El presidente del Club Deportivo Tenerife, el empresario Miguel Concepción, se sentará hoy por primera vez en el banquillo de los acusados por un presunto delito de estafa en la gestión de la ya desaparecida Islas Airways. Nueve años después de los hechos por los que la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife pide cuatro años de cárcel para el constructor, Concepción asegura tener la conciencia “muy tranquila” y apela, “aliviado”, a la justicia: “Hay que creer y creo en la justicia”.
El caso que se juzga desde este lunes en la sección sexta de la Audiencia Provincial está directamente relacionado con el descuento en los billetes de avión del que disfrutan los residentes en Canarias. A juicio de la fiscalía, el presidente del CD Tenerife, como integrante del consejo de administración de Islas Airways, logró que la aerolínea se embolsara algo más de 3,4 millones de euros mediante la manipulación de los datos sobre el descuento de residente. En la comunicación en que la fiscal Jezabel Criado solicitó a finales de 2017 la apertura de juicio oral contra Concepción, el Ministerio Público sostiene que el empresario y sus dos hijas, que también estaban en el consejo de administración, pasaban al Ministerio de Fomento cantidades superiores a las que realmente se correspondían con la subvención, de modo que el Estado le ingresaba a la compañía aérea más dinero del que realmente debía. De esta forma, siempre según las conclusiones provisionales de la fiscalía, los acusados le estafaron al erario esos 3,4 millones entre los años 2008 y 2011. El Ministerio Público entiende así que se produjo un delito continuado de estafa agravada o, en su defecto, un delito continuado de fraude en subvenciones, caso para el que reduce la petición de cárcel a tres años.
Desde que el Ministerio de Fomento interpusiera en 2011 la denuncia que dio origen a la causa penal ante la Fiscalía General del Estado, Concepción no ha dejado de defender su inocencia. Ayer, en conversación con este diario, el empresario palmero dijo sentirse aliviado ante la apertura de juicio y confiado en una pronta resolución del caso. “Son muchos años esperando, así que es [el comienzo del juicio] hasta un alivio. Tengo total tranquilidad y espero que se resuelva pronto”, apuntó el presidente del CD Tenerife. “Quiero creer, hay que creer y creo en la justicia; mi conciencia está tranquila”, afirmó.
Datos
- 3,4 millones de euros: Al margen de la cárcel, la fiscalía pide que Islas Airways y los tres acusados, Concepción y sus dos hijas, indemnicen a Fomento por los 3,4 millones presuntamente estafados.
- 2008-2011 la presunta estafa: La estafa ocurrió, según la fiscalía, entre los años 2008 y 2011 mediante la manipulación de los datos sobre el descuento a los residentes canarios en los billetes de avión.
- 2011 la denuncia de Fomento: La denuncia de Fomento ante la Fiscalía General del Estado supuso el principio del fin de ‘Islas’. Concepción siempre ha dicho que detrás hubo una “campaña” en su contra.
- 3-4 años de cárcel: La fiscalía solicita de tres a cuatro años de cárcel para el empresario en función de si se aprecia un delito de estafa continuada (cuatro años) o un delito de fraude en subvenciones.
La contundencia con que Concepción lleva años defendiéndose es la misma con que la fiscalía viene sosteniendo sus acusaciones. En 2017, en las páginas de La Opinión de Tenerife y tras conocerse la petición de apertura de juicio oral del Ministerio Público, el fundador de la constructora Traysesa aseguraba que “en ningún caso” existió “dolo” en los hechos que se verán desde hoy en la Audiencia Provincial. El empresario achacó entonces las acusaciones en su contra a “una campaña de acoso y derribo” que, en 2012, habría desembocado en el cierre de Islas Airways. En el fondo, Concepción siempre ha atribuido sus problemas con la justicia a la compañía Binter, que en su día puso el caso en conocimiento de Fomento y también en su día competidora de Islas Airways en el mercado interinsular de pasajeros.
Por el contrario, la fiscalía considera que los tres acusados manipulaban la información que cada mes remitían a la Dirección General de Aviación Civil, la entidad dependiente de Fomento que se encarga de la gestión de las subvenciones a los residentes. “El método empleado por los acusados consistía en la manipulación de la información remitida [...] a través de los ficheros de vuelos, en los que hacían constar a sabiendas cantidades superiores a las realmente pagadas por los usuarios beneficiarios de la denominada subvención por residencia”, reza la comunicación en que la fiscal pidió la apertura de juicio.
En aquel momento, entre 2008 y 2011, el importe del descuento a los residentes para facilitar los desplazamientos entre las islas, que es la cantidad que Fomento reintegra luego a las aerolíneas, era de un 50% del precio del billete una vez aplicados los descuentos comerciales. El Ministerio Público argumenta que, sin embargo, Islas Airways liquidaba la subvención como si el viajero hubiera pagado el total del billete incluso en los casos de tarifas reducidas o especiales, como, por ejemplo, las que premiaban a quienes se desplazaban frecuentemente con la aerolínea.
Además de la pena de cárcel, la fiscalía pide por responsabilidad civil a los tres acusados y a la compañía una indemnización al Ministerio de Fomento por los, en su opinión, más de 3,4 millones estafados (64.449,19 euros en 2008, 98.575,33 en 2009, 428.014,86 en 2010 y 2.827.882,98 en 2011).
El precedente de la vía administrativa
El capítulo judicial que hoy comienza en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife no es el primero del caso Islas Airways. El 21 de marzo de 2018, el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación que la compañía aérea había presentado contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que efectivamente había apreciado el cobro indebido de subvenciones. De esta forma, el Alto Tribunal no solo dejaba claro que la aerolínea debía reintegrar algo más de 7,5 millones de euros en concepto de liquidaciones indebidamente percibidas entre noviembre de 2007 y marzo de 2011, sino que, además, cerraba definitivamente la vía de lo contencioso-administrativo (hoy se abre la penal). Los magistrados del Supremo rechazaron en su pronunciamiento todos los argumentos esgrimidos por la aerolínea en su recurso de casación, un recurso, cabe puntualizar, presentado en su momento por la administración concursal de la empresa, que había entrado en concurso voluntario de acreedores a finales de 2012 después de que se le bloquearan pagos a su favor por unos diez millones por las entonces sospechas de fraude. | M.Á.M.
