El Consejo de Ministros aprobó ayer el ansiado plan de rescate para el turismo, la hostelería y el comercio con una gran ausencia: la de las ayudas directas que tanto ha pedido el sector, con más fuerza si cabe en Canarias, donde el daño que la pandemia está causando a los bares, cafeterías, restaurantes y tiendas está siendo especialmente duro por el cero turístico. Si ha incluido el Gobierno en este paquete de medidas para hacer frente a la crisis de la Covid-19 la prohibición de los desahucios en los casos en que los desahuciados no tengan donde alojarse.
En lugar de las ayudas directas que los hosteleros y comerciantes de las Islas llevan semanas exigiendo, el plan del Estado incluye rebajas en el alquiler de los locales –de las que se quedarán fuera más del 90% de los bares, cafeterías, restaurantes y tiendas del Archipiélago–, una nueva partida de créditos ICO, moratorias de impuestos y el aplazamiento en el pago de las cotizaciones. Medidas “insuficientes” para sus potenciales beneficiarios ante la inexistencia de inyecciones de dinero, como sí ha ocurrido en países como Francia y Alemania. “Esta es la forma de expresar las ayudas directas que tiene el Gobierno de España, una Administración que no tiene una proximidad que permita dar un cheque a miles de negocios distribuidos por toda la geografía; el cheque lo hacemos llegar con reducciones en la cuota a la Seguridad Social o exenciones de pago de tributos o en la renta del arrendador», defendió ayer la ministra portavoz y titular de Hacienda, María Jesús Montero.
El plan del Gobierno tiene un coste estimado de 4.220 millones de euros, según el Ejecutivo. Sin embargo, la mayor parte de este dinero corresponde a mecanismos de financiación y la única gran partida de ayudas propiamente dichas es el aumento de la reducción en la tributación por módulos del IRPF del 5% al 20% con carácter general y hasta el 35% en el llamado canal Horeca —hoteles, restaurantes y cafeterías— para el cuarto pago fraccionado de 2020 y para el primer pago de 2021, estimado en 117 millones. Se permitirá aplazar seis meses el pago de impuestos del primer trimestre para pymes y autónomos con tres meses de carencia hasta un máximo de 30.000 euros —2.600 millones de euros— y se crea una nueva línea de créditos ICO específica para pymes y autónomos del sector turístico, hostelería y “actividades anexas” con una garantía del 90% —500 millones—. También el aplazamiento de las cotizaciones a la Seguridad Social para empresas de estos sectores, lo que se calcula en unos 205 millones, y la introducción de cuatro nuevas actividades —comercio al por mayor de bebida; restaurantes y puestos comida; establecimientos de bebidas; y actividades en el jardín botánico, parques zoológicos o reservas naturales— en la categoría de sector hiperprotegido, amén de las exoneraciones de las cotizaciones que se devengarían en diciembre y enero de sus trabajadores (289,58 millones).
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La medida estrella, sin coste estimado para las arcas públicas, pasa por aliviar el alquiler con una rebaja obligatoria si pertenecen a grandes tenedores (más de 10 inmuebles) del 50% de la renta o una moratoria en el pago mientras dure el estado de alarma y sus prórrogas. Beneficia principalmente a comercios –157.000 potenciales beneficiarios– frente a hostelería –33.000–, pero en Canarias apenas se beneficiarán unos 3.000 negocios de los alrededor de 35.000 que integran los sectores del comercio y la restauración. Si el propietario del local tiene menos de 10 viviendas se establece un incentivo fiscal –con un coste de 324 millones– para fomentar rebajas de precio. En los meses de enero, febrero y marzo, el tenedor podría deducirse del IRPF esa cuantía que no ingrese por el alquiler. Así pues, la gran mayoría de los comercios, bares, cafeterías, restaurantes y similares de las Islas tendrán que negociar con sus caseros, como hasta ahora, si quiere arrancar una rebaja del alquiler, que en todo caso será potestativa del dueño.
Además, el Consejo de Ministros aprobó en paralelo el decreto que prohibe los desahucios sin solución habitacional. El inquilino tendrá que presentar una solicitud de aplazamiento al juzgado y este pedir a los servicios sociales que evalué si se trata de una persona en situación de vulnerabilidad para evitar facilitar una solución habitacional. El objetivo es frenar los lanzamientos de familias vulnerables “mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda”, explicó el ministro de Transportes, José Luis Ábalos. Actualmente está en vigor la prohibición de desahucios a personas vulnerables hasta el 31 de enero, un plazo que se amplia para la vigencia del estado de alarma –hasta el 9 de mayo–. “Se trata de un decreto extraordinario para circunstancias extraordinarias”, comentó Ábalos.
De hecho, lo que hace el decreto es prorrogar las medidas ya adoptadas durante el estado de alarma en materia de vivienda y desahucios y se incorporan otros colectivos vulnerables a las personas afectadas por aquellas medidas. “Si entonces nos referíamos a aquellas personas en vulnerabilidad por el Covid-19, ahora se extiende a las personas que ya lo estaban antes de la pandemia”. Pero también se extienden las medidas a las personas que han ocupado viviendas “sin violencia ni acción ilícita antes de que se hubiera aprobado este decreto y que se destinen a vivienda habitual”. Por lo tanto, precisó, no pueden constituir una segunda vivienda o haber sido cedidas a otras personas, además de acreditar la condición de vulnerables: con menores de edad a su cargo, dependientes o víctimas de violencia de género.
El Ejecutivo quiere que sean los servicios sociales de las comunidades autónomas los encargadas de ofrecer la alternativa habitacional a las personas que vayan a ser desahuciadas. Además, deberá ser una vivienda digna y el lanzamiento no se podrá realizar “si no se ha asegurado y garantizado un realojo”, subrayó Ábalos.
