"Esta es una junta general histórica". El expresidente de la Autoridad Portuaria Javier Sánchez-Simón anunciaba el 17 de febrero de este año que La Luz se convertía desde ese momento en el primer puerto estatal en cerrar el proceso de privatización de la antigua Sestiba, siguiendo las pautas de la nueva Ley de Puertos. Pero, nueve meses después, ese proceso de transformación siguen dando más de un quebradero de cabezas, después de que el Puerto cediera el 51% de sus acciones sin saldar la parte que le correspondería de la deuda.

A partir de entonces, las propias empresas han denunciado todas las decisiones tomadas, hasta acumularse en este tiempo unos 26 pleitos pendientes. Esta situación dejaba en manos de un juez el futuro de una sociedad, que tiene los pies de barro, a pesar de que cuenta con un plan financiero hasta 2030 para garantizar su viabilidad futura. La razón principal es que carece de liquidez, mientras debe recurrir periódicamente a sus propios socios para poder pagar las nóminas.