Las primeras rentas de ciudadanía se empezarán a abonar a finales de 2021

La titular de este departamento del Ejecutivo regional, Noemí Santana, ha informado este miércoles, en su presentación en rueda de prensa, que esta iniciativa legislativa se aprobará en el último cuatrimestre del próximo año, ejercicio en el que se le dotará con 45 millones de euros para que pueda ayudar a unas 40.000 familias y a unos 2.000 jóvenes extutelados o emancipados de entre 18 y 23 años.

"Cumplimos con el compromiso de este Gobierno desde el día en que se firmó el Pacto de las Flores, con el Estatuto de Autonomía y con la ciudadanía canaria", ha aseverado Santana, quien ha recalcado que, a diferencia de otras comunidades autónomas, que han preferido "no hacer nada" y esperar al Ingreso Mínimo Vital que promueve el Estado, el Ejecutivo regional ha optado por habilitar, para 16.000 familias, el ingreso canario de emergencia en este período transitorio, en el que también sigue vigente la Prestación Canaria de Inserción (PCI), que perciben 8.000 núcleos de convivencia.

Tanto la consejera como la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, han subrayado que el derecho a la renta de ciudadanía se concederá por un período de 12 meses "y se mantendrá hasta que la situación de exclusión social persista", a diferencia de la PCI, que se concede por un plazo máximo de 24 meses.

Ambas han detallado que esta renta complementará los ingresos que reciban los potenciales perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que se calculan en 40.000 familias del archipiélago, y llegará también a jóvenes extutelados o emancipados a los que no cubra esta ayuda estatal, que se estiman en unos 2.000.

Martínez ha explicado que este anteproyecto de ley, que se consensuará con entidades del Tercer Sector y corporaciones locales e insulares, además de someterse al filtro del CES y el Consejo Consultivo, establece tres modalidades de ayudas, en función de la existencia o no de ingresos en la unidad de convivencia: la renta de ciudadanía para la inclusión y protección social, la renta de ciudadanía para la inclusión social de jóvenes y la renta de ciudadanía complementaria de ingresos de trabajo.

También reconocen tres complementos, de vivienda, educación y pensiones no contributivas, que se desarrollarán a través de un reglamento específico.

La renta canaria de ciudadanía es una ayuda de carácter personal, nominativa e intransferible, que tiene carácter subsidiario y complementario de las pensiones y de otras prestaciones económicas que pudieran corresponder a los miembros integrantes de la unidad de convivencia de la persona solicitante, sean del sistema de la Seguridad Social o de cualquier otro régimen público de protección social.

Su cuantía mensual vendrá determinada por la diferencia entre la cuantía base y el conjunto de todas las rentas, prestaciones e ingresos de las persona beneficiarias.

Para poder acceder a esta ayuda, el solicitante tendrá que ser integrante de una unidad de convivencia en los términos establecidos en la ley; estar empadronado en las islas durante un mínimo de doce meses de manera continuada, o tener residencia efectiva de cinco años de manera continuada o interrumpida y acreditar la solicitud del Ingreso Mínimo Vital.

Además, ha de estar inscrito como demandante de empleo en el Servicio Canario de Empleo; no residir de forma permanente en centros o establecimientos de titularidad pública donde se encuentran cubiertas las necesidades básicas de subsistencia; ser mayor de 23 y menor de 65 años y carecer de recursos económicos suficientes.

El anteproyecto prevé algunas excepciones con respecto a algunos de los requisitos generales de acceso, como en el caso del empadronamiento y la edad, cuando se trate de colectivos especialmente vulnerables: mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de explotación sexual o trata, víctimas de violencia en el ámbito familiar, personas sin hogar, personas emigrantes canarias retornadas, personas refugiadas o familias con menores a cargo.

Santana y Martínez han resaltado que para agilizar el procedimiento de solicitud de esta renta, trámite que se pretende resolver en tres meses, el interesado podrá presentarla de manera telemática, pero también podrá ser asistido por los servicios sociales de su municipio cuando no disponga de los medios electrónicos necesarios.

Noemí Santana ha manifestado que esta iniciativa, cuya materialización por parte de Derechos Sociales precisará que esta Consejería pueda contar con listas abiertas para reforzar su deficitaria plantilla, busca dar "certidumbres" a la población canaria más vulnerable, el 35 % del total, en un momento de crisis sanitaria mundial.

"La respuesta que se está dando a esta crisis económica derivada de la covid-19 es muy diferente a la que se dio en 2008, cuando se rescató a bancos, no a personas", ha aseverado.