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La Agencia Tributaria Canaria incumple la ley por no publicar los pleitos fiscales

Los asesores fiscales exigen a Hacienda que aplique la ley de Transparencia, vigente desde 2014 | Ponen como ejemplo al Estado, que sí informa de sus resoluciones

Comercios y terrazas en la zona de Triana, en la capital grancanaria. | | J.C. CASTRO

Comercios y terrazas en la zona de Triana, en la capital grancanaria. | | J.C. CASTRO

Seis años después de la entrada en vigor de la ley de Transparencia de la Comunidad Autónoma ( Ley 12/2014, de 26 diciembre, de transparencia y de acceso a la información pública) la Agencia Tributaria Canaria la incumple tanto en la difusión de las resoluciones más relevantes de la Junta Económico-Administrativa por los recursos de los contribuyentes, como también en la publicación anual de la memoria de los actos recurridos ante este órgano. Esta situación difiere de la actuación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT), que sí hace públicas las resoluciones de los afectados por las sanciones de los inspectores de Hacienda y publica anualmente las memorias de los tribunales económico-administrativos, tanto el central como los de las comunidades autónomas.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf) en Canarias se ha cansado de esperar a que la Consejería de Hacienda del Gobierno regional actúe y cumpla la ley que el propio Ejecutivo ha aprobado para transparentar su actuación ante la ciudadanía y los afectados por sus resoluciones, tanto si les beneficia como si les perjudica. En un amplio escrito presentado ante la Viceconsejería de Hacienda y Planificación en diciembre, los asesores fiscales demandan el acceso a todas las memorias anuales de actividades de la Junta Económico-Administrativa de Canarias, que deberían estar publicadas en la web, y también el acceso a todas las resoluciones dictadas por la Junta Económico- Administrativa y que también deberían estar publicadas en el portal de transparencia del departamento. La Aedaf desarrolla en su petición lo que regula la ley de Transparencia autonómica y que sigue sin cumplir la Agencia Tributaria.

La Aedaf reprocha al Ejecutivo que la Junta Económico-Administrativa no informe de su labor

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La Junta Económico-Administrativa de Canarias es el órgano competente para conocer y resolver las reclamaciones que los contribuyentes, serán personas físicas o jurídicas, interpongan contra actuaciones que realice la Agencia Tributaria Canaria. Su ámbito de actuación se extiende a los actos de la aplicación de los tributos y la imposición de sanciones tributarias que realice la Administración Tributaria Canaria y demás órganos autonómicos tanto respecto de los tributos propios como de los tributos derivados del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), es decir, el IGIC, el AIEM, el impuesto de matriculaciones, además del impuesto sobre los combustibles y el tributo que grava las labores del tabaco, principalmente. Cualquier empresa, profesional autónomo o ciudadano que se sienta perjudicado por una inspección o por una sanción referida al impago o a presuntas irregularidades en la aplicación de estos impuestos puede recurrir por la vía administrativa ante la Junta que tiene un año para resolver, aunque en la práctica está tardando hasta tres años en hacerlo.

Mientras los tribunales económico-administrativos, que resuelven sobre los impuestos estatales, publican una memoria anual y publican de forma anonimizada las resoluciones en la página web de la Agencia Tributaria estatal, no sucede así con la Junta Económico-Administrativa que resuelve sobre los tributos autonómicos ya que, pese a que Canarias cuenta con una ley de transparencia desde 2014, los asesores fiscales, empresas y ciudadanos afectados no tienen acceso a esta información por las cauces que establece esta ley.

Empresas, asesores y ciudadanos no pueden acceder a los fallos sobre los impuestos propios

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La Asociación de Asesores Fiscales considera de “especial importancia” no solo la difusión de las resoluciones más relevantes de la Junta Económico-Administrativa sino también la publicación anual de la memoria de los actos recurridos ante dicho órgano, adscrito a la Viceconsejería de Hacienda. La Aedaf recalca que desde que se creó la Junta en 2006 nunca ha hecho públicas sus resoluciones a pesar de que desde 2003 el Ministerio de Hacienda hace pública la labor de los tribunales económico-administrativos y de que hay leyes de transparencia a nivel estatal y autonómico que obligan a las administraciones públicas a hacer balance de su labor ante la ciudadanía preferentemente por medios telemáticos.

“Resulta cuando menos paradójico que la Viceconsejería de Hacienda y Planificación publique en la web, tras un proceso de anonimización, las respuestas a las consultas tributarias que se le formulan y, sin embargo, no publique anonimizados los acuerdos o fallos recaídos en las reclamaciones económico-administrativas interpuestas, siendo ambos actos que emanan del mismo órgano superior y que, además, suponen una interpretación de derecho tributario con los consiguientes efectos jurídicos, sentando doctrina administrativa”, advierte el escrito de los asesores fiscales para solicitar que el departamento autonómico aplique la legislación vigente al respecto.

Al Comisionado tras dos meses


El amplio escrito de la Asociación Española de Asesores Fiscales en Canarias entró en la Viceconsejería de Hacienda el pasado 16 de diciembre firmado por Jaime Cabrera Hernández, delegado de la Aedaf en Canarias. Según el artículo 46 de la ley de Transparencia canaria “las resoluciones sobre las solicitudes de acceso se adoptarán y notificarán en el plazo máximo de un mes desde su recepción por el órgano competente para resolver. Cuando el volumen o la complejidad de la información solicitada lo justifiquen, el plazo se podrá ampliar por otro mes, informando de esta circunstancia al solicitante”. Transcurrido ya más de un mes la Aedaf desconoce si la Viceconsejería de Hacienda se va a acoger al segundo mes que le permite la norma. Si transcurridos los dos meses el órgano administrativo no responde se entenderá por desestimada la petición, según el mismo artículo. Si esto sucediera, el demandante de información tiene derecho a reclamar ante el Comisionado de Transparencia, órgano adscrito al Parlamento canario, antes de acudir a la vía contencioso-administrativa. El comisionado, figura que actualmente ocupa Daniel Cerdán, tiene potestad para solicitar información sobre la petición del demandante a la Administración correspondiente . | R.A.D.

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