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La falta de ayudas y la subida de cuotas abocan al cierre a 32.000 autónomos

Solo un 15% de los trabajadores por cuenta propia cobra la prestación por cese de actividad | Nueve de cada diez tendrán que pagar 289 euros al mes más atrasos

La falta de ayudas y la subida de cuotas abocan al cierre a 32.000 autónomos

La falta de ayudas y la subida de cuotas abocan al cierre a 32.000 autónomos Carsten W. Lauritsen

Los trabajadores autónomos son uno de los colectivos más golpeados por la crisis del coronavirus, si no el que más. Y los autónomos canarios están entre los más vapuleados del país porque la parálisis del turismo perjudica al Archipiélago con especial intensidad. También los empleados por cuenta propia de la Comunidad Autónoma se ven así en peor situación que los del resto de España dentro de una coyuntura ya de por sí muy difícil para todos. Ante este panorama, no resulta extraño que entre un 20 y un 25% de los autónomos isleños —uno de cada cuatro— esté en riesgo de perder su negocio. Es más, ya no solo se trata de la falta de ayudas directas para evitar miles de quiebras —la patronal y los sindicatos de la región llevan meses exigiendo al Gobierno central un plan de rescate específico para las pymes canarias—, sino que, por si fuera poco, el Ejecutivo de Pedro Sánchez les ha subido la cuota mensual de la Seguridad Social en medio del mayor deterioro económico desde la Guerra Civil.

El Gobierno del PSOE y Podemos viene insistiendo en que desde el estallido de la pandemia en marzo del año pasado ha destinado unos 7.000 millones de euros para ayudar a los autónomos. Pero lo cierto es que al colectivo, uno de los grandes motores que cada jornada ponen en marcha la economía regional, no le salen las cuentas. La división canaria de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) avisa que hay 32.000 empleados por cuenta propia —el 25% de los 129.114 que se contabilizan en el Archipiélago— condenados al cierre inminente de sus negocios o a abandonar su ocupación. La tabla de salvación para esos miles de trabajadores sería el tan demandado plan de rescate, pero el Ejecutivo estatal no está por la labor, con lo que habrá que ver hasta qué punto las ayudas anunciadas por el Gobierno de Canarias son suficientes para evitar esa masiva destrucción de empleo. Es verdad que el Gabinete de Sánchez puso en práctica un potente instrumento para echar una mano a los autónomos: la prestación por cese de actividad por la Covid-19. Pero también es verdad que los canarios que tienen reconocido el derecho a cobrarla son un porcentaje mínimo.

De los 349.342 trabajadores por cuenta propia que en todo el país perciben este subsidio extraordinario, tan solo 19.313 son canarios, según información del propio Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá. Es decir, que no llega ni al 15 el porcentaje de autónomos isleños que están cobrando la prestación, menos de 15 de cada cien. En la última nómina de 2020, esos poco más de 19.000 canarios, como los restantes beneficiarios de otras autonomías, han recibido o recibirán una ayuda media de 800 euros. El otro gran pilar al que aferrarse son los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de fuerza mayor, que se mantendrán ahora hasta el 30 de mayo y sin los cuales ya habría caído buena parte de los 40.778 autónomos societarios de Canarias, esto es, los que están integrados en sociedades mercantiles, en empresas. Con todo, el problema en la región es que esta enésima prórroga de los ERTE de fuerza mayor no garantiza que se mantengan en las Islas de forma extraordinaria durante el tiempo que sea necesario, con lo que en mayo volverá la incertidumbre cuando la economía del Archipiélago, por su altísima dependencia del turismo, aún estará convaleciente. Y eso en el mejor de los casos, porque en el peor, es decir, si no regresan los turistas, seguirá en coma profundo.

En este escenario, 2021 ha comenzado con más malas noticias para los autónomos. El año arranca con una nueva subida de las cotizaciones sociales de entre 2,7 y 12 euros al mes. La cantidad no sería para echarse las manos a la cabeza de no ser por la gravedad de la crisis —cada trabajador por cuenta propia ha perdido de media el 60% de la facturación— y porque este incremento se suma al subidón que afrontan desde octubre. Miles de pequeños comerciantes, hosteleros, peluqueros, arquitectos, dueños de bares de copas, mecánicos o carpinteros, por ejemplo, que cotizaban por la base mínima —286,3 euros— pasarán a pagar este año 289 euros. En concreto son 80.736 autónomos a los que el Estado les cobrará al cabo del año 2,6 millones más. Con la subida de la cuota a los otros 7.600 empleados por cuenta propia que cotizan por encima de la base mínima —en su caso de hasta 12 euros—, en total serán 3,1 millones extras los que se embolsará el Gobierno este año tras apretarles las tuercas a los 88.336 autónomos personas físicas de la región.

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