José Miguel Suárez Gil, empresario, expresidente de la Cámara de Comercio de Las Palmas y exdiputado en el Parlamento de Canarias, falleció ayer a los 77 años de edad. Su cuerpo fue encontrado a las 12.20 horas de la madrugada del martes al miércoles en un bungaló del complejo Agua y Sol, en la urbanización turística de Puerto Rico (Mogán).

Tras una amplia carrera política y empresarial, donde era conocido con el sobrenombre de El zorro plateado, sus últimos años estuvieron salpicados por los problemas con la justicia, pues cumplió dos penas de prisión tras encañonar con una pistola en 2011 a su entonces esposa, la abogada Josefina Navarrete, y luego fue condenado a dos años de cárcel por defraudar a Hacienda. Actualmente vivía en el sur de la Isla, alejado de la actividad empresarial. Según confirmaron fuentes policiales, su cuerpo lo encontró un amigo pasada la medianoche.

De origen humilde, estudió para perito mercantil y se diplomó en Empresariales, lo que le permitió entrar en el mundo de los negocios en la década de 1970. Esos contactos le sirvieron con posterioridad para dirigir varias organizaciones empresariales de la isla de Gran Canaria, primero la Federación de Empresarios de la Alimentación (Fedalime) y después la Cámara de Comercio de la provincia. También fue vicepresidente y tesorero de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE).

Con la llegada de la democracia tuvo un relevante papel en la política canaria, pues fue diputado en la Cámara autonómica durante 12 años, primero en las filas de Alianza Popular (1983-1987) y después en el Centro Democrático y Social (1987-1995). En la primera legislatura del Parlamento de Canarias fue uno de los 17 diputados de la coalición de la derecha española de aquella época, formada la AP de Manuel Fraga Iribarne, el PDL democristiano de Óscar Alzaga y la Unión Liberal de José Antonio Segurado.

En la oposición al primer gobierno canario de Jerónimo Saavedra -con compañeros de bancada como Francisco Marcos, Vicente Álvarez Pedreira o Manuel Fernández- Suárez Gil ocupó la portavocía de asuntos económicos del Grupo Popular y tuvo un destacado protagonismo en el debate sobre la integración plena de Canarias en la Unión Europea.

Al estar en desacuerdo con el resto de sus compañeros de grupo, rompió la disciplina de voto y en las siguientes elecciones de mayo de 1987 ya concurrió en las listas del CDS, liderado por Fernando Fernández y Lorenzo Olarte, ambos presidentes del Gobierno regional en esa segunda legislatura.

Declive político

En 1991 volvió a ser elegido por el CDS, en la etapa de mayor presencia institucional de los centristas grancanarios -Olarte, Luis Hernández, Julio Bonis, José Vicente León o Francisco Rodríguez Batllori-, antes de la brusca ruptura a los pocos años de integrarse en Coalición Canaria (CC). Personas con un pasado político derechista como Suárez Gil ya no tuvieron cabida en las candidaturas del nuevo proyecto nacionalista.

En 1995 hizo otra incursión en la actividad pública con la fundación de un nuevo partido, denominado Coalición por Gran Canaria (CGC). Tras unos pobres resultados en las elecciones autonómicas, ahí acabó su carrera política.

Su trayectoria como dirigente empresarial también estuvo plagada de denuncias y enfrentamientos, aunque muchos de esos polémicos episodios no se hicieron públicos hasta su caída en desgracia, tras ser detenido por amenazar a esposa con un arma de fuego en una rocambolesca historia que alarmó a las entidades patronales. Personas que le conocieron desde sus inicios en los negocios revelaron que no les sorprendía esa forma de actuar contra Josefina Navarrete.

Suárez Gil arrancó su carrera de dirigente empresarial con la creación de Fedalime, una organización creada para captar subvenciones públicas a través de empresas fantasmas y sin apenas actividad. Así forjó la leyenda de conseguidor y la figura del zorro plateado se hizo omnipresente en los círculos de poder. Según relatan las crónicas periodísticas de la época, utilizó a la Asociación de Empresarios Inversores de Canarias (Aevic), un lobby casi personal, para lanzarse al asalto de la Confederación Canaria de Empresarios y de la Cámara de Comercio, logrando los votos de una parte de los afiliados a esa organizaciones o utilizándolos para forzar a los demás candidatos a incluirle en sus listas. En muchos casos con promesas que luego no pudo cumplir.

