Una supercaja rural canaria con un volumen de activos de 2.711 millones de euros y capacidad para colocar en financiación ajena casi 2.500 millones sería un poderoso instrumento financiero para el Gobierno regional. Las cooperativas de crédito isleñas están dispuestas a ejercer ese papel, independientemente de si se fusionan o no. La Caja Rural y Cajasiete han pedido al Gobierno regional que, tratándose de entidades cien por cien isleñas, dirija buena parte de sus operaciones financieras a través de ellas (hasta un 30%).
Las cajas rurales no son ya un negocio agrario; operan como cualquier banca, lo que permitiría al Ejecutivo de turno impulsar operaciones y líneas de crédito en cualquier sector de la economía apoyado en los multimillonarios presupuestos autonómicos (7.400 millones de euros para este año en Canarias).
De otro lado, el Gobierno regional canaliza a través de las dos cooperativas de crédito canarias apenas un 3% de sus operaciones y éstas aspiran cuando menos al 30%. Es un objetivo ambicioso que probablemente no estará ni en la mente del Ejecutivo, que debe buscar rentabilidades para sus depósitos que quizá no pueda darle una caja rural de tamaño medio-bajo, y menos aún frente a los grandes grupos bancarios, con más capacidad para maniobrar en este terreno.
Las otras cajas
Tampoco las cajas de ahorros, integradas ahora en bancos nacionales, están dispuestas a perder ni una sola de sus actuales parcelas de negocio en el Archipiélago y menos aún su estrecha e intensa relación con el Gobierno de Canarias. El Gobierno regional ha intervenido en el eventual proceso de fusión de sus cajas rurales en el último minuto, casi un año y medio después de que Rodríguez Zapatero, acuciado por el riesgo de quiebra en las cajas de ahorros a cuenta de las inversiones crediticias en el ladrillo, impulsara la mayor reordenación bancaria de los últimos veinte años en España.
De otra parte, la fusión territorial de cajas es también un objetivo de otras comunidades autónomas, no sólo de la canaria. Los gobiernos regionales de Castilla-La Mancha, Aragón o Extremadura, también el de Valencia, llevan tiempo impulsando plataformas territoriales de sus cajas rurales. En el caso de Valencia, la más fuerte ha integrado a una veintena de entidades menores. Las autonomías están interesadas en impulsar esas concentración a la vista de la pérdida de sus hasta ahora aliados naturales: las cajas de ahorros. La visión del Banco de España es parecida aunque no idéntica. El regulador quiere concentraciones que permitan una mayor capacidad de financiación y desenvolvimiento en un mercado cada vez más complejo sin poner en cuestión solvencias y rentabilidades.
