Economistas, asesores fiscales y abogados vienen alertando desde el mes de abril de la necesidad de adaptar el Régimen Económico y Fiscal (REF) para que la crisis que ha desatado la pandemia del coronavirus no lo convierta en papel mojado. Ahora, a las puertas del final del año urgen a abordar las modificaciones que sí han logrado el País Vasco o Navarra. De lo contrario, el freno a la inversión, por poner un ejemplo, perdurará y con ello la destrucción de empresas y puestos de trabajo.
Para entender la mayor magnitud del golpe que sufre Canarias basta con observar que al terminar el tercer trimestre tenía una tasa de desempleo del 25%, la mayor de las 17 comunidades autónomas. Uno de cada cuatro isleños no tiene trabajo y todavía unos 85.000 siguen protegidos por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
La dependencia del turismo, uno de los sectores más golpeado por la crisis, es uno de los factores que hacen temer una debacle sin precedentes en las Islas y mucho mayor que en el conjunto del Estado. A esa circunstancia se unen las dificultades estructurales que padecen las Islas.
El REF es precisamente el medio que tiene Canarias para paliar las desventajas que se derivan de su lejanía e insularidad. “Debe permitir acortar los sobrecostes que padecemos en el archipiélago canario por la condición de región ultraperiférica de la Unión Europea”, explican en el Manifiesto por Canarias: La adaptación fiscal del REF no puede seguir confinada los decanos, presidentes y responsables de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias, la Cátedra del REF de la Universidad de las Palmas de Gran Canaria, la Asociación de Asesores Fiscales de Canarias, el Área de Fiscalidad de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas (Escoex) de la Universidad del Atlántico Medio, el Colegio de Economistas de las Palmas, el Colegio de Economistas de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de Santa Cruz de Tenerife, el Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife y el Colegio de Abogados de Las Palmas.
El decreto de estado de alarma del 14 de marzo lo cambió todo, también la efectividad del REF. De poco sirve tener una herramienta como, por ejemplo, la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) si las empresas están entregada a su supervivencia. ¿Quién va a invertir en el momento actual? De ahí que los firmantes alerten de la necesidad de ampliar plazos para que ese capital no se pierda en el pago de impuestos y los beneficios de las compañías.
“El REF debe ponerse al servicio de la reconstrucción social y económica de Canarias para superar las devastadoras consecuencias de la pandemia del coronavirus”, subraya el manifiesto. Desde luego, no lo hace si no existen unas normas “suficientemente claras”. Solo contando con ella, los incentivos pueden utilizarse y desplegar “sus efectos económicos beneficiosos”.
Además, economistas y abogados señalan que el propio Pacto por la Reactivación Social y Económica de Canarias, que obtuvo el visto bueno del Parlamento autonómico, contiene “el compromiso de revisión del REF y de sus instrumentos fiscales”. El objetivo, según el propio documento impulsado por el presidente regional, Ángel Víctor Torres, era adaptar ese fuero canario “a las actuales circunstancias” mediante la flexibilización de “sus plazos y requisitos e incentivando el mantenimiento y creación de empleo”, En definitiva, afirman en este caso los firmantes del manifiesto, “para incrementar la liquidez empresarial y la inversión”.
Aparte de la mencionada RIC, también la DIC (Deducción por Inversiones en Canarias), la ZEC (Zona Especial de Canarias) “y los límites a las ayudas de estado regionales”. “Prácticamente nada de esto se ha concretado hasta hoy y continúan siendo numerosas las incertidumbres y lagunas”, alertan en el manifiesto.
La comunicación entre el Gobierno de Canarias y el central ha existido teniendo este asunto sobre la mesa. “Es conocida la existencia de conversaciones desde hace meses entre el Gobierno de Canarias y el del Estado y la solicitud formal por escrito efectuada a inicios del mes de agosto desde la Comunidad Autónoma. La respuesta estatal ha sido inexistente”, lamentan economistas, asesores fiscales y abogados.
Aparte de la necesidad de abordar esa tarea, está la ausencia del factor sorpresa. Madrid sabe que esto mismo ya ha ocurrido en otros lugares del Estado con situaciones menos dramáticas de las que afronta Canarias. “Como paradigma de la sensatez de las reivindicaciones, los regímenes forales de Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra, con economías mucho más saneadas y con menor desempleo que nuestras Islas, ya han flexibilizado incentivos, ampliando el plazo para invertir en sus reservas especiales durante un año.
La economía está maltrecha. La diferencia entre ampliar plazos o no hacerlo estriba en que la creación de empleo tenga más o menos dinero. A las naturales dificultades para invertir en un momento de crisis se suman las de encontrar financiación en un momento en el que tampoco es sencillo encontrar financiación. Son millones para dinamizar la economía canaria, provienen del beneficio empresarial y el ahorro de impuestos y, si nadie actúa, irán al fisco estatal y a las empresas.
