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Empresarios y sindicatos redoblan la presión al Gobierno con los ERTE

A partir de septiembre los afectados pasarán a cobrar el 50% de su base reguladora - En Canarias hay 88.826 trabajadores en expedientes temporales de empleo

Apartamentos afectados por el cierre derivado del Covid-19.

Apartamentos afectados por el cierre derivado del Covid-19. LP/DLP

Aquellos trabajadores que lleven desde el mes de marzo, y de manera ininterrumpida, en ERTE verán reducido el importe de su prestación por desempleo. Una reducción que puede afectar a miles de personas en España, principalmente en el sector de la hostelería y las actividades vinculadas con el turismo que no hayan vuelto a reabrir desde la declaración del estado de alarma, como es el caso de Canarias. Este descenso en el cobro de la prestación se producirá, si no hay cambio normativo que lo evite, a partir de la nómina del mes de septiembre, que se cobra en octubre, y viene provocada por una de las modificaciones introducidas en la última reforma laboral del PP. Este cambio normativo necesario y la prolongación de los ERTE más allá del 30 de septiembre han motivado que en los últimos días se hayan redoblado las presiones de patronales y sindicatos, unos para seguir con los expedientes y otros para evitar los recortes.

Un trabajador, al darse de alta para cobrar el paro, comienza percibiendo el 70% de su base reguladora, con un límite de entre 1.098,09 y 1.411,83 euros al mes según el número de hijos. Al cabo de seis meses de cobrar dicha prestación, el importe baja y se reduce al 50% de la base reguladora. Este fue uno de los muchos cambios que introdujo el Gobierno de Mariano Rajoy en la normativa laboral con su reforma. Antes, a los seis meses el descenso era del 70% al 60%.

¿Cuántos trabajadores afectados por un ERTE se verán damnificados por ello? Ni el Gobierno, ni los sindicatos tienen un cálculo exacto. Serán todos aquellos empleados que han permanecido de manera ininterrumpida en suspensión por un expediente desde marzo. No se verán perjudicados aquellos que estén empleados en una empresa que mantiene desde marzo un ERTE, pero que en algún momento los ha reactivado para trabajar aunque sea una sola jornada. Siempre que en dicho trámite se dieran de baja como demandantes de la prestación.

Según los últimos datos de la Seguridad Social, en la segunda semana de agosto había en España 843.000 trabajadores afectados por un ERTE. De estos, 88.826 están localizados en Canarias ¿Cuántos de estos llevan en ERTE desde marzo? No hay datos disponibles, pero si no hay un cambio en la normativa, en la paga de septiembre verán disminuidos sus ingresos. Los sectores, por volumen de empleados afectados y por grado de afectación que ha supuesto la pandemia sobre su actividad, serán aquellos vinculados al turismo y a la hostelería.

La bajada de ingresos de los trabajadores que encajen con este supuesto todavía no es definitiva. Es decir, si no hay cambios, se producirá. No obstante, el próximo 4 de septiembre, Gobierno, patronal y sindicatos comienzan las negociaciones para la cuarta prórroga de los ERTE. Y uno de los puntos de dichas conversaciones será consensuar alguna modificación para evitarlo. Así lo pretenden los sindicatos, lo ve con buenos ojos el Ministerio de Trabajo y no despierta oposición en la bancada patronal.

En este sentido, el Gobierno y los agentes sociales retoman esta semana el diálogo social para abordar la prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre y la futura Ley del Trabajo a Distancia. En concreto, el primer encuentro tras el parón vacacional lo mantendrán mañana, cuando Gobierno, sindicatos y empresarios se reunirán para hablar de la regulación del trabajo a distancia, con un nuevo texto sobre la mesa.

El nuevo borrador, al que ha tenido acceso Europa Press, incorpora algunas novedades. Así, deja claro que la regulación del trabajo a distancia no será de aplicación para el personal laboral de las Administraciones Públicas, que se regirá por su normativa específica.

Los interlocutores sociales y el Ejecutivo volverán a verse las caras a finales de semana, el viernes en Palma de Mallorca, para negociar la prórroga de los ERTE, aunque, según confirmó la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, no se espera que se cierre ningún acuerdo ese día.

Sectores más perjudicados

La ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, afirmó la pasada semana que habrá que estudiar en qué sectores siguen funcionando los ERTE a partir del mes de septiembre. Algunos, como el turismo, no se han recuperado de la debacle del Covid, pero otros hace tiempo que han arrancado. Canarias es precisamente una de las regiones más afectadas por esta situación por su elevada dependencia del sector turístico.

Asimismo, Calviño es de la opinión de que los ERTE deben ir transformándose desde el instrumento de choque que son actualmente a una herramienta asociada a la formación y recualificación de los trabajadores, muy al estilo alemán, una opinión que se comparte desde los sindicatos.

Por otro lado, el sindicato UGT considera, como medida fundamental para preservar el empleo, que es esencial llegar a un acuerdo para prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) el tiempo que sea necesario, hasta que la economía esté en marcha en sectores que lo requieran, ya que "si no, miles de trabajadores pasarán a cobrar prestaciones por desempleo si las empresas cierran".

Por otro lado, insta a mantener, extender y mejorar "en la medida de lo posible" la protección social a personas desempleadas, creando un subsidio para las personas que hayan agotado las prestaciones, o a las que estén inmersas en un ERTE, manteniendo a partir del sexto mes en el desempleo una prestación del 70% de la base reguladora y no del 50% como ocurriría con la actual legislación.

El sindicato también recuerda que la extensión de la protección observa "una importancia también radical, pues cuanto menor sea esta en un escenario de destrucción de empleo, más difícil, cara y larga será la recuperación".

De cara a septiembre, UGT urge al Gobierno a afrontar cuestiones pendientes como son la Ley del Teletrabajo, la prolongación de los ERTE o las carencias de la educación a distancia, así como la brecha digital que existe en varias regiones españolas.

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