Sin noticias del Estado. Así están el sector turístico canario y la Comunidad Autónoma después de meses demandando un plan específico para la principal actividad económica, que ha visto perder su temporada de invierno. Desde mitad del año pasado Canarias reclama medidas del Gobierno central, entre ellas ayudas directas, pero ni siquiera los presupuestos del Estado de 2021 han concretado nada para Canarias más allá del plan de inversiones en tres años que retoma el Gobierno de Sánchez tras las prórrogas presupuestarias de 2019 y 2020.
Pero Canarias no está sola en las exigencias a Madrid. El resto de las comunidades autónomas turísticas también alzan la voz, aunque a día de hoy no hay coordinación entre todas para aumentar la presión sobre el Estado, sobre todo tras comprobar que el plan aprobado en diciembre para los sectores más afectados por la crisis no contempla ayudas económicas directas.
Las regiones no se han puesto de acuerdo para ejercer presión común en Madrid
Las comunidades se han visto obligadas a articular planes de ayudas y estímulos fiscales propios para estos sectores, supliendo de esta forma las carencias del Gobierno central ya que las regiones, especialmente las más turísticas, consideran muy escaso el plan de rescate de la hostelería y el comercio presentado por el Gobierno el pasado diciembre. De hecho tanto la patronal turística como la hostelera a nivel nacional no solo ven insuficiente el plan del Ejecutivo central, sino que cuestionan que solo cinco de las 17 comunidades autónomas estén ya repartiendo ayudas directas porque a día de hoy Canarias todavía no ha aprobado las bases para las convocatorias a las que se pueden acoger las empresas.
Los hosteleros de Baleares, Cataluña, Galicia, La Rioja y Murcia ya han empezado a cobrar dichas compensaciones o las habían cobrado de forma completa en enero. La cuantía media ronda los 1.500 euros en un pago único para aquellos establecimientos más afectados por los cierres o las restricciones más severas.
En el caso de los establecimientos turísticos, el Gobierno de Baleares ha presentado un paquete de medidas para los sectores más afectados por un importe total de 103,5 millones de euros. De ellos, 53,5 millones serán ayudas directas y los otros 50 millones serán avales.
En Cataluña, el Govern ha activado desde que empezó la crisis tres paquetes de ayudas específicos para el sector turístico que suman 32,5 millones de euros, sin embargo las elecciones catalanas convocadas para el 14 de febrero han dejado en el aire algunos de los planes lanzados por la Generalitat para incentivar a los sectores económicos más dañados por la pandemia.
También en la Comunidad Valenciana se han aprobado líneas de financiación y subvenciones. El plan diseñado por el Gobierno de esa región prevé un total de 340 millones de euros en ayudas directas para apoyar a los sectores más castigados por las nuevas restricciones, especialmente el turismo.
En el caso de Andalucía, la Junta aprobó en enero una línea de 46 millones de euros en ayudas directas a pequeñas y medianas empresas. El turismo se ha beneficiado de unos 22 millones.
El Gobierno de Torres destinará 80 millones a eximir a los hoteleros de pagar el IBI
En Canarias por lo pronto el Ejecutivo regional ha aprobado el aplazamiento de impuestos a los sectores más afectados por un total de 240 millones de euros. Las ayudas directas se elevan a 165 millones de euros, si bien específicamente para el sector hotelero van unos 80 millones en forma de eximir a los establecimientos del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) durante el tiempo que estén cerrados los alojamientos. El resto serán ayudas directas a aquellas empresas que las soliciten y moduladas según el daño causado por la crisis. El Ejecutivo reitera que esta partida es “ampliable”.
Mientras las comunidades presionan al Gobierno central poniendo como ejemplo las ayudas directas que se dan en otros países europeos al poco de iniciar la crisis, el debate en el seno el Gabinete de Sánchez se recrudece entre los partidarios de otorgar este tipo de ayudas directas a las empresas, entre ellos la parte de Podemos y algunos ministros socialistas, y la parte que se resiste, caso de Economía y Hacienda, que prefiere canalizar este tipo de estímulos a través de los fondos europeos de reconstrucción, que pueden usar las comunidades.
