Más de 200 millones de euros para salvar el turismo, la hostelería y el comercio

La postura del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha caído como un jarro de agua fría. Por ser multicolor, en el Gobierno de Canarias se templan gaitas o no dependiendo de quién sostiene en ese momento la manguera para apagar el fuego. El presidente de las Islas, Ángel Víctor Torres (PSOE), señaló desde El Hierro que el dinero, “aparentemente”, puede llegar desde el React, el programa gestado por la Unión Europea (UE) para paliar el desastre económico generado por la pandemia.

Añadió que el Gobierno de España ya aprobó en la víspera de la Nochebuena un decreto de ayudas a la hostelería por 4.220 millones de euros, con moratorias fiscales o reducciones de los alquileres en determinados casos. Insuficiente, según el sector, porque no llega a todos y porque no inyecta liquidez, que es de lo que carecen tras diez meses de graves problemas para poder facturar.

Castilla presentará el plan en el Consejo de Gobierno de la semana próxima

Su vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, sabe que para que ese milagro europeo de reprogramación de unos fondos se concrete se necesita tiempo, y de eso no hay. Por eso, dada la buena salud de las cuentas autonómicas, el Ejecutivo canario abrirá una línea de crédito, es decir, Canarias se endeudará. Ya después intentará arreglarse con Bruselas. Y en el peor de los casos, llegarán tiempos mejores en los que recuperar la suma vía impuestos.

Madrid no ha entendido

Lo admitió también el propio Torres. ¿Qué ocurre si Europa dice que los fondos no son para estos asuntos? “Tiraríamos de endeudamiento”, afirmó el presidente. Y Yaiza Castilla, que, como Rodríguez, no es del PSOE sino, en su caso, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG), se situó en la línea de actuación inmediata que trazó el vicepresidente, aparte de afear la tibieza de Madrid, que no ha sabido “entender la importancia” que habría tenido para Canarias el salvavidas en perfecto estado de uso que esperaba. El portavoz parlamentario de NC, Luis Campos, se sumó a la presión ayer y pidió hechos al Gobierno central.

Los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) ya no conceden espacio a las florituras políticas. En once meses contados a partir de diciembre de 2019, se han volatilizado 3.633 empresas canarias. Una cuarta parte de ellas (25,5%) del sector del comercio y otras dos quintas partes, hosteleras (20,9%) y de transporte (20,3%). Más de ocho de cada diez (84%) empleos destruidos se concentran en estas tres actividades.

Reducir el papeleo para facilitar el acceso a los fondos es un objetivo principal

De todos modos, Castilla optó por situarse en la zona templada para no provocar revuelo. En realidad el mínimo de 200 millones de euros al que aludió es la cifra máxima que se atreve a pronunciar. En su departamento hay quien defiende que para tapar el boquete y detener la hemorragia por la que se escapan empresas y empleos habría que llegar hasta los 500 millones de euros.

En el Consejo de Gobierno de la semana próxima, la consejera expondrá el plan, esas “ayudas adicionales”, como las denominó Ángel Víctor Torres, y anunciará al resto de consejeros que, endeudamiento aparte, todos deberán buscar hasta bajo las grapas de sus respectivos presupuestos para este año hasta completar la suma necesaria. Empezando por ella, que ha decidido convertir en “ayudas directas los 3,6 millones de euros que se habían destinado” a incentivar el consumo.

A vueltas con la escasez de tiempo, otra de las aristas a limar es la del papeleo. El Gobierno canario ya tiene la mala experiencia de las ayudas destinadas al ocio nocturno. Se ventilaron expedientes por valor de poco más de 800.000 euros debido a las dificultades burocráticas, algo que ahora se quiere evitar.