Su designación como tesorero de la Confederación provocó una crisis en el movimiento empresarial, hasta el punto de que el entonces presidente de la patronal, Antonio Rivero, se vio obligado a retirarlo de ese cargo para evitar una escisión de consecuencias imprevisibles.

Tras su salida de la Confederación, Suárez Gil encabezó una candidatura en las elecciones a la Cámara de Comercio de Las Palmas y logró la presidencia, gracias a su red de organizaciones de la pequeña y media empresa, algunas creadas exclusivamente con ese fin, según denunciaron sus adversarios. El Gobierno de Canarias, como órgano tutelar de las cámaras de comercio, tuvo que intervenir ante la inclusión en el censo electoral de sociedades de dudosa existencia, pero se mantuvieron los resultados.

Cámara de Comercio

Durante su mandato de cuatro años en la Cámara se produjo una desbandada de los asociados de Lanzarote y Fuerteventura, que pidieron independizarse de Gran Canaria. Ante la división interna, el Gobierno de Canarias acabó autorizando la creación de las cámaras de ambas islas, con la consiguiente merma de ingresos e influencia para la organización hasta entonces provincial.

Los enfrentamientos entre los distintos sectores de la patronal aumentaron ante la celebración de las siguientes elecciones a la Cámara, con una solución salomónica en la que Ángel Luis Tadeo encabezó la plancha oficial y Suárez Gil se reservaba la vicepresidencia y el control de la Comisión de Acción Exterior, que es la que dispone de mayor presupuesto en la entidad.

Tadeo logró una clara victoria con el respaldo de los seguidores de Suárez Gil, pero a mitad de mandato se recrudecieron los enfrentamientos entre ambos y lo destituyó como número dos de la Cámara entre acusaciones de deslealtad. En los siguientes comicios camerales volvió a presentarse, pero fue derrotado y decidió instalarse en Miami junto a su nueva esposa, la reconocida abogada penalista Josefina Navarrete.

En esa época ya habían empezado sus problemas judiciales. Primero con una demanda del empresario Alberto Santana sobre una de sus actuaciones en la Comisión de Acción Exterior de la Cámara, que luego dieron pie a otra denuncia ampliada de Santana en lo que acabó conociéndose como el caso eólico. Suárez Gil fue absuelto en la pieza separada en la que estaba implicado.

Suárez Gil volvió a ser noticia en 2011, en el inicio de su etapa más confictiva. En los primeros días de enero, tras meses de discusiones con Navarrete, con la que se había casado en 2008, ésta le denunció por amenazas y agresiones en el chalé de la pareja en Tafira. El empresario fue detenido por apuntar con una de sus armas -era aficionado a la caza- a su entonces esposa. El motivo, diferencias sobre las propiedades del matrimonio, que al mudarse a Miami se habían puesto a nombre de ella.

Condenas

Según declaró Navarrete en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, Suárez Gil la culpaba de su "declive político" y de aliarse con sus adversarios empresariales. En septiembre de 2011 fue condenado a un año de prisión por un delito de amenazas y otro de coacciones, pena que no cumplió, aunque tuvo que llevar un dispositivo telemático porque la sentencia también le impedía acercarse a Navarrete por un periodo de tres años.

Sin embargo, Suárez Gil se saltó esa prohibición y en febrero de 2015 volvió a ser condenado a otros diez meses de cárcel por quebrantar de forma continuada la orden de alejamiento de su expareja. El Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas rechazó sus recursos y le obligó a ingresar en prisión para cumplir la sanción. En su alegato para no ser encarcelado argumentó que padecía un "trastorno depresivo mayor" y una "cardiopatía obstructiva".

No acabaron ahí sus problemas judiciales, pues en el año 2018 volvió a ser condenado a dos años de prisión y a pagar cerca de 900.000 euros entre multas e indemnizaciones por un delito contra la Hacienda Pública. El Juzgado de lo Penal número 6 de Las Palmas de Gran Canaria lo consideró culpable de idear y ejecutar un plan para cobrar una comisión por la venta de una parcela propiedad de Fedalime, en la época en que presidía esa patronal. Además, según la sentencia, eludió el pago del Impuesto de Sociedades a través de una fórmula, la materialización de la Reserva de Inversiones de Canarias (RIC), que nunca pudo justificar. Esa resolución judicial fue recurrida para evitar un nuevo ingreso en prisión.

Suárez Gil deja tres hijos y esposa (la cuarta). Su repentina muerte fue lamentada ayer en el ámbito político y empresarial.