La Inspección de Trabajo y Seguridad Social detectó 3.379 empleos sumergidos en el primer semestre de este año en el Archipiélago. Durante ese periodo, la Inspección, adscrita al Ministerio de Trabajo e Inmigración y a la Consejería de Empleo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, levantó 13.304 expedientes, que han supuesto 2.535 infracciones en el ámbito laboral y han incluido inspecciones para la prevención de riesgos laborales, la seguridad social o la inmigración, según una nota de la Consejería regional de Empleo.

Estas inspecciones permitieron detectar 3.379 empleos sumergidos e incoar 488 expedientes sancionadores en materia de prevención de riesgos laborales. La directora general de Empleo del Ejecutivo regional, Gloria Gutiérrez, destacó que parte del dinero que se recauda con estas sanciones se destina a la organización de cursos en materia de riesgos laborales.

La Dirección General de Trabajo, de acuerdo con los sindicatos, aboga por elaborar "un diagnóstico que analice la situación de empleo irregular y la economía sumergida en el Archipiélago de cara a aflorar el trabajo en negro de cientos de trabajadores en las Islas".

En este contexto, el presidente de Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña, exigió ayer al Gobierno una mayor persecución y sanciones más "fuertes" y "contundentes" a las empresas que promueven el empleo sumergido en el Archipiélago.

Grisaleña dijo a la agencia Acn Press que a pesar de que "saben donde están ubicadas" estas entidades que califica como "oportunistas", los servicios de inspección realizan más visitas a las empresas que se encuentran legalizadas y tienen "nombre y apellido", algo que considera necesario, a la vez que "paradójico".