El Consejo de Ministros aprobó ayer prolongar los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor hasta el próximo 31 de enero. Hasta el 31 de enero sin excepciones a favor de ninguna Comunidad Autónoma, incluida Canarias. El borrador del real decreto-ley distribuido entre patronal y sindicatos no contiene la disposición adicional que permitiría prorrogar estos ERTE en el Archipiélago por más tiempo. Esta posibilidad sí se incluyó en el decreto de la primera prórroga, la que hizo posible extender este tipo de ERTE precisamente hasta hoy. Sin embargo, ha desaparecido del texto que ayer salió del Consejo de Ministros, con lo que la prolongación de la medida hasta Semana Santa, algo que Nueva Canarias (NC) viene reclamando con insistencia desde el mismo Gobierno regional, queda así en el aire.
No obstante, el presidente del Ejecutivo autonómico, Ángel Víctor Torres, valoró que el nuevo decreto haga suyas “todas” las propuestas que acordó en su última reunión el Consejo Canario de Relaciones Laborales, donde se sientan Gobierno, patronal y sindicatos. El Archipiélago, como la región más castigada por el coronavirus, será también la más beneficiada por la prolongación de los ERTE, especialmente los 83.500 trabajadores que aún siguen inmersos en estos expedientes temporales de regulación. Torres destacó la importancia de que estas personas vayan a seguir cobrando una prestación por desempleo que en todo caso será equivalente al 70% de su base reguladora. De no haberse aprobado esta última medida, estos trabajadores solo habrían percibido el 50% de la base reguladora a partir del sexto mes en ERTE.
Baleares sí ha conseguido que se atiendan sus peticiones sobre los fijos discontinuos
En cambio, la patronal entiende que el texto aprobado en el Consejo de Ministros se queda corto en lo concerniente a las Islas. Primero porque no da el mismo trato a los contratos temporales de las empresas canarias que a los contratos fijos discontinuos de las empresas baleares; y segundo, y sobre todo, porque no mantiene la posibilidad de extender los ERTE de forma extraordinaria en el Archipiélago dada su delicada situación socioeconómica.
Los ERTE por fuerza mayor, creados ad hoc para evitar que la destrucción de empleo por la pandemia fuera casi irreversible, en principio iban a durar hasta el 30 de junio. En mayo, un mes antes de la fecha inicial de caducidad, Coalición Canaria (CC), por medio de su única diputada en el Congreso, Ana Oramas, le arrancó al Gobierno de Pedro Sánchez el compromiso de mantener los ERTE en las Islas hasta la normalización del turismo. A cambio, CC apoyaría las sucesivas prórrogas del estado de alarma nacional. Sin embargo, el acuerdo acabó por traducirse en una disposición adicional que no contentó a los nacionalistas canarios pero sí al Ejecutivo autonómico. Fue el propio Ángel Víctor Torres quien in extremis logró que el decreto para la extensión de los ERTE hasta el 30 de septiembre, es decir, hasta hoy, dejara abierta la posibilidad de prolongarlos en el Archipiélago (y exclusivamente en el Archipiélago) más allá de esa fecha.
La condición de RUP
Para ello, la disposición adicional undécima establecía que el Gobierno central, teniendo en cuenta la condición de Región Ultraperiférica (RUP) de Canarias y lo que ello le acarrea por su lejanía e insularidad, “tendría en cuenta sus particularidades hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional”. Esa coletilla final (“hasta la reanudación del tráfico aéreo internacional”) no era lo pactado entre el Ejecutivo estatal y los nacionalistas de CC, que desde entonces siguen echando en falta una regulación específica para los ERTE en las Islas, pero el Gabinete autonómico sí vio positiva la disposición adicional porque efectivamente abría la puerta a la prórroga y, sobre todo, porque una normativa con rango de Estado reconocía las singularidades de Canarias como RUP. Con todo, los ERTE por fuerza mayor, que incluyen exoneraciones de hasta el cien por cien del pago de las cotizaciones empresariales, finalmente se han prolongado hasta finales de enero en todo el país, de modo que el Gabinete de Torres no ha tenido que invocar la susodicha disposición adicional. Eso sí, salvo que el Gobierno central haga una modificación de última hora, el Ejecutivo canario ya no tendrá disposición alguna que invocar cuando el 31 de enero caduquen de nuevo los ERTE. Sea o no un despiste del Ministerio de Trabajo y Economía Social, que timonea Yolanda Díaz, la disposición adicional undécima no aparece en el nuevo real decreto-ley. Es decir, los ERTE continuarán en el Archipiélago en la medida en que lo hagan en el conjunto del país, sin excepción que atienda las singularidades isleñas y se haga cargo del mucho mayor deterioro que la paralización del turismo está causando en las Islas.
Torres valora que el decreto haga suyas las propuestas de los agentes sociales del Archipiélago
“Nos queda la esperanza de que se corrija antes de publicarse en el BOE; si no es así, el Gobierno de España nos habrá engañado”, insistió el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara. El dirigente de la CCE dijo que la supresión de la disposición adicional undécima “clama al cielo” y se quejó por el hecho de que las empresas baleares puedan desprenderse de sus trabajadores fijos discontinuos mientras que las canarias no pueden hacer lo propio en el caso de los temporales. Una diferencia de criterio que entre el empresariado de la región se entiende como una concesión del Gobierno al poderoso lobby hotelero balear.
Manrique de Lara: “Si no lo corrigen, el Gobierno de España nos habrá engañado”
En cuanto a las novedades del decreto aprobado ayer, este incluye una nueva figura de ERTE para ayudar a sectores como el comercio y la hostelería en el caso de que sufran limitaciones de actividad por la pandemia. “Es un acuerdo de máximos que protege a todas las empresas y trabajadores de este país”, aseguró la ministra Díaz. De momento, la factura de los ERTE y de las ayudas a los autónomos, cuya prórroga también se aprobó ayer, se eleva a 22.000 millones de euros.
El Gobierno pretendía restringir los ERTE por fuerza mayor a los sectores más castigados, como es el caso del turismo, y mantener los denominados ERTE de rebrote para todas las empresas afectadas por las restricciones de actividad. La oposición de los empresarios a dejar fuera de la primera tipología de ERTE a otros sectores castigados por la crisis obligó al Ejecutivo a buscar alternativas para tratar de llegar a un acuerdo. Al final habrá tres tipos de ERTE, y en todos los casos los trabajadores cobrarán el 70% de la base reguladora.
NC ha insistido desde el Ejecutivo regional en que los ERTE deben durar hasta Semana Santa
Los ERTE de impedimento se aplicarán en negocios suspendidos por decisión sanitaria, como, por ejemplo, los del ocio nocturno. Los ERTE de limitación, en actividades limitadas en cuestiones como el aforo. Y a los ERTE por fuerza mayor pueden acogerse empresas de 42 actividades, principalmente del turismo, del transporte, del ocio y de la cultura. La exoneración del pago de cotizaciones será de entre el 100 y el 70% dependiendo del tipo de ERTE y de si la empresa tiene o no más de 50 trabajadores.
