Las aguas bajaban turbias ya en JSP cuando estalló la pandemia del coronavirus. Según los representantes de los trabajadores, la empresa les adeuda más de 1,2 millones de euros por el descuelgue salarial unilateral aplicado en el año 2019 sin mediar negociación. Así lo ha estimado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que, no obstante, ha impuesto una multa de 50 euros al sindicato CCOO por “mala fe” en el uso de esta instancia judicial.

En el año 2018, la dirección y el comité de empresa convinieron en la necesidad de aparcar el convenio por el que ambas partes se regían desde 2009. La mala salud financiera de la compañía, uno de los pilares del sector industrial canario, condujo a ese entendimiento por el que los trabajadores renunciaron a parte de sus ingresos.

Las reducciones salariales se fijaron entre el 4% y el 10% en función de los ingresos percibidos anualmente y afectando en mayor medida a quienes más cobraban. Además, se recortaron a la mitad las cuantías de las cuatro pagas anuales establecidas –marzo, julio, octubre y diciembre– para todos aquellos que cobraban más de 1.300 euros brutos mensuales. La duración de ese pacto rubricado por las partes era “anual, hasta el 31 de diciembre de 2018”, según recoge la sentencia de la sala de lo Social del TSJC emitida el pasado 28 de diciembre.

“Hasta entonces esto era una empresa donde reinaba un ambiente familiar y, de buena fe, decidimos aceptar la reducción que nos pusieron encima de la mesa”, aseguró ayer el presidente del comité de empresa, Ángel Yanes.

El comité de empresa asegura que ha perdido la confianza en los rectores del negocio

El año transcurrió por los parámetros que se habían dibujado, pero al terminar, los empleados comprobaron cómo esas reducciones que se habían previsto para tan solo un año se les seguían aplicando en 2019. La empresa logró una renegociación de la deuda a corto plazo, que pasó de los 35,6 millones de euros de 2017 a solo 5,9 millones en 2018. Como es obvio el largo plazo viajó en dirección contraria, desde 1,4 millones hasta 32,1 en 2018.

Una toma de oxígeno que sirvió para reducir las pérdidas desde los 9,4 millones hasta los seis, pero que, no obstante, no pudo tapar todas las vías de agua. Por ejemplo, los más de 15 millones de euros que se anotaban en el capítulo de acreedores comerciales al terminar ese mismo año.

La prolongación unilateral del recorte salarial desembocó en una demanda colectiva, “en realidad para no causar más perjuicios a la empresa”, explicó Yanes. En la conciliación previa celebrada en el Tribunal Laboral Canario el 18 de febrero del año pasado, JSP reconoció adeudar la cantidad que los trabajadores reclamaban y propuso negociar un calendario para ponerse al día. No alcanzaron acuerdo alguno.

“El problema es que no nos creemos nada, nos han dicho ya muchas veces cosas que incumplen”, afirmó Ángel Yanes. De ahí que la cuestión haya llegado ahora al TSJC, que da la razón a la plantilla aunque afea la estrategia de sus representantes legales por haberlo utilizado para una cuestión que podría dilucidarse en estamentos inferiores de la judicatura.

A saber, la sentencia del TSJC impide que esa deuda se pierda en el limbo de lo prescrito. “Necesitábamos esto porque ya desde 2012 fueron varios años en que nos dejaron sin paga de marzo y octubre, y esas cantidad ya no se pueden reclamar”, explicó Yanes.