Aún es pronto para conocer el verdadero impacto económico y social de la pandemia. De momento, ya hay señales que apuntan a un aumento de la desigualdad y la pobreza, con una mayor incidencia sobre los jóvenes y las mujeres. Al mismo tiempo, la pandemia ha aflorado ejemplos de empresas que han puesto sus capacidades al servicio de las necesidades sociales; incluso, en el sector financiero, cuya reputación salió tan dañada de la crisis financiera anterior.

Como ha puesto de relieve un reciente informe del Observatorio Empresarial para el Crecimiento Inclusivo (OEPCI), "existe un consenso relativamente generalizado de que la crisis social y económica provocada por la pandemia ha despertado también la urgencia por desarrollar algunas políticas, adaptar modelos de negocio con impacto social o diseñar productos y servicios de forma que ayuden a los diferentes grupos de interés: desde los clientes hasta los proveedores o consumidores finales".

Y todo ello, sin renunciar al beneficio económico, sino al contrario. "Cada vez más empresas demuestran que buscar un impacto social positivo conlleva nuevas oportunidades de negocio", subraya el estudio impulsado por la fundación Codespa, apuntando en la dirección del llamado 'capitalismo inclusivo'.

¿Concepto contradictorio?

La responsabilidad social de la empresa no es algo nuevo, pero si hubiera que buscar un momento fundacional para el concepto de capitalismo inclusivo, tal vez se podría situar en mayo del 2014, en Londres, con ocasión de la Conferencia para un Capitalismo Inclusivo organizada por Lady Lynn de Rothschild, auténtica impulsora de esta idea. Esta ex ejecutiva de telecomunicaciones, casada con un descendiente del linaje bancario de los Rothschild, creó el foro 'Capitalismo inclusivo' para promover la visión de que las empresas deben dejar de tener su foco exclusivo en el beneficio para accionista.

En aquella cita, la entonces directora del FMI, Christine Lagarde (hoy presidenta del BCE), reflexionó sobre el alcance de la expresión 'capitalismo inclusivo' y se hizo una doble pregunta: "¿Es un concepto contradictorio? ¿O es la respuesta que, en contra de lo que pronosticaba el marxismo, permitirá que el capitalismo se reinvente y sobreviva?". Lagarde se abonó al segundo punto de vista. El capitalismo financiero de 'El lobo de Wall Street' (película de Martin Scorsese, 2013) y su estallido en la Gran Recesión del 2008 habían dejado un reguero de desigualdad e ira contra la élite política y económica.

Lagarde habló de la desigualdad social y de la, a su juicio, bien merecida pérdida de reputación que se había ganado el sector financiero por sus excesos. También se refirió a "la exclusión de la mujer, el desprecio por el medio ambiente y la responsabilidad social de las empresas". Y advirtió de la necesidad de un cambio en las reglas del juego, favoreciendo a la mayoría y no solo a unos pocos, "premiando una participación amplia (en los beneficios del capitalismo), frente al clientelismo limitado".

Nuevo pacto social

En definitiva, Lagarde estaba llamando a una reinvención del capitalismo a vida o muerte, de dimensiones similares a la que ya se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, cuando se fraguó el gran pacto social por el estado de bienestar. Una nueva reinvención capaz de alejar a las democracias occidentales del populismo y de la fractura del descontento social (que tomó forma en Francia en el movimiento de los chalecos amarillos, en 2018), como también propugna el Foro Económico Mundial, la cumbre capitalista de Davos.

El economista Antón Costas explica que el nuevo pacto social que se demanda debe fraguarse, sobre todo, en el ámbito de la empresa, con una mayor distribución de su valor añadido (a favor de empleados, clientes, proveedores y sociedad en general) y un menor impacto sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Aquí entra la lucha contra la precarización del empleo. También, desplazar el foco desde el accionista hacia el cliente, aunque solo sea porque la satisfacción de éste es la mejor garantía para el dividendo sostenible.

Esta propuesta de pacto social además incluye el fortalecimiento de los ingresos del Estado (vía impuestos) para favorecer políticas públicas a favor de la incorporación laboral de la mujer, contra la pobreza y en apoyo del colectivo con mayor riesgo de quedarse en el camino: los jóvenes. Y la pandemia -según Costas- no ha hecho sino acelerar la exigencia de este nuevo pacto social reinventor del capitalismo.

