Las querellas presentadas por Unión, Progreso y Democracia (UPyD), partido que preside la diputada Rosa Díez, y Democracia Real Ya -movimiento del ámbito del 15-M- son las vías que mantienen abierto el caso Bankia en los tribunales. El juez de la Audiencia nacional Fernando Andreu será el encargado de juzgar los hechos que llevaron a la entidad que presidía Rodrigo Rato a pasar de los 300 millones declarados como beneficios a los 3.000 de pérdidas y al agujero de 13.000 millones detectado por el Gobierno.
En septiembre el juez Andreu comenzará a tomar declaración a la lista de 33 imputados, entre los que se encuentra el presidente de La Caja de Canarias, Juan Manuel Suárez del Toro. El dirigente de la entidad isleña fue llamado por haber sido consejero del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), matriz de Bankia, desde la fusión de las siete cajas -La Caja de Canarias, Caja Madrid, Bancaja, Caixa Laietana, Caja Ávila, Caja Segovia y Caja Rioja-. Solo las dos entidades de mayor tamaño -Caja Madrid y Bancaja- tenían un sillón asegurado en el Consejo de Administración, mientras que el resto se repartían su presencia en turnos rotatorios de dos años. Suárez del Toro tuvo la mala fortuna de estar en la primera rotación.
El aperitivo de la comisión
La comisión parlamentaria abierta en el Congreso de los Diputados para determinar si existieron responsabilidades en el deterioro del sistema financiero español está dando una idea de por dónde puede caminar también el proceso en el ámbito de la Justicia.
Esta misma semana comparecieron algunos de los principales actores del sector de las finanzas español en los últimos años. Entre ellos, el anterior gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, quien situó la toma de decisiones en el seno de las instituciones bancarias privadas. Es decir, rechazó que las decisiones adoptadas por el regulador durante los últimos años hayan tenido incidencia directa en el crack de la banca española.
El jueves fue el turno de Rodrigo Rato, que estuvo al frente de Bankia hasta el mes de mayo. Optó por no cargar las tintas sobre la decisiones adoptadas por los políticos y el regulador, pero no dudó en señalar que fueron los cambios en los criterios introducidos por los gobiernos y el Banco de España los que llevaron a la entidad a pasar de los beneficios moderados a las pérdidas irrecuperables y la consiguiente intervención.
Aparte de esta causa abierta en la Audiencia Provincial, no se descarta que lleguen más de la mano de asociaciones de pequeños accionistas que se consideran estafados por haber acudido a la Oferta Pública de Suscripción de acciones de Bankia y haber perdido el 80% de la inversión en menos de un año.
