La Consejería de Educación y la patronal de los transportistas alcanzaron un acuerdo el pasado viernes para prorrogar el contrato del transporte escolar por tres años más, ya que el vencimiento del vigente finalizaba ayer. Sin embargo, el pacto alcanzado entre la Administración educativa y las empresas del transporte discrecional no ha estado exento de reticencias y modificaciones sobre el contrato anterior debido a la crisis provocada por el Covid-19 y a la falta de recursos económicos a los que se enfrenta la Comunidad Autónoma, en el caso de que se tengan que suspender clases o se cierren centros escolares por la pandemia.

De esta forma, una cláusula de garantía que existía desde 2005 se modificó como condición puesta por el Ejecutivo a los transportistas para renovar la prestación del servicio. En la misma se establecía que en caso de suspensión del servicio la Administración abonaría el 75% del coste del mismo mientras durase la interrupción. Con el escenario de incertidumbre que se abre en el nuevo curso debido a la crisis del Covid-19, la Administración sólo pagará el servicio el equivalente a una semana en el caso de suspensión del mismo. Por ello la patronal del transporte, aunque aceptó la prórroga, quiere abrir una negociación con el Ejecutivo para que las empresas sean compensadas en el caso de que se interrumpa el servicio de forma drástica, a semejanza de lo que ocurrió durante el estado de alarma que decretó el final anticipado del pasado curso en marzo.

Según explica el secretario general de la Federación de Empresarios del Transporte, José Ángel Hernández, en uno de los decretos que se aprobó durante el confinamiento se estipuló que las empresas que prestaran servicios a la Administración serían compensadas por los gastos e inversiones realizadas para poder prestar el servicio.

El sector del transporte discrecional de viajeros se encuentra en una situación precaria desde que se inició la crisis provocada por el coronavirus. Pese a que el sector turístico ha ido abriendo su actividad, Hernández asegura que el transporte de turistas está totalmente paralizado porque no hay peticiones de guaguas para traslados a los aeropuertos, excursiones, etcétera. Asimismo, las restricciones impuestas a los centros sociosanitarios, residencias de mayores y actividades extraescolares también han afectado directamente al transporte privado.

Con la prórroga del transporte escolar se mantienen un total de 1.900 rutas en las Islas, de las que 1.400 corresponden a centros educativos públicos y el resto a centros privados y concertados. En total las guaguas escolares transportan cada día en las Islas a unos 45.000 alumnos entre centros públicos y concertados.