El presidente del Consejo Económico y Social de Canarias, Fernando Redondo, considera que ha faltado una actuación de la Administración más decidida en asuntos como el de Bankia, banco del que La Caja de Canarias formaba parte, Preguntado sobre el efecto de los nuevos recortes del Gobierno central en Canarias, el economista explicó que un parte importante es la falta de confianza que crece entre los ciudadanos por la inacción desde la Administración cuando sus intereses o derechos son contrariados.

Sobre el caso Bankia, Redondo opinó que "se ha estafado a los ciudadanos y mientras ocurría nadie ha hecho nada". A su juicio, no basta con enumerar competencias o momentos procesales en los que se puede intervenir, sino que a los ciudadanos "hay que defenderlos" de una manera más activa cuando se tiene aviso de que pueden estar siendo víctimas de abusos como los que presuntamente podría haber cometido la banca.

"Cuando se habla de algún recorte en concreto, siempre se dice que es el chocolate del loro y no es así. Prescindir de la Policía Autonómica no es ningún chocolate del loro y mientras no se afrontan acciones de este tipo, miran para otro lado cuando se trata de las cajas canarias", señaló Redondo.

Inhibición

Según el presidente del Ces no resulta lógico que la Administración se haya convertido en una herramienta que se inhibe cada vez que los ciudadanos tienen un problema. Que funcione como un elemento de defensa de los derechos "resulta fundamental", a juicio del economista.

También al hilo de los últimos recortes dados a conocer por el Gobierno de Mariano Rajoy, que se traducirán en 520 millones de euros menos a repartir entre los presupuestos de 2013 y 2014, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Sebastián Grisaleña, aludió a lo ocurrido con el sector financiero.

Tras mostrar su disconformidad con el nuevo ajuste, Grisaleña señaló que no se puede tensar la cuerda con los sectores productivos "mientras los políticos han permitido que la gran banca o las cajas hayan hecho lo que han querido".

Del crecimiento de la sensación de abuso en el pasado da cuenta la proliferación de las demandas y querellas que van llegando a los juzgados tanto por parte de ciudadanos como organizaciones sindiales, de defensa de los consumidores e incluso partidos políticos.

En el caso de Bankia, ya son dos las demandas dirigidas a la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas. Además, un empresario de Gran Canaria también ha iniciado hasta el momento dos procesos judiciales contra el banco del que formaba parte La Caja de Canarias, una por colocarle un swap y la otra por coacciones y amenazas.