El Gobierno central negocia al fin con Londres y Berlín para restaurar el flujo de turistas a Canarias. Tras meses de insistencia de la Comunidad Autónoma, el Ejecutivo de Pedro Sánchez da un paso al frente para intentar evitar la quiebra turística en el Archipiélago. La ministra de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, anunció ayer que su departamento va a entablar conversaciones con el Reino Unido, Alemania y también los países nórdicos para el establecimiento de corredores seguros entre los aeropuertos de estos países y los de las Islas. Es decir, para que británicos y alemanes, que representan el 50,5% de los turistas que cada año vienen a Canarias, puedan regresar de sus vacaciones sin tener que guardar cuarentena por el coronavirus.
El anuncio del Gobierno se produce solo cinco días después de que la Consejería de Turismo regional diera a conocer su intención de no esperar más por Madrid y elaborar corredores seguros en el ámbito autonómico sin interferir competencias del Estado. Canarias fue la primera Comunidad Autónoma que pidió la realización de test PCR a los turistas a la ida y a la vuelta de sus vacaciones, esto es, antes de subirse al avión para venir al Archipiélago y antes de subirse al avión para regresar a sus casas, que es básicamente en lo que consiste un corredor seguro. Una petición en la que llevan meses insistiendo tanto la consejera Yaiza Castilla como el propio presidente autonómico, Ángel Víctor Torres. No en vano, es el Gobierno central el competente bien para promover un acuerdo paneuropeo bien para suscribir convenios bilaterales con otros países, que es justamente lo que acaba de adelantar González Laya.
No obstante, el anuncio de las negociaciones, aún sin calendario y que está por ver cómo terminan, llega cuando ya hace más de un mes desde que el Reino Unido incluyera a Canarias entre los territorios a los que desaconseja viajar por el descontrol de la pandemia. Una decisión a la que Alemania se sumó la semana pasada y que deja al motor de la economía regional al borde del colapso, con lo que ello implica en términos de empleo (en el Archipiélago hay 83.500 trabajadores incluidos en expedientes temporales de regulación, la grandísima mayoría directamente relacionados con la paralización de la actividad turística). De hecho, la decisión de las autoridades sanitarias germanas fue a su vez el detonante de la decisión de la Consejería de Turismo, donde se han cansado de esperar por Madrid, hasta el punto de que el anuncio de la ministra no ha variado ni un ápice su hoja de ruta.
Controles
En el departamento de Castilla siguen así trabajando en el establecimiento de controles sanitarios en destino, una posibilidad que Canarias ya había planteado como alternativa pero que tampoco contó con la adhesión del Ministerio de Sanidad, que es el que tiene la competencia en Sanidad Exterior y que entonces solo vio factible hacer test aleatorios. Ante el veto alemán, Castilla está ultimando la realización de los test con la colaboración de cabildos, turoperadores y hoteles. En lugar de en los aeropuertos, el turista se sometería a la PCR antes de subirse a la guagua rumbo a su hotel, por ejemplo, y antes de salir del hotel o apartamento para coger el vuelo de regreso. Canarias no invade así las competencias estatales en Sanidad Exterior y el turista vuelve a su casa tras haber pasado un test tan solo unas horas antes, con lo que el país emisor tiene garantías de que los ciudadanos que regresan del Archipiélago no están contagiados y estos no tendrían que pasar cuarentena.
En cualquier caso, en Madrid ya parecen haber interiorizado que lo que está en juego en Canarias es mucho más que el cierre de hoteles y apartamentos, es el sustento de decenas de miles de familias. "El deseo es restablecer estos flujos turísticos lo antes posible. Es un tema extremadamente importante para Canarias, que, a diferencia de otros territorios españoles, tiene una temporada turística de invierno. La apertura de corredores como el que vamos a negociar con Inglaterra puede ayudarles a relanzar la actividad turística", explicó González Laya, que puntualizó que van a iniciarse conversaciones también con Alemania y los países nórdicos.
La voluntad del Ejecutivo de Sánchez de salvar la temporada alta turística, que en las Islas arranca el 1 de octubre, no es la única noticia positiva para la primera industria de la región. El Reino Unido confirmó ayer que, a la hora de establecer restricciones, en adelante tendrá en cuenta la situación de la pandemia exclusivamente en las Islas, es decir, sin considerar el resto de España. De esta manera, Canarias depende de sí misma para salir de la lista negra británica: si la Comunidad Autónoma controla la evolución del coronavirus, el Reino Unido levantará las restricciones con independencia de que la pandemia siga descontrolada en otras autonomías. En otras palabras: los ingleses podrían volver al Archipiélago sin tener que confinarse a su regreso durante dos semanas. "Nada tiene que ver Canarias con otras comunidades autónomas", resumió al respectoMontero.
En la habitual rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, María Jesús Montero valoró el anuncio de González Laya, que está de visita diplomática en Italia, y ahondó en que "no tiene ningún sentido que alguien decida no venir a Canarias esta temporada por los datos que conozca de otras comunidades autónomas". Eso sí, hay que puntualizar que el cambio de criterio del Reino Unido en relación con las Islas, una decisión que el embajador británico en España había adelantado por teléfono a la consejera canaria de Turismo, no significa que el Archipiélago haya salido de la lista negra. De momento sigue incluido y lo seguirá si los casos de coronavirus no dejan de multiplicarse.
Ante la disparidad de criterios para incluir o no a un territorio entre las zonas de riesgo (hay tantos criterios como Estados miembros), la Comisión Europea (CE) ha recomendado a los gobiernos nacionales la unificación de sus normativas. La presidenta de la CE, Úrsula von der Leyen, ha propuesto el establecimiento de una especie de semáforo que identifique el riesgo en cada región bajo criterios comunes. Además, también ha pedido, en línea con la postura de España, que las imposiciones a los viajeros que regresen de zonas de riesgo sean las mismas, no que un gobierno los obligue a confinarse y a otro le baste con el resultado de una PCR.
