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Espaldarazo de Bruselas a Canarias: las PCR para turistas no son necesarias

El Ejecutivo regional redobla la presión sobre Illa para que dé el sí a los test de antígenos

Dos turistas alemanes a su llegada al aeropuerto del sur de Tenerife.

Dos turistas alemanes a su llegada al aeropuerto del sur de Tenerife.

Canarias ha encontrado aliados en Bruselas en la reclamación al Gobierno central para que el resultado negativo de un test de antígenos sea suficiente para que el turista pueda disfrutar de sus vacaciones en las Islas. Frente al empeño del Ejecutivo de Pedro Sánchez en imponer la obligatoriedad de la PCR —cuyo coste puede llegar a 150 euros—, tanto la Agencia Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) como el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDE) han desaconsejado a los Estados Miembros no solo la imposición generalizada de cuarentenas, sino incluso la realización de test de coronavirus a quienes se desplacen dentro del territorio de la UE. De este modo, los dos organismos comunitarios van incluso un paso más allá de lo que Canarias viene exigiendo al Estado, ya que la Comunidad Autónoma no pide que se exceptúe a los turistas que viajen al Archipiélago de la obligación de acreditar que están libres de la enfermedad, sino que para ello sea suficiente con un test de antígenos, más rápido y más económico que la PCR.

El Ejecutivo que preside Ángel Víctor Torres redobló en las últimas 24 horas la presión sobre el Gabinete de Sánchez. O más bien sobre el ministro de Sanidad, Salvador Illa, que es quien se opone a que las Islas sean una excepción dentro del territorio nacional por más que de facto lo sean por su condición de Región Ultraperiférica (RUP). Es ese, el estatus de RUP que Europa le confiere a Canarias, uno de los principales argumentos con que el Gobierno autonómico, encabezado por la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y por el propio Ángel Víctor Torres, lleva semanas intentando convencer a Madrid de que el Archipiélago puede servir a modo de proyecto piloto para validar la efectividad de los test de antígenos. No en vano, lo que está en juego es la economía misma de la región, y con ella decenas de miles de puestos de trabajo. “Si no tenemos turismo, tendremos hambre”, ha llegado a decir el presidente regional.

Por si las presiones sobre Illa no surten efecto, el Consejo de Gobierno de Canarias verá hoy qué posibilidades tiene la Comunidad Autónoma de adoptar la vía unilateral. Lo cierto es que una región no puede actuar en contra de las disposiciones del Estado, pero no es menos cierto que la Consejería de Turismo ya fue capaz de encontrar un subterfugio legal en la regulación del derecho de admisión para conseguir que los turistas lleguen con un test bajo el brazo si quieren quedarse en un hotel, con lo que en el Ejecutivo van a escrutar todas las opciones. No obstante, la intención sigue siendo convencer al ministro para que asuma la excepcionalidad del Archipiélago. En este sentido, las dificultades no solo son sanitarias, sino también políticas, ya que en el Gobierno central temen que abrir la mano en el caso de las Islas sea usado como casus belli por otras comunidades autónomas, con la Madrid de Isabel Díaz Ayuso en el centro de las miradas.

En esta incertidumbre, la comunicación conjunta de la EASA y la ECDE supone un inesperado apoyo a las tesis de Canarias. Ambos organismos europeos aseguran que el riesgo de contagios entre los pasajeros de avión es “mucho menor” que entre la población. Los expertos comunitarios han advertido que los casos importados de la Covid-19 representan “una muy baja proporción” sobre el total, hasta el punto de que ven “poco probable” que la tasa de contagios pueda crecer por esta vía. “Se estima que la prevalencia del coronavirus en viajeros es probablemente menor que la de la población en general o entre contactos de casos confirmados”, reza el documento de recomendaciones de la EASA y la ECDE, un documento que, cabe insistir, no es vinculante, aunque sí tiene el respaldo de la Comisión Europea. En definitiva, Bruselas aconseja a los Gobiernos nacionales que los viajeros “no sean considerados población de riesgo ni tratados como si hubieran estado en contacto con personas infectadas”.

De hecho, se da la circunstancia de que los test rápidos de antígenos que pide Canarias cuentan con las bendiciones de las autoridades comunitarias. La negativa de Illa a excluir al Archipiélago de la norma general choca así con el parecer de Bruselas; es más, en este sentido es la misma normativa estatal, en lo de considerar como prueba válida solo la PCR, la que choca con el parecer de las instituciones supranacionales, que ven igual de fiables los test rápidos.

También Iberia, la pata española del grupo IAG, se sumó a las voces que exigen más flexibilidad a los Gobiernos estatales. En realidad, las peticiones de Iberia coinciden punto por punto con las del Ejecutivo canario: el establecimiento de corredores seguros y generalización de los test rápidos de antígenos.

Canarias también ha pedido al Estado que exceptúe a los niños menores de seis años de la obligatoriedad de la prueba. La normativa estatal solo hace la excepción en el caso de los menores de tres, con lo que se da la paradoja de que un niño de cinco años, que no está obligado a llevar mascarilla, sí lo está a someterse a una prueba que puede resultarle incómoda (se ha de introducir un palito en la nariz o la garganta). El asunto no es baladí, ya que eran alrededor de 2,7 millones de turistas los que cada año venían con hijos a las Islas en el mundo prepandemia.

Mientras, los datos siguen siendo dramáticos. Canarias recibió en octubre a 136.896 turistas extranjeros, un 88% menos que hace un año, lo que se traduce en una caída de la facturación de un 88,9% (el gasto turístico se quedó en unos exiguos 158 millones).

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