La modificación normativa, propuesta por el Ministerio de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, para que los ayuntamientos puedan incrementar hasta un 50% el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas que permanezcan desocupadas, amenaza en Canarias a más de 86.500 propietarios. El planteamiento que ha puesto sobre la mesa el ministro socialista José Luis Ábalos, –enmarcado en la estrategia con la que se busca incentivar rebajas del alquiler en zonas tensionadas del país–, afectaría a aquellas propiedades que llevasen un mínimo de dos años vacías y pertenecieran a titulares con cuatro o más inmuebles.
Según los datos recopilados en la Dirección General de Catastro, un organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, en el Archipiélago existen 1.061.196 propietarios. De ellos, solo el 8%, menos de uno de cada diez, cuenta con más de cuatro bienes de naturaleza urbana. La propuesta lanzada esta semana por el Ministerio les sitúa como posibles afectados del alza de este impuesto, también conocido como contribución, en el caso de que decidan mantener sus propiedades vacías sin tener una causa justificada.
La Ley Reguladora de las Haciendas Locales ya establece la posibilidad de que los municipios puedan aplicar un recargo al IBI para aquellos “inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados con carácter permanente”. Sin embargo, lo que la normativa no recoge es cuándo se considera que una vivienda está desocupada o vacía, lo que limitaba la aplicación de este incremento fiscal.
Por eso, la propuesta del Ministerio encargado de las políticas de vivienda es recoger en esta legislación una definición muy concreta de esta situación, para facilitar que los ayuntamientos puedan aplicar este recargo en la cuota del IBI, con el objetivo de penalizar a aquellos propietarios que mantengan cerradas sus casas y no las pongan en el mercado del alquiler.
Sin embargo, el borrador de la iniciativa sí establece algunas causas que justificarán que esos inmuebles permanezcan vacíos como son el traslado por razones laborales, de dependencia o salud, la realización de obras o que se encuentren en situación de litigiosidad. También permitirá que propiedades que se utilicen como segundas residencias permanezcan desocupados cuatro años de forma continuada. El dueño podrá además tener durante un año su vivienda vacía si intenta venderla, o seis meses si su objetivo es alquilarla, porque más allá de ese periodo también podría ser penalizado.
El Gobierno descarta limitar el precio de las rentas como había pactado con Podemos
El Gobierno central quiere hacer extensiva esta medida a aquellos propietarios que posean cuatro o más inmuebles urbanos, una figura muy alejada de lo que hasta ahora eran reconocidos como grandes tenedores, personas físicas o jurídicas que sean titulares de más de diez inmuebles urbanos, excluyendo garajes y trasteros, o sean propietarios de una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados. Esta fue al menos la definición utilizada en los decretos antidesahucios aprobados con la irrupción de la pandemia del coronavirus.
En Canarias los grandes propietarios según esta definición apenas superan los 15.500, según los datos del Catastro, mientras que la cifra va aumentando a medida que se reduce el número de bienes. De modo que 38.191 propietarios disponen de entre seis y diez inmuebles y 23.826 son titulares de cinco. Al introducir a aquellos que cuenten solo con cuatro, más de 44.700 propietarios se ven también amenazados en Canarias por esta medida.
La estrategia presentada por el Ministerio también incluye ventajas fiscales para los dueños de inmuebles que rebajen el alquiler a sus inquilinos, con la intención de fomentar así una caída de los precios en este mercado. El borrador de la nueva Ley de Vivienda establece que aquellos que rebajen un 10% la renta a sus inquilinos en zonas tensionadas tendrán derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF. Asimismo, se establece una bonificación del 70% en el IRPF para propietarios que incorporen una vivienda de alquiler habitual.
Según la propuesta del departamento de Ábalos, la declaración de zonas de mercado residencial tensionado se establecerá tomando como referencia los índices estatales del alquiler por un periodo de tres años, que podrá ser prorrogado. El objetivo de estas declaraciones deberá ser aplicar medidas específicas encaminadas a aumentar la oferta en esas zonas.
La estrategia que el Ministerio ha puesto sobre la mesa no incluye la limitación del precio de los alquileres, una medida que Pedro Sánchez y Pablo Iglesias plasmaron en su acuerdo de gobierno. Su omisión ha ocasionado una fractura entre la parte socialista del Ejecutivo y su socio, Unidas Podemos, pero también entre el Gobierno y otras formaciones como Esquerra Republicana de Catalunya que han prestado su apoyo parlamentario a Sánchez.
La intervención del mercado del alquiler planteada inicialmente, que incluía la limitación de las rentas en zonas tensionadas, afectaba de forma directa a unos 75.000 canarios, es decir, a todas aquellas personas que tienen casas arrendadas a familias que las usan como vivienda habitual y tributan por los ingresos que les reporta. Lo cierto es que los expertos coincidían en que esta limitación de las rentas favorecería la economía sumergida en los alquileres y acabaría provocando una reducción de viviendas en arrendamiento en el Archipiélago.
