Evolución de la pandemia y agilización de la tramitación de las ayudas aparte, existe un tercer riesgo de igual o mayor magnitud. En la dura negociación por la aprobación de los fondos para el rescate de las economías de los países miembros, España se comprometió a acelerar la agenda de reformas –laboral o del sistema de pensiones, entre otras– que deberá obtener el visto bueno de Bruselas.

“El grado de cumplimiento en los últimos años es bajo, de entre el 20% y el 30%”, advirtió el economista jefe para España de BBVA Research, Miguel Cardoso. La Comisión Europea (CE) quiere más, por lo que se hace necesario para el Gobierno central “conseguir consensos”, apuntó el analista, con el fin de desterrar cuestiones como la alta tasa de temporalidad que registra el mercado laboral de España.

“Está en su propio interés aprovechar esta oportunidad para crear las condiciones de una recuperación más vigorosa y sostenible”, recoge el informe presentado ayer. Además, añade que está en juego “la credibilidad del país” y advierte con que, en caso contrario, el Banco Central Europeo (BCE) podría repensarse su programa de protección de la deuda soberana.

En torno al comportamiento de algunos sectores de la economía, Cardoso se mostró “sorprendido positivamente” por el mantenimiento –a la baja– de los precios en el mercado inmobiliario, uno de los que, en su opinión, están llamados a tirar del carro.

“Medidas como las moratorias aprobadas han permitido el acceso a liquidez y eso ha hecho que los ciudadanos no se hayan visto obligados a malvender sus activos”, explicó. El informe señala, eso sí, que la compraventa de viviendas no se recupera en las Islas al mismo ritmo que en el conjunto de España.

Entre marzo y octubre de 2020 cayeron un 39% y de la mitad de ese batacazo es responsable la ausencia de compradores extranjeros, segmento vital para el dinamismo del sector en el Archipiélago.