La cuarta parte (26,5%) de los 225.900 parados que hay en Canarias, según la Encuesta de Población Activa (EPA) correspondiente al segundo trimestre de 2020, cesó en su último empleo hace al menos dos años. El número de ciudadanos que se encuentra en esta situación ha disminuido en los dos últimos ejercicios, pero la suma triplica a la que existía al inicio de la crisis de 2008.
Hace doce años, 20.100 isleños eran parados de larga duración, hoy son 59.900. "Sobre todo a partir de los 45 años es muy difícil salir del paro una vez que se entra", señala el responsables de Política Institucional de UGT-Canarias, Pedro Martínez. Los números avalan su afirmación. Además, como ocurre en general con el desempleo, el género se castiga: "El 60,3% del total de parados de larga duración son mujeres", revela la secretaria de Acción Sindical de CCOO-Canarias, Esther Martín.
Las carencias formativas están en el origen de muchos de estos casos. La experiencia no cotiza al alza en el presente tecnológico, en el que desatender el continuo reciclaje significa restar todo el valor al porfolio individual de aptitudes. El cero desde el que empezar en caso de despido ha cambiado de ubicación y abundan las situaciones en las que los trabajadores tienen vedado el acceso a ese punto de partida.
Las administraciones conocen el problema y sería injusto no reconocer que el trabajo que desarrollan para arreglarlo ha funcionado. Retornemos a ese 2008 en el que las vacas del dicho se quedaron repentinamente escuálidas más que flacas. El desempleo comenzó a incrementarse por todo el país sin detenerse en géneros, edades ni ningún otro factor diferenciador. Hubo que esperar casi cinco años para poder documentar una mejoría.
Distinto ritmo
¿Qué ocurrió con los parados de larga duración? No siguieron el compás de la lenta recuperación y su número continuó creciendo hasta el primer trimestre de 2015, en el que se contabilizaron 179.500 canarios en esta situación. Los gobiernos tomaron conciencia de la necesidad de rescatar a un importante grupo de población que se quedó en casa de la noche a la mañana y no encontraba el modo de volver a tener que poner el despertador para defender un puesto de trabajo.
En medio de esta mejora dentro de la gravedad ha irrumpido el parón económico por la pandemia global de Covid-19. "Es muy difícil valorar en este momento la realidad del mercado laboral", advierte Pedro Martín. Más de 114.000 canarios están aún afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) y el ritmo de reincorporación a los puestos de trabajo en el Archipiélago está a una distancia de 20 puntos de la media estatal.
Es seguro que no llegan buenas noticias para el empleo y si es así en general, también los parados de larga duración lo tendrán aún más complicado. Sin cifras aún para poder valorar en toda su extensión el tamaño del golpe, es seguro que su número ha crecido desde que se declaró el estado de alarma. Bajar la palanca de la actividad productiva como ha habido que hacer "frena el desarrollo laboral", señala el responsable de Política Institucional de UGT-Canarias.
Desde hace años, las políticas para este segmento de desempleados se han hecho un hueco importante en todos los niveles de la Administración. Esta misma semana, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, firmó junto al presidente autonómico, Ángel Víctor Torres, el Plan Integral de Empleo para Canarias (PIEC) correspondiente a este año. Está dotado con 42 millones de euros y 27,3 de ellos atenderán de uno u otro modo a este colectivo que, además, "tiene prioridad" en el resto de políticas de empleo, explica la directora del Servicio de Empleo Canario (SEC), Dunnia Rodríguez.
La secretaria de Acción Sindical de CCOO-Canarias estima que todos los recursos son pocos para intentar devolver a estos 59.900 canarios a la situación de activos. Además del PIEC, considera necesario sumar cuantos planes específicos sea posible, "incluso el Plan de Empleo Turístico tiene que servir", subraya.
¿Qué ocurre cuando se detecta la presencia de un parado de larga duración? La directora del SCE diferencia tres niveles de actuación. En el primero de ellos se aborda "la orientación, es fundamental que pasen por ahí", expone. Es el momento de detectar el nivel de empleabilidad, es decir, la capacitación con la que cuenta. En ese escalón se establece si el siguiente paso debe ser la formación o brindarle "una atención personalizada", en definición de Rodríguez.
En esta labor participan universidades, cabildos o agentes sociales, entre otros, para conformar lo que la directora del SCE llama "una red de empleabilidad amplia". También podría darse el caso de que el ciudadano atendido cuente con la formación necesaria para cubrir alguna de las oportunidades de empleo que se derivan de todas estas políticas. Este año se dotaron programas por valor de nueve millones de euros y se beneficiaron de ellos 1.400 personas. No obstante, los casos más abundantes, y pasar dos años buscando un puesto de trabajo sin éxito da una pista, son aquellos en los que es necesario formarse antes de firmar un contrato.
¿Qué resultados aportan estas iniciativas? Dunnia Rodríguez detalla que el 37% de las personas que buscan empleo desde hace al menos dos años y pasaron por el SCE en 2019 "tenían trabajo a los seis meses. A los doce, ya era el 52,6%", más de la mitad.
El sistema creado para ayudarles a encontrar trabajo espera este año a 42.600 de ellos: 27.500 pasarán por el servicio de orientación, 9.500 recibirán formación y 5.600 trabajarán en las labores que les encomienden ayuntamientos y cabildos.
