La Cámara de Comercio de Gran Canaria viene siguiendo con enorme preocupación el reciente fenómeno de la inmigración en la isla, y en el archipiélago en general, y su negativo efecto y repercusión en la actividad económica, empresarial y de seguridad ciudadana.

La Cámara es consciente del drama social que lleva a estas personas a emigrar y que solo tratan de mejorar sus condiciones de vida, pero también es cierto, que al amparo de ello se generan situaciones conflictivas como las vividos estos días.

La llegada masiva y continua de inmigrantes ilegales a las islas ha sido tratada por las autoridades responsables de forma negligente, descoordinada e impropia de una región de un estado de derecho. El uso de instalaciones portuarias (de concesión y explotación privada) para la recepción y realojamiento de inmigrantes llegados en pateras, ha quedado plasmado en deplorables imágenes que han dado la vuelta por el continente europeo como ejemplo de cómo no debe gestionarse la inmigración ilegal.

Y convierte el problema social de la inmigración, en un enorme problema empresarial y de seguridad ciudadana de incalculables consecuencias económicas futuras.

Las imágenes de los últimos conflictos acaecidos en Maspalomas son una muestra más de la conflictividad que genera la ubicación sin control de estos numerosos inmigrantes en uno de los principales núcleos turísticos del archipiélago.

Si bien reconocemos el esfuerzo y la dedicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, así como de otras entidades que de forma altruista han colaborado para paliar esta difícil situación, ante la gravedad de estos hechos, la Cámara de Comercio de Gran Canaria, como responsable de la defensa y promoción de la actividad económica y empresarial, exige a las administraciones públicas que pongan sobre la mesa una solución inmediata a una cuestión que, no sólo está suponiendo un problema de seguridad para la ciudadanía, sino también está perjudicando gravemente la imagen de nuestro destino turístico.

En este sentido, se insta a las administraciones para que, provisionalmente aceleren el realojo de los inmigrantes fuera de los establecimientos alojativos turísticos, donde nunca tenían que haber estado, como paso previo a la adopción de medidas definitivas conforme a las disposiciones legales en materia de inmigración ilegal.

La situación que atraviesa el sector turístico en particular y la actividad económica en general debido a la pandemia por Covid-19 es muy delicada, por lo que la lucha por mantener una imagen de destino seguro y atractivo, con el fin de recuperar la actividad normalizada desde que la situación lo permita, no puede comenzar con este problema de inmigración vinculado a la actividad turística.

De ningún modo podemos permitir que se debilite este posicionamiento con el que la actividad económica y la sociedad canaria en general, se juega tanto. La inmigración es un problema de Estado y como tal debe ser tratado.