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Coronavirus | Las consecuencias socioeconómicas de la pandemia

El ‘virus social’: suben los impagos de hipotecas, los concursos y la ‘okupación’

Las ejecuciones hipotecarias crecen en el Archipiélago un 32% tras cinco años seguidos de bajadas y los procedimientos por insolvencia se incrementan un 10%

Pancarta de unos inquilinos amenazados de desahucio en Santa Cruz de Tenerife. | | MARÍA PISACA

Pancarta de unos inquilinos amenazados de desahucio en Santa Cruz de Tenerife. | | MARÍA PISACA

Más impagos de hipotecas, más concursos de acreedores y más okupaciones. Muchos más. La crisis del coronavirus ya es tan sanitaria y económica como social. El Consejo General del Poder Judicial ha corroborado que las consecuencias de la paralización de la economía son evidentes por más que los Gobiernos hayan puesto en práctica medidas paliativas. Pese a los aplazamientos del pago de impuestos, los expedientes de regulación temporal de empleo de fuerza mayor, el ingreso mínimo vital o las ayudas de las comunidades autónomas –como en las Islas el ingreso canario de emergencia–, las cifras del CGPJ evidencian que el eslogan favorito de los Gobiernos a comienzos de la pandemia –“no vamos a dejar que nadie se quede atrás”– no se ha hecho realidad.

El órgano de gobierno de los jueces publica su estadística sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales desde 2013. Una publicación trimestral que sirvió para medir las consecuencias sociales de la crisis financiera y que ahora sirve para medir las consecuencias sociales de la crisis del coronavirus. Lo que iba a ser una herramienta de análisis temporal ha acabado siendo permanente. No en vano, España, y por ende Canarias, casi no se habían recuperado de los efectos del crac de finales de 2007 –la crisis financiera concluyó oficialmente en 2015 pero sus consecuencias sociales aún perduran– cuando irrumpía la Covid-19. Una crisis tras otra. Y los datos del CGPJ vuelven a ser el termómetro del deterioro social.

Si al comienzo de la crisis muchos expertos y políticos aseguraron que la recuperación sería en forma de V –inmediata e igual de rápida e intensa que la caída–, lo cierto es que la V efectivamente representa lo que está sucediendo, pero no precisamente para bien. El ejemplo más claro es el de las ejecuciones hipotecarias. Llevaban cinco años consecutivos reduciéndose, pero en 2020 se incrementaron de forma notable. Una V en toda regla. Los juzgados del Archipiélago tramitaron el año pasado un total de 740 ejecuciones hipotecarias. Son un 32% más que en 2019, el último ejercicio prepandemia. “Un dato que refleja un importante aumento”, explica el Consejo General del Poder Judicial, y en el que subyacen los cada vez mayores problemas de las familias para pagar la mensualidad de la hipoteca.

La ejecución hipotecaria es el procedimiento ejecutivo que ordena la venta de un inmueble gravado con un préstamo bancario cuando el hipotecado no ha cumplido sus obligaciones. Es decir, es el procedimiento que se inicia cuando una familia deja de pagarle a la entidad financiera la mensualidad de la hipoteca durante largo tiempo. Las ejecuciones hipotecarias tocaron techo en la Comunidad Autónoma en 2009, el segundo año que discurrió sumido de lleno en la anterior crisis. Entonces llegaron a la friolera de 5.551. En 2014 se habían reducido pero la cifra aún era muy alta, hasta 3.786. A partir de ese momento, con la progresiva recuperación económica, el número de ejecuciones hipotecarias encadenó en las Islas un lustro de descensos, hasta quedarse en 560 en 2019. Una tendencia positiva que se terminó con las 740 de 2020.

La ‘moratoria concursal’ del Gobierno no frena el aumento de casos en las Islas

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Con todo, sí hay una importante diferencia entre lo ocurrido tras el crac financiero y lo ocurrido tras la aparición de la Covid-19. Si en aquel momento los desahucios también se incrementaron de forma notable, ahora no solo no aumentan, sino que disminuyen.

