El roto económico causado por la irrupción del coronavirus no deja de crecer. El número de hogares sin ningún tipo de ingresos se disparó en Canarias un 62,4% en el segundo trimestre, comprendido por los meses de abril, mayo y junio y, por tanto, por aquellos en los que estuvo vigente el estado de alerta sanitaria decretado en marzo. El Archipiélago, que mira con incertidumbre al futuro por su alta dependencia al turismo -muy afectado por esta crisis- pasó de contar con 36.200 viviendas en las que ninguno de sus componentes recibía algún tipo de prestación a 58.800. El obligado parón al que condujo la pandemia para reducir el número de contagios y la reactivación a medio gas y casi a tientas de diferentes sectores ha dejado en situación de vulnerabilidad severa a un mayor volumen de población. La brecha social que aún persistía de la anterior recesión se agiganta de nuevo ante el temor de que la desfavorable evolución de la pandemia genere una herida de difícil sutura.
El Archipiélago apuntó desde el estallido de la crisis del Covid-19 su especial situación de fragilidad por su alta especialización en el turismo. Este sector aporta el 35% del Producto Interior Bruto (PIB) de las Islas y genera un 40% de sus empleos. La región aún trabaja en recuperarse del inédito cero turístico que vivió como consecuencia de la pandemia, una paulatina recuperación que se ha visto fuertemente golpeada por la decisión del Gobierno británico de imponer cuarentena a los pasajeros llegados desde cualquier punto de España. No hay que perder de vista que Reino Unido es el principal mercado emisor de turistas de Canarias -el pasado año aportó más de un tercio de sus visitantes-, por lo que la preocupación en el sector es mayúscula.
El reflejo de los latigazos del Covid-19 en el mercado laboral del Archipiélago es más que evidente. Canarias cerró el segundo trimestre con una tasa de paro del 21,55%, la más alta del país, tras la destrucción de 108.000 empleos, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA). El desempleo se ceba especialmente con la población joven, pues la tasa de paro entre los ciudadanos con edades entre los 16 y 19 años es del 52,63% y entre los 20 y los 24 del 49,41 %. En otras palabras: la mitad de los jóvenes del Archipiélago que quieren trabajar no tienen empleo.
El Archipiélago contaba a final de junio con 856.600 hogares, mil más que en los tres primeros meses del año. Del total, casi un 7% no cuenta con ningún tipo de ingresos y un 16% depende de la pensión de un jubilado. Es decir, que existen en las Islas 138.400 hogares que tienen como única persona de referencia a una persona pensionista. Esta cifra, en cualquier caso, bajó un 6,7% entre el primer y segundo trimestre del ejercicio.
Los datos sobre viviendas familiares de Canarias de la EPA arrojan también que hay 223.200 hogares sin ningún miembro activo, casi un tercio del total (26%) y un 23,3% más que entre enero y marzo. El número de familias con al menos un activo donde todos son parados también creció. Las cifras, facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), indican que las Islas pasaron de tener 32.200 hogares con esta situación a 34.300. Es decir, que de un trimestre a otro crecieron un 6,5%.
La situación también resulta complicada para aquellas viviendas familiares con al menos la mitad de sus miembros activos en paro. Este colectivo lo encarnan 164.700 hogares, un 7,4% más que en los tres primeros meses del año.
El contagio en el empleo también se percibe en el número de personas que aún están afectadas por un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE). Al final de julio todavía seguían bajo el paraguas de este mecanismo laboral 114.117 trabajadores canarios, según los datos publicados por el Ministerio de Trabajo.
Ante la situación de vulnerabilidad en la que han quedado muchas familias, el Gobierno central ultima con patronales y sindicatos una ayuda excepcional de 430 euros mensuales durante un trimestre para unos 550.000 parados de todo el país que se hayan quedado, o quedarán, sin cobertura social. Este subsidio, que aún no está aprobado, está pensado para quienes hayan agotado su prestación o vayan a hacerlo, entre el 14 de marzo y el 30 de diciembre. A esta medida se suma otra de mejora del cálculo de la prestación para los asalariados a tiempo parcial que estén afectados por un ERTE. La iniciativa, en este caso, puede alcanzar a unas 150.000 personas. Ambos mecanismos de protección, de salir adelante, se sumarían al ingreso mínimo vital, aprobado también por el Ejecutivo estatal, y al ingreso canario de emergencia, impulsado por el Gobierno de la Comunidad Autónoma. En el primer caso, la prestación contemplada para una persona adulta que viva sola es de 462 euros al mes mientras que para una unidad de convivencia la cuantía se incrementa en 139 euros mensuales por cada miembro, hasta un máximo de 1.015 euros al mes. Las familias monoparentales reciben, además, un complemento de 100 euros al mes. En el caso del ingreso canario de emergencia, se concibió como una paga única que sirviera de puente al ingreso mínimo vital.
La pandemia ha puesto contra las cuerdas a la economía de las Islas. La Conferencia Canaria de Empresarios (CCE) prevé una caída mínima del PIB del 18% y CEOE-Tenerife vaticina un desplome del 25%, motivado principalmente por el veto británico. Pese a que el coronavirus ha atacado de forma directa al turismo, existe un efecto arrastre que no se ha hecho esperar. En el sector del transporte más de una quincena de empresas de guaguas turísticas, que emplean a 400 personas, se encuentran al borde la quiebra debido al periodo de inactividad al que condujo la pandemia. Los rent a car, las compañías de alquiler de coches, han reducido un tercio de su flota mientras que la restauración y el comercio afrontan también bajadas de ventas y, por ende, pérdidas de ingresos.
Ante tal panorama, tanto empresarios del sector turístico, como aquellos que dependen de su buena marcha, han reclamado de forma insistente que se apruebe cuanto antes la flexibilización y prórroga de los ERTE. El Gobierno canario tiene previsto reunirse con el Ministerio de Trabajo a principios de septiembre para avanzar en esta medida, pero los empresarios sostienen que es importante eliminar esperas para disipar incertidumbres. No quieren solo que tales expedientes se extiendan hasta final de año, como reclamaban en un principio, sino que estiman que será necesario que los mismos se mantengan, al menos, hasta el primer trimestre del próximo ejercicio.
