El nuevo impuesto a los residuos que está ultimando el Gobierno central tiene en vilo a los industriales canarios. En una Comunidad Autónoma donde el sector secundario lo integran en su mayoría empresas de mediano y pequeño tamaño, el encarecimiento de la producción por el alza de los tributos siempre es más difícil de digerir. Máxime en medio de una crisis económica sin precedentes por la pandemia de coronavirus. Si las grandes factorías del país ya han avisado que no es el momento de cargar más peso sobre sus hombros, con más razón si cabe se quejan las empresas del Archipiélago. No en vano, desde el sector alertan sobre la más que previsible deslocalización de industrias isleñas con destino a otras regiones si el Ejecutivo de Pedro Sánchez no se atiene a las circunstancias. Y con ellas se perderá también parte de los alrededor de 40.000 puestos de trabajo que dependen de la actividad en la región.
Los planes del Gobierno estatal consisten en realidad en dos nuevos tributos: el de residuos en vertederos e incineración y el gravamen sobre los envases y embalajes de plástico. Ambos se incluyen en la futura Ley de residuos y suelos contaminados, que derogará la anterior normativa, de 2011, y con la que España incorpora a su ordenamiento jurídico las dos últimas directivas comunitarias sobre gestión de residuos y reducción de plásticos. En la industria española, en general, y canaria, en particular, no se cuestiona la necesidad de la nueva ley —que se aprobará en los próximos meses—, y mucho menos los objetivos de mejorar la gestión de residuos y minimizar el uso del plástico. Lo que se cuestiona es la oportunidad de la medida, con la producción de las empresas canarias en mínimos por la casi desaparición de los turistas —pueden mantenerse los pedidos destinados para el consumidor local, pero ya no hay suministro a los hoteles, por ejemplo—, y el enfoque que le está dando el Gobierno. En definitiva se cuestionan el momento y la fórmula escogida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que dirige Teresa Ribera.
El presidente de la Asociación Industrial de Canarias (Asinca), Raúl García Pascual, explica que el Ejecutivo central ha optado por una fiscalidad punitiva en lugar de por una fiscalidad positiva. ¿Qué quiere esto decir? Pues que en vez de incentivar que las empresas investiguen y busquen soluciones para sustituir en sus productos los materiales contaminantes —básicamente los plásticos de un solo uso—, se ha apostado por gravarlos sin más. Y aunque de entrada podría pensarse que ya va siendo hora de que las industrias destierren el plástico de sus fábricas, lo cierto es que de momento no hay materiales alternativos para todos los productos. Mucho menos a precios lo suficientemente competitivos como para que la pequeña y mediana industria isleña pueda permitirse su reconversión de la noche a la mañana. “Hoy por hoy no existen soluciones definitivas para todo lo que se quiere gravar”, subraya al respecto el presidente de Asinca. Así pues, García Pascual expone que la nueva fiscalidad no solo encarecerá los productos para los que se empleen los materiales vetados, sino que habrá industrias que no podrán acometer las inversiones necesarias para reconvertirse. “Tendrán que deslocalizarse de Canarias, y se verá así afectada parte de esos 40.000 empleos que genera el sector en las Islas”, resumió el empresario.
En este sentido, los industriales isleños ven “afán recaudatorio” en los planes del Ejecutivo de Sánchez, sobre todo porque en el anteproyecto de ley, aseguran, ni siquiera se prevé que la recaudación vaya a destinarse para ayudar a las empresas en su obligada reconversión. “Se va a penalizar el uso de unos elementos que, siendo necesarios, no son fácilmente sustituibles; y no siendo fácilmente sustituibles, no puede penalizarse su uso”, resumió García.
Un sobrecoste en el peor momento
Las industrias canarias destinan buena parte de su producción para la enorme población flotante que integran los turistas. Sin turistas cae la demanda de las empresas -hoteles, apartamentos, bares, restaurantes...- y caen, por tanto, la producción y los ingresos de las fábricas isleñas. La industria regional está así sufriendo como cualquier otro sector el cero turístico que ha deparado la pandemia, y a ello se sumarán mayores impuestos en cuanto entren en vigor los tributos a los residuos y a los envases y embalajes de plástico. Un sobrecoste en el peor momento. El presidente de Asinca -la patronal sectorial presentó alegaciones contra el anteproyecto de ley de residuos y suelos contaminados y ha trasladado su postura a todos los grupos parlamentarios en las Cortes- deja claro que no pueden “compartir” la iniciativa del Gobierno. Máxime, recordó Raúl García, “cuando ya hay un sistema de gestión de residuos que está suponiendo un coste para operadores y consumidores; preocupémonos entonces de que ese sistema sea eficaz”, sentenció. Sea como sea, todo parece que el Ejecutivo central no va a alterar su hoja de ruta. | M.Á.M.