Hay que aclarar que ejecución hipotecaria no es lo mismo que desahucio. Con la ejecución de la hipoteca, el banco solicita que el cliente le pague la deuda más los correspondientes intereses de demora.

Como en la gran mayoría de los casos la familia no tiene recursos para abonar la deuda, la entidad financiera saca a subasta la vivienda. Pero no hay desahucio o lanzamiento hasta que se despoja del inmueble al ciudadano o familia. Entre la ejecución hipotecaria y el lanzamiento suelen transcurrir entre seis y doce meses, tiempo del que disponen los inquilinos para evitar el desahucio. ¿Cómo? Pues pactando una ampliación del plazo de pago o, por ejemplo, readaptando el contrato a las condiciones del hipotecado.

Sea como sea, no toda ejecución hipotecaria acaba en lanzamiento. De hecho, cada vez son menos las ejecuciones de hipotecas que terminan en desahucio. Y es esto lo que ha cambiado con relación a la crisis de 2007-2014, entre otras cosas porque los bancos, justamente por las críticas recibidas en aquellos años –cuando las imágenes de los lanzamientos inundaban los informativos–, tratan de no llegar a ese extremo. A ello han contribuido también la presión de las instituciones –ayuntamientos, cabildos y Gobiernos– y, en última instancia, la ley antidesahucios. Todo ello explica por qué suben las ejecuciones hipotecarias, síntoma de las dificultades de las familias y empresas para hacer frente a sus obligaciones, pero no los lanzamientos.

En el Año I de la pandemia hubo en Canarias 1.779 desahucios, 1.554 menos que en 2019. La caída es de un 46,6%. Es más, es la cifra más baja desde 2013, que es hasta donde permite remontarse la base de datos del órgano de gobierno de los jueces. En 2014 y 2015 llegaron a superarse ampliamente los 4.000 lanzamientos en la región.

Acreedores

El incremento de casos durante la pandemia es también evidente en los concursos de acreedores. Incremento tanto en los concursos solicitados por las empresas como en los solicitados por particulares. El CGPJ contabilizó el año pasado en el Archipiélago un total de 167 concursos de acreedores, un 10% más que en 2019 a pesar de la moratoria concursal.

El concurso de acreedores es un procedimiento judicial que se inicia cuando una persona física, un ciudadano, o una empresa cae en situación de insolvencia, es decir, cuando no puede hacer frente a sus deudas. La empresa o persona tiene un plazo de dos meses para solicitar el concurso, aunque también pueden pedirlo uno o más acreedores. En cualquier caso, el Gobierno decidió, a consecuencia de la pandemia, suspender esta obligación hasta el próximo 14 de marzo, y ni siquiera así se han frenado los concursos. De los 167 procedimientos iniciados en Canarias el año pasado, una quincena son de personas físicas, un 180% más –diez más– que en 2019.

Más ejecuciones hipotecarias, más concursos de acreedores y también más okupaciones. Los juzgados de la Comunidad Autónoma tramitaron el último año 170 casos por ocupaciones ilegales de viviendas, 44 más que en 2019. Canarias es así la sexta región del país con mayor número de pleitos de este tipo en 2020. Además, hay que puntualizar que son muchas las okupaciones que no llegan a los juzgados –en ocasiones porque el dueño de la casa paga al okupa para que salga de su propiedad–, de ahí que sean más los casos instruidos por los agentes policiales que los tramitados o resueltos por los jueces.

Las cifras de la crisis social 

EJECUCIÓN DE HIPOTECAS

740 - El año pasado se contabilizaron en Canarias un total de 740 ejecuciones hipotecarias, rompiéndose así una racha de cinco años consecutivos a la baja. Son un 32% más de casos que en 2019.

DESAHUCIOS

1.779 - La subida de las ejecuciones hipotecarias no se trasladó a los desahucios, que en 2020 sumaron 1.779, un 46,6% menos que el año anterior.

CONCURSOS

167 - Los concursos de acreedores llegaron a 167, un 10% más a pesar de la ‘moratoria concursal’ del Gobierno.

OKUPACIONES

170 - Los juzgados de las Islas tramitaron el último año 170 casos por ocupaciones ilegales de viviendas, 44 más que en 2019.

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