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Las Islas recibirán a 442.000 peninsulares en invierno que no se someterán a test

Canarias plantea que se hagan las pruebas de salida a todos los turistas en hoteles y laboratorios privados ante la insistente negativa del Estado a ceder los aeropuertos

Turistas pasean frente a los bares y restaurantes en Playa de Mogán

El Gobierno regional sigue sin entender que el Estado exima a los pasajeros peninsulares que llegan al Archipiélago de la obligación de realizarse las pruebas del coronavirus. “Para muchos países resulta ridículo ofrecer corredores seguros hacia Canarias o Baleares mientras tienen vetada al resto de España si luego resulta que esas personas pueden coincidir de vacaciones en las Islas sin control previo”, le explica sin rodeos la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, a la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, en una carta enviada el pasado 7 de octubre. El riesgo de que la curva de la pandemia se dispare y, por lo tanto, el Archipiélago siga vetado por los Estados miembros no es baladí. En los meses de octubre, noviembre y diciembre, se prevé que lleguen más de 442.000 turistas peninsulares a las Islas, que no estarían obligados a realizarse la prueba del Covid a pesar de proceder de zonas de riesgo, según el protocolo ideado por el Ministerio de Turismo que tanto malestar ha creado entre los empresarios del sector.

En la carta enviada a la secretaria de Estado de Sanidad –una de las numerosas misivas que Castilla ha dirigido, sin éxito, a miembros del Gobierno central para hacerles entender la importancia de realizar las pruebas de coronavirus en destino–, Castilla no deja lugar a dudas sobre las consecuencias que tendrá dejar pasar a todos los peninsulares sin control. “Negar la posibilidad de evitar rebrotes controlando el acceso desde zonas con alto nivel de contagio, incluida España, y no aprovechar el uso de los puertos y aeropuertos canarios para los procesos de seguridad es condenar a Canarias al cierre turístico en invierno y a la quiebra de miles de empresas y familias”.

Extracto de la carta que Yaiza Castilla envió a la secretaria de Estado de Sanidad el 7 de octubre. LP/DLP

De nuevo, la consejera de Turismo vuelve a mostrar su incomprensión ante la oposición de Aena de permitir que los test de entrada y salida se realicen en los aeropuertos. “No entendemos la negativa reiterada a hacer uso de las instalaciones aeroportuarias siendo España y, en particular, Canarias una de las zonas con mejores infraestructuras de Europa”. Castilla no exige que sean el punto de testeo principal, pero sí “un refuerzo imprescindible para una mejor operativa, por imagen y por la seguridad de todos”, además de que insiste en que la realización de las pruebas rápidas no requiere una logística como la de los PCR que pueda complicar la operatoria de los aeropuertos. Ante la férrea oposición del Estado a la hora de aceptar que los aeródromos de las Islas puedan acoger estas pruebas, Canarias plantea la posibilidad de realizar los test de salida –desde 48 horas antes de la partida de los visitantes– en las zonas turísticas con la colaboración de los hoteles y laboratorios privados.

“No entendemos la negativa reiterada a hacer uso de las instalaciones aeroportuarias siendo España y, en particular, Canarias una de las zonas con mejores infraestructuras de Europa”, indica la consejera de Turismo, Yaiza Castilla.

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Pero, ¿y qué pasa con quienes llegan, si el Estado no se compromete a que los nacionales vengan con las pruebas hechas y tampoco permite que se hagan en destino? El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Blas Acosta, tiene una propuesta para solucionar este limbo. Se trata de asociar las reservas hoteleras con la obligación de realizarse un test que acredite que el cliente viene libre de coronavirus. “Con carácter previo a la formalización de la contratación de los servicios de alojamiento turístico en cualquiera de los establecimientos alojativos ubicados en las Islas, se informará de que entre las condiciones de acceso se incluye la de acreditar la realización en el plazo máximo de las 48 horas previas a la llegada al complejo bien de un test de antígenos bien de una PCR o test equivalente, que acredite que el cliente no ha dado positivo en Covid en dichas pruebas”, recoge literalmente la propuesta de Acosta.

La negativa a realizarse el test implicaría automáticamente la denegación de la admisión y entrada en el establecimiento. Además, 24 horas antes de abandonar Canarias estos turistas podrían optar por someterse en el hotel a una nueva prueba y llevarse el certificado de su resultado a su país de origen. Para ejecutar esta iniciativa, el socialista propone hacerlo a través de la vía del Decreto Ley por razones de urgencia y necesidad, y en ejercicio de las competencias autonómicas en materia de sanidad, turismo, actividades clasificadas y espectáculos públicos y protección del usuario y del consumidor.La Comisión de Industria y Turismo del Senado aprobó que se establezcan puntos de testeo del Covid-19 en los aeropuertos de Canarias, dependientes de la red de Aena, o en aquellos espacios que se definan entre las administraciones como fórmula para que el destino gane en seguridad y competitividad frente a otros destinos. En una enmienda defendida por el nacionalista Fernando Clavijo a una moción del PSOE, este advierte que el Gobierno central debe poner en marcha los test “de forma rápida e inmediata” para que las Islas puedan salvar la temporada turística de invierno y evitar así ahondar en la gravísima crisis que atraviesa. “Cada día que pasa sin esos test”, señaló el senador, “es un día en que se pierden puestos de trabajo, se cierran empresas y se incrementa la pobreza” y recordó que la UE no prohíbe la realización de esas pruebas en la entrada a los territorios “como han demostrado otros destinos turísticos competidores de Canarias que sí los han instalado”. Así, recordó que cada día que no se toman medidas para garantizar la pervivencia del turismo Canarias pierde 45 millones de euros “y el daño en empleo y riqueza que eso provoca en las islas se mide en miles de empleos perdidos”. La enmienda defendida por CC recogía tanto la petición reiterada del Gobierno de Canarias como la de patronales y agentes sociales que han manifestado desde mayo que esa medida es vital para las Islas.

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