Hace poco más de un año que la Sareb (Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria) dio un paso más allá de la misión que se le encomendó -hacerse cargo de los inmuebles tóxicos que lastraban los balances de las entidades financieras y ponían en riesgo su supervivencia tras el estallido de la crisis de 2008- para convertirse en promotora inmobiliaria. Lo hizo a través de su alianza con una gran empresa del sector, Aelca, y con el objetivo de levantar 17.000 viviendas en todo el país hasta el año 2027. Esa nuevabanco malo, que, sumados a otras actuaciones al margen de esta firma, ascienden a 58,5 millones.
La actividad de la Sareb como promotora ha despertado suspicacias entre parte de los empresarios de la construcción. Los primeros en alzar la voz de forma pública han sido los asturianos, que temen que esta actuación distorsione el mercado de la vivienda en la comunidad, al construir directamente, sin posibilidad de participación de empresas locales, sobre suelos que son transferidos por valores muy por debajo de los que marca el mercado. "Además de adjudicarse prácticamente a dedo, y desde luego no dar ninguna oportunidad a las empresas más pequeñas, se aportan los suelos a esta sociedad por un valor en muchos casos inferior a otras ofertas que Sareb había recibido por dichos suelos", ha argumentado en un artículo el presidente de la sociedad CAC-Asprocon, Joel García Fernández.
Entre los empresarios de las Islas hay diferentes visiones respecto a la actividad inmobiliaria del banco malo. "No cabe duda de que hay competencia desleal. Se va a construir con fondos públicos en solares que les han costado prácticamente nada", advierte Isidro Martín, delegado en Canarias de la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI ) y secretario de la junta directiva de la patronal de la construcción en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Fepeco. Uno de los problemas estriba, apunta Martín, en que, para comprar suelo, los empresarios locales "tienen que gastar dinero desde el minuto uno", mientras que la Sareb accede a los terrenos en condiciones muy ventajosas. "No parten de cero", sentencia.
La patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas (AECP) mantiene "una interlocución muy fluida" con la Sareb, asegura su presidenta. María de la Salud Gil abordó "desde el minuto uno" los problemas que pudiera acarrear que la sociedad público-privada actúe directamente como una promotora. Esta buena relación responde a que la propia Gil contactó con los responsables de la entidad. "Su presidente se desplazó aquí con todo su equipo. Lo que estamos intentando es justamente que la Sareb proporcione promociones inconclusas donde participen promotores privados", explica la representante de las firmas constructoras de la provincia oriental. Se trata, agrega, de que la Sareb "contribuya con el promotor privado, más que lo sustituya, a efectos de reactivar la promoción inmobiliaria desde el mundo empresarial y no desde la propia Sareb".
Los planes de Árqura Homes para los próximos años incluyen la ejecución de más de 17.000 viviendas en todo el territorio nacional sobre suelos valorados en 811 millones de euros, un proyecto que implicará un desembolso de 2.238 millones. No obstante, la flexibilidad presidirá estas actuaciones, que podrán modificarse a lo largo de sus ocho años de vigencia. Las promociones previstas se desarrollarán en quince comunidades autónomas -solo quedan fuera Extremadura y Murcia- y las más numerosas corresponden a Madrid, Andalucía y Cataluña.
En el caso de Canarias, las 303 viviendas previstas están localizadas, al menos inicialmente, en la provincia de Las Palmas. Ninguna de ellas ha visto la luz todavía. Al margen de su discutida actividad como promotora inmobiliaria -a través de Árqura Homes o de forma independiente-, la cartera de inmuebles de la Sareb en las Islas supone el 2% del volumen nacional. Recientemente, la entidad y el Gobierno regional han alcanzado un acuerdo para la venta de once casas de la compañía a la empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan). Se trata del tercer acuerdo de venta de viviendas para usos sociales con administraciones públicas que alcanza Sareb en España.
