La Asociación de Organizaciones de Productores de Plátanos de Canarias (Asprocan) estudia la vía judicial para paralizar la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria aprobada esta semana por el Senado. Entiende que sin una "excepción para el plátano" se pone en jaque su futuro.
El presidente de Asprocan, Domingo Martín, apuesta de momento por seguir luchando “en la vía política, con la negociación con el Gobierno”, pero hace hincapié en que “no echamos a un lado hacer prospecciones jurídicas para ir en contra de esta Ley, porque entendemos que tenemos argumentos de sobra”. En declaraciones a Cope La Palma, Martín recordó que esta Ley se aprobó en 2013 con la pretensión de que “la relación entre productores y distribución no fuera injusta y poniendo normas para proteger al agricultor”. Si bien “pasó desapercibida porque la verdad es que no se estaba aplicando”. Una situación que cambió cuando “aparecieron por la puerta de muchas empresas inspectores de Madrid para comprobar la aplicación de la Ley”. Según Martín el cometido de la norma “era positivo, pero cómo lo perseguía era absurdo”.
A principios de 2020, a raíz de las protestas en diferentes puntos del país, “el Gobierno quiso resolver la problemática con un decreto de urgencia para cambiar algunos aspectos de la ley ”. “Pero para nosotros lo que ha hecho es aumentar los costes para el agricultor, provoca menos ingresos y, lo que es más grave, asigna un precio mínimo de venta” todas las transacciones y todas las categorías de plátanos que les resta competitividad en el mercado frente a la banana de fuera de la Unión Europea.
Sin la excepción a la que se negó el PSOE se pone en peligro el 30% de la producción
El presidente de Asprocan revela que su organización realizó estudios sobre las consecuencias económicas que provocará la aplicación de los cambios impulsados por el Ministerio de Agricultura y aprobados el miércoles en el Senado gracias al voto particular del PSOE. En esos informes, “que le enviamos al Ministerio y a la Consejería regional”, se establece que está en peligro el 30% del plátano que se produce en las Islas, lo que supone una cifra aproximada de 100 millones de kilos que “tienen que quedarse aquí y no pueden comercializarse”.
Asegura que se alertó de las consecuencias desde mayo a Madrid y al Ejecutivo regional “y en reiteradas ocasiones”. Los daños estimados por parte del sector “en ningún momento han sido rebatidos con datos.
Martín apunta que el suyo “siempre ha sido un sector responsable, que representa a miles de familias y un movimiento económico que no puede estar al criterio discrecional de los responsables públicos de cada momento” y que, por tanto, “necesita una solución que aporte garantía jurídica. De ahí que la única vía abierta fuera la excepcionalidad” rechazada por el PSOE pese a que se había logrado antes de la votación el sí de la mayoría de los partidos.
