Los constructores canarios acusan a la Administración de minar su actividad

Las empresas de la construcción canarias han llamado a la “responsabilidad” a las administraciones del Archipiélago ante la “inmoralidad” que, en su opinión, supone dejar en manos de mercantiles estatales la licitación de la obra pública en las Islas. Según explicó Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios Constructores y Promotores (AECP), patronal del sector en la provincia de Las Palmas, esa práctica se traduce en dejar fuera de las adjudicaciones a un buen número de empresas que operan en las Islas.

“Lo que es legal se convierte en inmoral cuando se consigue burlando las normas, que no incumpliéndolas”, explicó la AECP en un escrito. La Ley de Contratos del Estado impide a la Administración echar mano de empresas públicas para satisfacer su demanda de servicios. La norma intenta evitar así que se genere una situación de competencia desleal con respecto al ámbito privado.

Sin embargo, hay espacio para “triquiñuelas” que permiten la entrada “por la puerta de atrás”, siempre según la AECP. Las administraciones sí pueden recurrir a estas mercantiles públicas si son recursos propios. ¿Cómo logran que así sea? “Compran una acción de la empresa”, afirma Salud Gil. La organización que preside sostiene que la empresa pública Tragsa “viene actuando en Canarias, amparada en este perverso comportamiento, ejecutando directamente obras por valor de más de cien millones de euros en los últimos años” y añade: “Lo que es legal se convierte en inmoral”.

La última gota de un vaso que los constructores consideran colmado la puso la firma de un convenio entre el Cabildo de Tenerife y la mercantil pública Acuaes, “que licita obras millonarias en materia de obras hidráulicas”, apuntan los constructores de Las Palmas. “Al final acabamos haciéndolas nosotros como subcontratas, ya está bien de ponernos la cuerda al cuello”, enfatiza la presidenta de la patronal sectorial.

“Ya está bien de ponernos la cuerda al cuello”, clama la presidenta de la AECP

Esa afirmación la realiza tanto por las “bajas desproporcionadas” que el doble paso provoca en el precio final de licitación, como por todas aquellas obras que estas empresas públicas “ejecutan directamente”. Pero hay más agravios en el relato que pone sobre la mesa Salud Gil. Esas dos quejas les caben a las compañías que al menos tienen una opción de concurrir a la licitación. Otras, las que tienen una calificación que les permite presentarse solo a los concursos de Canarias, ven pasar de largo las oportunidades.

Las constructoras que aspiran a realizar obras civiles deben reunir una serie de requisitos. Las administraciones evalúan sus capacidades y extienden los pertinentes permisos. Hay empresas que tienen todo el territorio nacional como horizonte para el desarrollo de su labor y hay otras que, ya sea por tamaño o estrategia, deciden circunscribirse al territorio del Archipiélago. ¿Qué ocurre cuando la licitación se deja en manos de dos empresas dependientes de la Administración estatal? “Del Ministerio de Agricultura”, concreta Gil. Tragsa y Acuaes exigen clasificaciones nacionales, con lo que “dejan fuera del concurso a la mitad de las que operan aquí”, continúa la presidenta de la AECP.

“Me parece indecente y vergonzoso que se dediquen a cubrir su incapacidad de este modo, bordeando la legalidad”, lamenta la presidenta de los constructores de Las Palmas sobre el “supuesto modo que tienen de agilizar los trámites” algunas instituciones públicas de las Islas. En su opinión, no tiene sentido actuar de esta manera cuando existen soluciones que evitarían esta situación de desigualdad.

“Es tan sencillo como que, si no son capaces de hacer el trabajo que tienen que hacer, externalicen la elaboración de los pliegos pero que sean las propias administraciones las que liciten”, apunta Salud Gil. Es decir, si no hay manos o tiempo suficiente para abordar el ingente papeleo, contratar a una empresa que lo realice, pero sin perder todo el control de la convocatoria de obra pública.

Las principales perjudicadas son las empresas que pueden concursar solo en las Islas

“Siempre cabe esperar sentido común de nuestros gobernantes, siempre cabe esperar eficacia y siempre cabe esperar sensibilidad para garantizar, en términos de legalidad, la legítima participación de las empresas que operan en nuestro territorio”, señala la AECP. Gil incide en que esta afirmación tiene más valor en el actual momento de crisis derivada de la pandemia global de coronavirus.

“Estamos fuertes”, asegura Gil sobre la capacidad que tiene el tejido empresarial que comanda para afrontar un repunte de trabajo. La obra pública y, por tanto, la construcción se ha señalado como uno de los sectores a través de los cuales se podrá contener el golpe que va a sufrir el mercado laboral. Sin embargo, Salud Gil asegura que ese binomio hasta la fecha no ha arrancado. “El consumo de cemento está en negativo y, hasta septiembre la caída de las licitaciones en la Administración estatal es del 80%, y del 60% en la comunidad autónoma”, afirma.

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