Hay ocasiones en que las diferencias ideológicas y de táctica electoral derivan en falsos dogmatismos. La idea extendida entre los pensadores y políticos neoliberales de que una menor presión fiscal sobre el ciudadano y las empresas tiene como consecuencia directa una mayor creación de empleo contrasta con las cifras oficiales. Según las últimas estadísticas de Euroestat recogidas por los Técnicos de Hacienda (Ghesta) los países con una presión fiscal mayor son los que presentan menores tasas de paro. Holanda y Austria presentaban en abril de 2011 las cifras de desempleo más bajas de Europa, del 4,2 %. Sin embargo el porcentaje de impuestos que recaudan, tanto la suma de tributos como de cotizaciones sociales, están varios puntos por encima de España. Si nuestro país presentaba el año pasado una presión fiscal del 33,1 % sobre el PIB, Austria recauda el 43,8 % y Holanda el 38,9 %. Un circunstancia similar se produce en el caso de Estados como Francia o Alemania. El fisco galo recauda el 44,2% del PIB, pero la tasa de paro francesa es del 9,4%, más de once puntos por encima del 20,7% que presenta España. Alemania, con apenas un 6,1% de sus ciudadanos activos desocupados, la presión fiscal es del 39,7%. Un país con unos ingresos fiscales inferiores a los de España como Irlanda (29,9 %) presenta altas tasas de paro. En el caso de la isla alcanza el 14,7 %, la segunda más alta tras la española. Grecia, un territorio al borde de la bancarrota pública y cuyos problemas con la deuda soberana están bombardeando los cimientos de la Unión Monetaria Europea, presenta una presión fiscal muy similar a la de España.
No obstante, hay que tener en cuenta que el porcentaje que ofrece Ghesta se calcula sobre el Producto Interior Bruto de los países, y este varía mucho en función de la situación económica de cada uno de ellos. Tanto Irlanda, como Grecia y España están sufriendo la crisis en mayor medida que otros Estados miembros. Esta circunstancia está afectando a la recaudación fiscal. Tanto la Administración central como las autonomías llevan dos años acumulando importantes déficit presupuestarios por el descenso de los ingresos derivados de la caída de la actividad. La crisis he llevado a España a realizar importantes recortes, tanto en la Administración central como en las autonómicas. La batalla contra el déficit ha venido más de la retirada de ayudas, restricción en la inversión pública y ajustes en el gasto corriente que en la ampliación de la recaudación. El Gobierno ha optado por subir el IVA, retocar los impuestos especiales y, ahora, ha recuperado el Impuesto de Patrimonio. Las autonomías apenas han hecho uso de sus competencias fiscales para ingresar más.
