El Gobierno ha acordado ampliar hasta el 31 de enero del 2021 la prohibición de realizar desahucios durante la crisis sanitaria y subidas “abusivas” en el alquiler de vivienda, medidas destacadas del denominado escudo social para paliar las consecuencias económicas de la crisis del Covid-19 en la población más vulnerable –aquellos que pueden demostrar una caída importante de sus ingresos por causa de la epidemia– que fueron aprobadas en consejo Consejo de Ministros enmarzo. El Ministerio de Transportes, Movilidad y genda Urbana destacó ayer que esa es la propuesta que se pretende llevar al Consejo.
Un vez reciba la luz, la prohibición de ejecutar lanzamientos se sustentará en las mismas condiciones marcadas el decreto-ley 14 de marzo, y se amplía otros cuatro meses, hasta el 31 de enero junto con la obligación de mantener los alquileres en sus actuales condiciones de cara a evitar subidas abusivas, de manera que no se podrán modificar los contratos que venzan durante este periodo.
También se prolongan las medidas sobre grandes tenedores de alquiler con más de 10 inmuebles urbanos, excluidos garajes y trasteros, o que sumen más de 1.500 metros cuarados alquilados. Tendrán que decidir entre quitas del 50% del precio del arrendamiento o una reestructuración de la deuda en, al menos, 3 años, como ya se aprobó en marzo.
El acuerdo para esta prórroga, a instancias de Unidas Podemos, ya está cerrado tras una negociación intensa entre los miembros del Ejecutivo de coalición. Además, continúan los contactos para sellar la extensión de otras medidas de protección a colectivos vulnerables, como la imposibilidad de cortar suministros básicos, una prioridad para la formación morada, informa Europa Press.
Ya en julio el vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, defendió dentro del Gobierno la necesidad de extender, al menos hasta el 2021, la prórroga de los contratos de los alquileres y la prohibición de ejecutar desahucios. Podemos y sus socios incidían en que estas medidas debían ser ampliadas al menos hasta el próximo año, para poder “seguir protegiendo a la población más vulnerable también después del estado de alarma”, del mismo modo que se están extendiendo los ERTE.
El documento que el PSOE y Unidas Podemos elaboraron sobre política social en la Comisión para la Reconstrucción que se creó en el Congreso ya contemplaba la necesidad de estas prórrogas. Sin embargo, en dicho documento no se especificaba fecha alguna.
La prórroga del escudo social aprobado en marzo para hacer frente a la crisis sanitaria finaliza mañana, mientras que la prohibición de ejecutar desahucios concluye el viernes. El Ejecutivo dio luz verde a las medidas sociales al principio del estado de alarma con varios decretos. Sin embargo, en julio aprobó tres paquetes de medidas para prorrogar hasta finales de septiembre la protección a los colectivos más vulnerables.
El Ejecutivo fijó en su primer paquete legislativo varios requisitos para considerar que se está en situación vulnerabilidad: estar en desempleo total o parcial en el caso de las personas físicas; y, en el caso de empresario y autónomos, acreditar una caída de ingresos o de facturación del 40%. También, en el caso de las familias, se exige que los ingresos mensuales no superarán tres veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem), que en el 2020 es de 587,8 euros.
