Frustración y hartazgo son las sensaciones que transmiten los representantes de la construcción cada vez que comparecen para relatar lo que podrían hacer contra la crisis económica causada por la pandemia pero que, sin embargo, no están haciendo. En esta ocasión, sindicatos y patronales del sector demostraron la sintonía que mantienen y comparecieron juntos para exigir una vez más a las instituciones de las Islas que sean cómplices de la creación de empleo y la recuperación económica, en lugar de retrasarla todavía más con su inacción. “No puede ser que las administraciones sean más estorbadoras que colaboradoras”, se quejó Óscar Izquierdo, presidente de la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco), que junto a la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas (Aecp), UGT y CCOO representaron ayer un frente común para exigir más inversión en obra pública y mayor celeridad a la hora de conceder las licencias.
“Sentimos mucha frustración porque sabemos lo que podemos dar en un momento muy complicado y difícil, en el que se confrontan economía y salud cuando no debería ser así”, explicó la presidenta de la Aecp, Salud Gil, que solicitó al Gobierno regional que declare a la construcción “un sector estratégico y esencial en el decreto ley de simplificación administrativa”. Un texto aprobado el pasado 10 de septiembre por el Consejo de Gobierno para cuya elaboración no se tuvo en cuenta a las patronales, tal y como se quejó Gil, que además recordó que llevan varios meses esperando a que el presidente canario, Ángel Víctor Torres, se reúna con ellos para establecer una hoja de ruta contra la crisis, todavía sin éxito.
“Las corporaciones incumplen sus plazos, hay miles de permisos sin dar”, se queja Izquierdo
La licitación de obra pública descendió un 42% entre enero y junio de este año, un porcentaje que llegó hasta el 62% en el caso del Gobierno de Canarias, cuyo nivel de ejecución presupuestaria en materia de inversiones fue sólo del 9,3% en el primer semestre. También las administraciones locales, mucho más activas que la regional en esta materia, decayeron por primera vez en su apuesta por la obra pública, con un 22% menos, mientras que en el caso del Gobierno central, este porcentaje cayó un 15%.
Este desplome en la inversión en obra pública conlleva que el sector de la construcción se vea negativamente afectado –la compra de hormigón ha caído un 47% y la de cemento, un 15%; las certificaciones de obra han descendido hasta un 71%, mientras que el desempleo aumenta un 17%–. Si estos malos datos se suman al brutal descenso de la actividad turística, la economía de las Islas queda gravemente tocada por su alta dependencia de ambas actividades.
“El binomio construcción-turismo es lo que funciona, es lo que ha provocado un crecimiento económico y social de Canarias único en su historia”, remarcó Izquierdo, que se mostró en contra de cambiar o diversificar el modelo productivo de las Islas. De hecho, el presidente de Fepeco recordó que sólo la construcción puede mantener y crear más empleo, por lo que exigió una Administración pública que funcione, que sea rápida y resolutiva, que solucione los numerosos problemas a los que se enfrentan los promotores y constructores tanto con las oficinas técnicas como a la hora de solicitar licencias a urbanismo. “Nada sale en tiempo y forma, ellos mismos incumplen sus propios plazos de licitación y hay miles de permisos sin otorgar”, criticó Izquierdo. La tramitación debería durar tres meses, pero la media se sitúa en los 18 meses y puede llegar a alcanzar los 28 meses, lo que motiva la fuga de muchos inversores extranjeros.
Sostenibilidad y vivienda
La agilización de los permisos fue uno de los puntos que en principio incluía el borrador del decreto ley de simplificación administrativa, un texto “mucho más ambicioso que el que finalmente se publicó”, tal y como explicó Salud Gil. En un primer momento, la norma incluía el visado de conformidad, es decir, que los técnicos que se encargan de los proyectos de obra podrían dar su visto bueno al expediente que se presenta, lo que agilizaría la concesión de licencias. Esta novedad, que se incluía en el citado decreto como una modificación de la Ley del Suelo, desapareció en el texto definitivo. Las patronales reclaman que se retome y, además, con carácter retroactivo, para así dar luz verde a las licencias que están pendientes.
Para dar alas al sector y a la recuperación económica, este cambio debería sumarse a la modernización de las instituciones a la hora de gestionar los expedientes administrativos, así como a la inversión en vivienda e infraestructuras sanitarias, viales, turísticas y educativas. Precisamente, en la potenciación de los servicios básicos incidió el secretario general de Comisiones Obreras (CCOO) en Construcción y Servicios de Canarias, José Manuel Ojeda, que resaltó que la inversión en colegios e institutos resulta esencial “para que los alumnos no tengan que dar clase en barracones”.
Salud Gil asegura que llevan meses esperando una reunión con Ángel Víctor Torres
Otro de los ejes se centra en la siempre omnipresente sostenibilidad. Ahora, también Europa apuesta por este tipo de actuaciones, centrando parte de sus recursos económicos en este ámbito a través del Pacto Verde y la Agenda Digital –dos proyectos previos a la pandemia–, que se centran en una ola de renovación inmobiliaria con criterios respetuosos con el medio ambiente. Esta apuesta no sólo beneficia a la obra nueva, sino también a la rehabilitación pública y privada, y vuelve a incidir en la unión entre turismo y construcción que tanto defiende el sector del ladrillo. “Podemos pasar de ser un destino turístico de referencia a nivel mundial a quedarnos en un mero espacio donde se pueden pasar unas vacaciones divertidas”, expuso Juan Carlos Pérez, secretario general de Fica-UGT en Canarias. Aunque el papel de motor económico del Archipiélago lo tiene bien asignado el turismo, Pérez puso sobre la mesa la necesidad de que la construcción ocupe el segundo puesto en cuanto a estabilidad laboral, para lo que hay que “eliminar el estigma que tiene este sector, pues parece que nadie quiere trabajar aquí a pesar de que es la actividad a la que hay que mirar desde hace tiempo”.
A la necesidad de incidir en la sostenibilidad se suma un ámbito especialmente sensible, la falta de vivienda. Actualmente, existen en Canarias 17.000 demandantes de hogar, cuando el Plan de Vivienda impulsado por el Gobierno canario apenas da respuesta a 4.400 personas. Por ello, desde la patronal se volvió a insistir en la necesidad de poner en marcha un plan de emergencia habitacional, que impulse la construcción público-privada de inmuebles. Además, apostaron de nuevo por dar facilidades a la rehabilitación. “Con 30 millones podríamos acondicionar 6.000 viviendas, lo que crearía 3,3 puestos de trabajo por cada una de ellas”, recordó Gil.
