad si, como apuntó la ministra de Educación, Isabel Celaá, puede haber un objetivo económico tras la decisión del Gobierno británico.

La práctica totalidad de los países están animando a sus ciudadanos a permanecer este verano dentro de las lindes estatales y, por tanto, concretar el gasto turístico de puertas adentro. En el caso de Gran Bretaña, y siempre partiendo de la teoría de la ministra, se trataría de arrebatar a sus ciudadanos, Morro Jable, Los Cristianos o Maspalomas, por ejemplo, a cambio de Brighton; con el bien ganado y merecido respeto que se debe al sur del Reino Unido.

Realizar esos test a los turistas aleja cualquier posibilidad de intervencionismo desde el plano político en busca de un viento favorable que deje en la economía doméstica el gasto que estaba previsto realizar en otro punto como puede ser el Archipiélago. Sobre todo, destierra los problemas sobrevenidos que estos días soporta el ya de por sí golpeado sector alojativo canario. El 40% del empleo de las Islas depende del turismo.

La irrupción de factores de desestabilización como esta cuarentena obligada no deja capacidad de reacción a los hoteleros. Los planes están dibujados con el tiempo necesario para su aplicación. Un ejemplo, ayer reabrió el primer hotel de la cadena Gloria Thalasso & Hotels. El primer día de agosto estaba marcado en rojo en el calendario y se mantuvo.

Sin tiempo para lamentar

El golpe ha dolido al empresariado, pero casi no queda tiempo para lamentarse. Es una mala noticia más que sumar a las que se acumulan desde que la pandemia se hizo global y nos obligó a todos a encerrarnos en casa. Cuesta dinero, mucho, y las cuentas no pueden soportar más golpes en unas heridas que están abiertas y lejos de sanar.

Los contactos se multiplican, hay mucho en juego y la esperanza decrece ante la sinrazón que ha dado en colocar el cartel de peligro a un destino que ha conseguido resultados mucho más exitosos en la lucha contra la enfermedad que el país que decide y aplica el castigo.

En la foto fija del pasado jueves, el Archipiélago acumulaba 2.627 casos, lo que equivale a 1,2 infectados -en algún momento, la gran mayoría ya sanos- por cada mil habitantes. Los números de Reino Unido son de 301.455 afectados y una tasa de 4,5 por mil. Si se atiende a los casos que permanecían activos ese día, eran 143 en Canarias y 8.291 en Gran Bretaña o, lo que es lo mismo, 6,5 isleños por cada cien mil y 12,2 por cada británico; casi el doble.

A pesar de los números, ese mismo día el ministro de Sanidad Matt Hancock aseguró en la BBC que no se prevén cambios "inminentes" en la decisión comunicada cinco días antes por su primer ministro y que calificó como "esencialmente científica". ¿Ciencia que no atiende a los datos? Y la parte que no es científica, la ajena al esencialmente que pronunció, ¿de qué índole es? ¿Hay una partida distinta jugándose bajo la mesa? El proceder, alejado de la realidad de la evolución del Covid-19 en Canarias, da cabida a estas y otras grandes incógnitas, conspiranoicas o no.

Los que no mienten son los números, que desvelan que es más probable -en la acepción más matemática del término- que un inglés, escocés, galés o norirlandés traiga el coronavirus consigo a que lo contraiga aquí y se lo lleve de vuelta a casa. En cualquier caso, ninguna decisión escasamente fundamentada resiste la revisión del VAR. Es decir, hacer los test, y más si se realizan con cargo a la Unión Europea (UE) como propone Ángel Víctor Torres, evita la tentación de dirigir los ahorros y el tiempo de los ciudadanos en una u otra dirección.

El presidente canario aún es optimista de cara a que Downing Street dé marcha atrás en parte y mantenga alejadas a las Islas del alcance de sus decisiones. Será buena noticia, a pesar de que llegue tarde. El turoperador TUI, actor claramente dominante en el sector tras la quiebra de Thomas Cook, ha echado el freno de mano y no piensa desbloquearlo hasta el próximo 10 de agosto, fecha señalada por Boris Johnson para la revisión de la cuarentena obligatoria. Las conexiones con Canarias de TUI están totalmente suspendidas.

No es el único gran movimiento, lógico desde el punto de vista de las empresas y nocivo para los intereses del Archipiélago. La aerolínea Jet2 era un actor secundario hace solo un par de años. Sin embargo, las quiebras de competidores y la decisión de Ryanair de deshacer posiciones en las Islas la han colocado como la joya de la corona. Pues bien, esta compañía aérea británica ha tomado 30.000 plazas que había previsto para conectar Reino Unido y Canarias durante la actual temporada estival y las ha sumado a la oferta para llevar clientes a Grecia y Turquía.

El problema es doble. Por una parte, había un número de llegadas previstas que ahora se ve reducido y eso tiene consecuencias económicas. Las dos patronales canarias aportaron esta semana sus previsiones para el presente ejercicio. La de Las Palmas -Confederación Canaria de Empresarios (CCE)- estimó una caída del 18% del PIB. Eso sin descontar el varapalo de la cuarentena británica. Este factor sí lo incluyó el viernes la de Santa Cruz de Tenerife -CEOE-Tenerife-, que reveló la posible destrucción de hasta la cuarta parte (25%) de la economía canaria.

El otro obstáculo que se genera es la incógnita añadida de si los viajeros británicos que ahora se desvían hacia otros destinos de manera obligada y sobrevenida, volverán a colocar al Archipiélago entre sus preferencias cuando la razón retome su cauce. Castilla y su equipo ya han puesto en marcha una campaña para atraerlos.