Los primeros controladores aéreos en declarar ante la juez por la huelga encubierta del pasado mes de diciembre han alegado que abandonaron sus puestos de trabajo por baja médica debido al estrés laboral en el que vivían por los decretos aprobados por el Gobierno. De este modo, han negado que estuvieran organizados para secundar un paro encubierto, que provocó que AENA ordenara el cierre del espacio aéreo, que el Gobierno decretara el estado de alarma y que todo ello perjudicara a más de 600.000 personas en España. Por su parte, los usuarios afectados por el plante han advertido de que lo ocurrido "no es algo que sale gratis", a la vez que reclaman 16.000 euros por pasajero.
El primero en desfilar por el Juzgado de Instrucción nº 3 fue Ignacio B. D. El imputado esgrimió que abandonó su puesto por razones psico-físicas debido al estrés producido por el conflicto con el Gobierno.
Por su parte, Adolfina C. V. indicó que se dio de baja por la tensión que le había creado un amago de accidente entre un helicóptero y un avión. Al igual que Ignacio, también negó que participara en la reunión en Torrejón de Ardoz.
