El Gobierno regional aprobará esta próxima semana por medio de un decreto ley la modificación de la Ley 7/1995, de 6 de abril, de Ordenación del Turismo de Canarias. Salvo imprevisto, el Ejecutivo volverá así a echar mano de este tipo de fórmula legal para acelerar los trámites todo lo posible. No en vano, el decreto ley, que se introdujo en la última reforma del Estatuto de Autonomía y que el Gobierno ha utilizado de manera profusa en los últimos meses (hasta en 17 ocasiones según denunció el PP), obliga a la Cámara autonómica a convalidarlo o derogarlo en el plazo máximo de un mes desde su publicación oficial. De este modo, y con la garantía que le da al Ejecutivo la mayoría parlamentaria de los partidos del Pacto de las Flores, los cambios en la ley turística podrían estar en menos de 30 días.
El Gabinete apela a motivos económicos y sanitarios para sacar adelante esta reforma exprés. En concreto, el Gobierno esgrime el peligro para la salud de los canarios y el riesgo de saturación de la Sanidad que conllevaría la importación de nuevos casos de la Covid-19 por los turistas. Además, aduce el daño económico por la pérdida de actividad turística.
