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El ciberataque al SEPE deja en el aire 2.000 expedientes al día en Canarias

El servicio amplía los plazos de solicitud de las prestaciones hasta que se restablezca la actividad

Un usuario trata de acceder a la página web del SEPE .

El ataque informático efectuado contra el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) el martes continuó paralizando ayer la actividad de este organismo, encargado de tramitar las prestaciones por desempleo y los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). Una inactividad que en Canarias significa dejar de atender más de 2.000 expedientes al día y que ha obligado al organismo público a ampliar los plazos de solicitud de las ayudas hasta que el sistema de gestión se haya restablecido totalmente.

La irrupción de un virus informático en el sistema del SEPE sorprendió el martes a los funcionarios del servicio, a los que se les ordenó que apagaran por completo sus ordenadores. Desde ese momento no se puede tramitar ninguna petición de los usuarios, ni tampoco gestionar nuevas altas de trabajadores despedidos en el sistema ni demandas de empleo u otras ayudas. Los trabajadores se han intentado poner en contacto con aquellas personas que tuvieran una cita concertada para estos días para informarles de que no se les podría atender, pero tampoco existe la posibilidad de citarles para otro día debido a la completa paralización del sistema.

Sin embargo, el director general del SEPE, Gerardo Gutiérrez, ya ha recalcado que el ataque no afectará al pago de prestaciones y que tampoco ha existido sustracción de datos ni han resultado dañados los sistemas operativos ni los servidores. Un anuncio que tranquilizó a las más de 185.000 personas que cobran el subsidio por desempleo en Canarias y a los 89.669 trabajadores afectados por un ERTE en el Archipiélago.

Antonio Terrores, responsable del departamento de la Administración General del Estado de la Federación de Empleados de Servicios Públicos de UGT, explica que el motivo de que no se haya visto comprometido el pago de las nóminas ha tenido que ver con el momento en el que se ha efectuado el ciberataque, un día antes del momento en el que se ingresan, por lo que los funcionarios ya habían dispuesto todo lo necesario para que se llevaba a cabo.

Aún así, advierte que dependiendo de cuánto dure esta paralización el pago de las prestaciones del próximo mes sí podría verse afectado. “Todavía no sabemos cuál ha sido el impacto de este ataque, entiendo que los compañeros intentarán volver a remontar los sistemas lo más pronto posible y cuando se pueda empezar tendremos todo el trabajo acumulado de estos días de inactividad”, evidencia.

La paralización del sistema agrava el atasco en las tramitaciones de muchas ayudas

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Precisamente, otro de los efectos que derivará de este ataque informático al SEPE será una sobrecarga de trabajo aún mayor para los funcionarios de este servicio, que deberán ponerse al día en los expedientes que se han dejado de tramitar debido a la paralización, en un servicio ya colapsado por las consecuencias de la crisis económica derivada de la pandemia. Por lo que cuando se restablezca el servicio, la plantilla tendrá que asumir las 2.000 consultas que se dejarán de atender cada día que se extienda esta paralización, según la información aportada por este sindicato. Algo que agravará los retrasos en las tramitaciones que ya sufren miles de afectados en Canarias, algunos llevan incluso meses esperando para conseguir una cita.

De hecho, la Federación de Atención a la Ciudadanía de USO formalizó ayer el registro de dos jornadas de huelga en el SEPE para los días 29 y 30 de marzo con el objetivo de protestar por las “graves deficiencias” del organismo, entre las que se encuentra la falta de personal para abordar el volumen de trabajo actual y demandar la mejora y actualización de los sistemas informáticos.

Terrones apunta que la rebaja de los niveles de seguridad en los sistemas del organismo, con el objetivo de agilizar los trámites y favorecer el teletrabajo la atención online a los usuarios, podría haber facilitado el ciberataque. “Los funcionarios utilizan sus ordenadores personales en sus viviendas y además se facilitó acceder a la página del SEPE sin certificado digital, todo esto ha venido a generar un agujero de seguridad que ahora habrá que resolver”, detalla.

Expertos informáticos del Centro Criptológico Nacional, del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y de la Secretaría General de la Administración Digital trabajan “sin descanso” desde el martes para resolver el incidente de seguridad que ha sufrido el SEPE. Sin embargo, todo apunta a que el servicio no podrá recuperar por completo la normalidad hasta dentro de varios días y aunque el organismo ya ha informado de que esta situación no afectará a los derechos de los solicitantes de prestaciones, sí que agravará el atasco que ya acumulan muchos trámites que son esenciales para la subsistencia de miles de familias en el Archipiélago.

Un virus informático ruso, detrás de la ofensiva

El ciberataque a los sistemas del SEPE se ha efectuado con la última versión del virus Ryuk, según confirmó el director general del organismo, Gerardo Gutiérrez. Se trata de un conocido ransomware, un tipo de virus caracterizado por cifrar todos los archivos de la víctima para después pedir un rescate económico por ellos. El experto en ciberseguridad y presidente del Grupo Gemed, Gonzalo Huerta Fernández, explicó ayer que el Ryuk apareció en agosto de 2018 y está manejado por un grupo ruso llamado Grim Spider. Su primer ataque en España lo sufrió el Ayuntamiento de Jerez en octubre de 2019, una ofensiva que obligó al Consistorio a cambiar la atención telemática por la presencial y la gestión online por el lápiz y el papel, tal y como ha ocurrido con el SEPE esta semana. Huerta Fernández expone que solo un mes después fueron la Cadena SER y la consultora Everis las que sufrieron un ataque parecido. Además, el FBI, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad alertaron en octubre del año pasado sobre una amenaza de ataques informáticos contra hospitales y proveedores de atención médica en Estados Unidos. | D.G.


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