El empresario, propietario de Islas Air Ways y presidente del CD Tenerife, Miguel Concepción, no quiso ayer hacer ningún tipo de manifestación después de que su abogado defensor y los de sus hijas llegaran a un acuerdo con la fiscal, Jezabel Criado, para aceptar una pena de doce meses de prisión por un delito de estafa y reconocerse como el único autor de la estrategia para lograr ingresar dinero en las cuents de aerolínea de fondos públicos de forma fraudulenta, aprovehándose, para ello, de las bonificaciones para viajar otorgardas a los canarios para salvar la insularidad.
La petición de condena la formalizó el Ministerio Público durante la exposición de los informes finales, en la segunda y última sesión del juicio que se ha seguido contra Concepción y sus hijas Eloísa y Verónica, también administradoras de la compañía, por presunta estafa cometida en la gestión de Islas Airways, que en 2012 se declaró en concurso de acreedores. Cuatro peritos testificaron ayer y explicaron que, de los dos millones de pasajes remitidos por la aerolínea al Ministerio de Fomento para que se le reembolsara la parte subvencionada, se hizo un muestreo con 5.000 y el resultado se extrapoló al resto. El letrado de Binter, la acusación popular y denunciante del caso, se mostraron convencidos que en el desarrollo de su estrategia, eu duró varios años, los gestores de Islas Air Ways hubo un momento en que se creyeron “impunes”
Los hechos ocurrieron entre 2008 y 2011. Y el pasado lunes, Miguel Concepción admitió que era quien tomaba las decisiones, por lo que la fiscal rebajó la petición de condena de cuatro años a 12 meses por ese reconocimiento y porque hubo retraso en el proceso judicial.
La estafa consistió en cobrar a Fomento cantidades superiores a las que correspondían por la bonificación de las tarifas aéreas, que en los vuelos interinsulares eran en esos años el 50% del precio del billete.
Para la fiscal, se cometió un delito de estafa continuada agravada y también pide que los acusados abones los 3,4 millones que cobraron de más al Estado tras falsear los números de los volantes acreditativo.
Ayer declararon cuatro peritos que llevaron a cabo la investigación y quienes dijeron que, sin la colaboración de Islas Airways, no se puede saber con exactitud la cantidad que pagaron los pasajeros. Explicaron que durante el periodo investigado dicha compañía aérea emitió unos dos millones de cupones de vuelo, de los que se hizo un muestreo para conocer el alcance de la estafa. En base a ese cálculo la sobrefacturación la cuantificaron en algo más de 3,4 millones de euros. Según dichos especialistas, la denuncia que presentó la compañía aérea Binter, competidora de Islas Arways, fue importante para iniciar la investigación.
Las acusaciones particular y popular, ejercidas por la Abogacía del Estado y Binter, respectivamente, quieren que al delito de estafa se sume de forma alternativa el de fraude continuado en subvención, y elevan la cantidad dineraria a más de 7,4 millones de euros. El abogado de Binter comentó que, de no ser por esta empresa, no se habría descubierto el engaño y rechazó que haya atenuantes en un caso grave, porque también se cometió “creyéndose impunes”.
Los abogados de Concepción y sus hijas señalaron que se desconoce cómo Binter pudo saber que se había cometido el delito para presentar la denuncia y dijeron que no se trataba de subvenciones, ya que el beneficiario es el viajero y lo que hace la compañía aérea es recibir dinero por prestar un servicio. Además, citaron un acuerdo que hubo en un juicio por los mismos motivos que afectó a Air Europa con vuelos a Baleares, en el que también se llegó a una conformidad, pero en el que, remarcaron, no se condenó al consejo de administración.
Las defensas señalaron que han pasado más de ocho años desde que se presentó la denuncia, un retraso que no creen imputable a los acusados. Las acusaciones quieren que se tengan en cuenta acciones como la liquidación a Fomento de tarifas completas cuando en realidad el pasajero obtenía descuentos por programas de fidelización mediante puntos, así como sobre facturaciones por liquidar billetes de la tarifa más cara a pesar de que “ni siquiera habían sido pagados por el pasajero, por ser comisiones de servicio de empleados”.