Empresarios

En octubre del 2019, la patronal catalana Foment del Treball, que preside Josep Sánchez Llibre, presentó su informe 'Por un nuevo pacto social. Ante los retos del capitalismo y la democracia' que, entre otras propuestas, incluía aumentar el salario mínimo, evitar los abusos en la externalización laboral e introducir una renta básica (en la línea del nuevo ingreso mínimo vital que luego ha precipitado la pandemia).

"La desigualdad excesiva, la precariedad de muchos puestos de trabajo y los salarios bajos son un factor de inestabilidad y pueden poner en riesgo el crecimiento económico", decía el informe. "Muchos pequeños empresarios no sienten como propio un sistema que premia al accionariado y altos directivos de grandes corporaciones, frente a la figura del empresario que dedica su vida y compromete su patrimonio en un proyecto a largo plazo", añadía. Este tipo de reflexión empresarial se está haciendo en todo el mundo.

En agosto del año pasado, la 'American Business Roundtable' (BR) -donde participan directivos de empresas como Amazon, Apple, Coca-Cola, Goldman Sachs, Boeing o Exxon- redefinió el propósito de la empresa, centrado, hasta ahora, en maximizar los beneficios para sus accionistas. En un comunicado afirmó que a partir de ahora tendrían en cuenta también los intereses de sus trabajadores, de sus consumidores y las comunidades donde operan.

Desde el punto de vista sindical, sin embargo, persiste la desconfianza. "Hasta ahora todo son palabras huecas", dice el secretario general de UGT, José María Álvarez. "El capitalismo solo piensa en producir lo máximo posible con el mayor rendimiento y en la cuenta de resultados", añade. "El medio ambiente le preocupa (al empresariado) cuando va a su casa y enciende la luz pero no cuando está produciendo", denuncia. Y sobre la igualdad de género y la mejora de los salarios, "estoy viendo cada día lo que pasa en nuestra negociación con las patronales y por eso hay cosas que no me creo".

Y remata: "Yo no reniego del capitalismo inclusivo. Suena bien. Pero mientras, está la precarización extrema de los riders".

Algo está cambiando

En esta misma línea, el último informe de la oenegé Oxfam Intermón ha vuelto a poner de manifiesto las prácticas de elusión fiscal de estas compañías (a través de paraísos fiscales y territorios de baja tributación), la persistente brecha salarial de género y la enorme distancia entre los sueldos del primer ejecutivo y la media de la plantilla. Pero el propio informe certifica una tendencia a la baja en estos comportamientos y valora las iniciativas de estas compañías durante la crisis sanitaria.

"Puede ser una señal de que algo está cambiando", afirma. Algunas de las empresas completaron los sueldos de sus trabajadores en ERTE y otras redujeron la remuneración de sus directivos, como medida ejemplarizante. Además existe un movimiento empresarial creciente en España y en Europa en torno a lo que se conoce como 'economía del bien común', 'empresas por el triple balance' (económico, social y ambiental), la economía solidaria, o el modelo de las llamadas 'B-Corps', con sus propios distintivos, que, desde el punto de vista de Oxfam avanzan hacia el nuevo modelo que impone el capitalismo inclusivo.

El reto de medir el impacto social

Lo que no se mide, no se conoce y no se puede mejorar, según la célebre máxima acuñada por el padre el management, Peter F. Drucker. Desde este punto de vista, urge poder medir la contribución de la empresa a los objetivos 'ASG' (ambientales, sociales y de gobierno) que están en la esencia del capitalismo inclusivo, pero no es fácil. Hay diferentes intentos. Alguno de ellos, desde la OCDE. También se busca su medición a partir de los indicadores que las cotizadas van configurando poco a poco en sus reportes de información no financiera, como revela el tercer estudio de EY sobre esta materia.

Las grandes cotizadas informan en estos reportes sobre cuestiones ambientales, impacto social y de talento (incluida la brecha salarial de género), derechos humanos, medidas de lucha contra la corrupción y el soborno y compromiso con las Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, el auténtico 'catecismo' de la economía inclusiva. Sin embargo, los indicadores que usan unas y otras compañías no siempre son homologables, ni medibles, ni comparables. La fundación Codespa está impulsando el proyecto 'Prosper4ALL', a modo de herramienta de medición del impacto social en empleados, proveedores, consumidores y comunidades locales que, además permita otorgar algún tipo de distintivo a las empresas que asumen estos compromisos.