El Centro Registral Antiblanqueo de capitales (CRAB) de los Registros de la Propiedad y Mercantiles y Bienes Muebles detectaron en Canarias un total de 460 operaciones que activaron la alarma del sistema durante el primer semestre del año. El Archipiélago se sitúa como la sexta comunidad autónoma con mayor número de casos sospechosos de la citada base de datos, por detrás de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia y Baleares.
La función principal del CRAB es intensificar y canalizar la colaboración de los registradores con las autoridades judiciales, policiales y administrativas responsables de la prevención y represión del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, sin perjuicio de la responsabilidad directa de los registradores. Se buscan con ellos dos objetivos: reducir la carga de trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera; y eximir de responsabilidad a los registradores que detectan una posible operación sospechosa de blanqueo y la comunican, así como apoyar en el cumplimiento de sus obligaciones legales.
En el caso del Archipiélago, entre enero y junio, los registradores mercantiles y de bienes muebles detectaron 215 casos en la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 107 en la de Las Palmas. En esta última 101 actuaciones resultaron muy extrañas, así como otras 37 en Santa Cruz de Tenerife.
En el análisis del país al completo, se ha producido una ligera reducción en el número total de alarmas en el primer semestre del 2020 respecto al mismo periodo del año pasado; de forma concreta, ha habido 1.260 episodios menos, que coincidió con el evidente frenazo económico registrado a raíz de la pandemia. Si en la primera mitad del 2019 se contabilizaron 15.690 alarmas, entre enero y junio de este año hubo 14.430.
A lo largo de todo el año pasado, el Centro Registral Antiblanqueo sumó 31.798 operaciones sospechosas. En el 2019, 11.769 episodios fueron activados en registros de la propiedad y 20.029 en los mercantiles y de bienes muebles.
Creación del CRAB
El 16 de noviembre del 2015 se publicó la orden 2.402/2015 de 11 de noviembre por la que se creaba el órgano centralizado de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles. Y el 16 de marzo entró en vigor. Está asentado en tres unidades operativas. Una de ellas es la unidad de análisis, encargada de estudiar los casos y preparar informes, así como la revisón activa de las alertas generadas; además de preparar las respuestas a los requerimientos de información de las autoridades. Otra es la Unidad de Evaluación Interna , que soluciona dudas de procedimiento y otras consultas. Y la tercera es la Unidad de Formación, que ofrece formación continua de más de 1.000 registradores y de los empleados de los registros, lo que posibilita un mayor conocimiento de la materia y una mejor aplicación práctica de la normativa.
Cuando el registrador detecta una operación sospechosa, efectúa un análisis previo a la alarma y la envía al CRAB. Cuando este órgano recibe el aviso, lo primero que hace es comprobar determinados extremos, como, por ejemplo, si hay vinculaciones con intervinientes en otras operaciones comunicadas en el resto del país; conexión con operaciones realizadas en otro tipo de registro diferente del comunicante o cruce de información con investigaciones abiertas por jueces o policías. A la vez, se contrasta con los índices y las bases de datos registrales y con el Registro de Titularidades Reales. El resultado de las primeras pesquisas puede derivar en la apertura de un informe de análisis especial o el descarte de dicha operación, que nunca es definitivo, ya que nuevas informaciones remitidas pueden dar lugar a la apertura del expediente. Los elementos que influyen para detectar casos sospechoos de blanqueo son, entre otros, el uso de medios de pago opacos, vínculos con paraísos fiscales y las alteraciones de valor de una sociedad limitada tras una ampliación de capital.
